Los recortes de Montilla a las escuelas penalizan más a los profesores de la concertada que a los de la pública

En el marco de las medidas de reducción del déficit, la decisión del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de dar luz ver…

En el marco de las medidas de reducción del déficit, la decisión del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de dar luz verde a un proyecto de ley por el que se harán recortes en las nóminas de los profesores de la escuela concertada ha provocado un revuelo en el seno de estas organizaciones. Y es que los recortes de Montilla penalizan más a los profesores de la escuela concertada que a los de la pública.

El Consejo Ejecutivo el dio luz verde el pasado sábado, 29 de mayo, a un proyecto de ley por el que reducirá un 5% el ingreso directo que hace cada mes en las nóminas de los profesores de la escuela concertada (el llamado pago delegado).

Los responsables de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña (FECC) afirman que, con esta medida, “un grave error del Gobierno de la Generalitat se confirma”, ya que “la disminución nunca será equivalente porque la situación de pertenencia del profesorado de la escuela concertada no es la misma que la del profesorado de la pública”.

Asimismo, la Asociación Catalana de Centros de Enseñanza (ACCE) ya ha anunciado que, además de hacer llegar este jueves, 3 de junio, una carta de protesta a Ernest Maragall, consejero de Educación de la Generalitat, recurrirán la normativa cuando se publique en el DOG “sin descartar otras opciones”.

Contra el principio de igualdad

La cuestión es que en la escuela concertada se da una doble injusticia. Por una parte, hay que considerar que estas escuelas nacen de un derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa y esto se concreta con un decreto que facilita la creación de los centros concertados.

En ese sentido este hecho no debería tener un coste desigual, pero los padres que quieren una educación con creencias pagan un impuesto oculto: el diferencial de la concertada.

Al mismo tiempo, los profesores de la escuela concertada cobran menos y trabajan más que los de la pública. Ahora, además, con el ‘decreto Montilla’ pretenden rebajar el mismo importe a los de la pública que a los de la concertada, con lo que estos últimos se ven aún más perjudicados.

Es evidente que aplicando el mismo porcentaje en el recorte siempre se perjudicará más a los que menos cobran, ya que tendrán manos poder adquisitivo, y estos atenta contra el principio de igualdad, ya que no se puede dar el mismo trato a quienes son diferentes.

“Embrollo jurídico”

Así lo considera Carles Armengol, secretario adjunto de la FECC, quien recuerda la referencia que en la web de la Generalitat se hace sobre las medidas aprobadas por el Gobierno catalán: “Los conciertos en materia de educación se reducirán en aquella parte correspondiente a la retribución del personal que presta servicios bajo el régimen de pago delegado, de manera que resulte una disminución equivalente a la prevista para el personal docente no universitario”.

Preguntado el consejero de Economía, Antoni Castells, sobre si a los sueldos de los profesores de escuelas concertadas se les aplicaría la misma deducción que al conjunto de funcionarios de la Generalitat, la respuesta fue: “sí, es la misma deducción, aplicada directamente a la nómina, ya que la hace la Generalitat. El propio convenio de los concertados prevé la analogía retributiva con el sector público”.

Armengol considera que, de esta manera, “nos podemos encontrar con un embrollo jurídico considerable si se reducen unos sueldos pactados en convenio colectivo desde instancias de un ‘pago delegado’ (que como su nombre indica es un pago que se hace por delegación de alguien que, precisamente, no ha decidido este recorte)”.

La medida, pues, plantea “dudas jurídicas” por pisar el terreno de la negociación colectiva.

Recorte “ilegal”

Por su parte, la ACCE alertó este viernes de que la bajada de un 5% del sueldo a los profesores de este sector “es ilegal”, por lo que piensan recurrir en todas las instancias posibles la normativa aprobada.

No se ajusta a derecho”, aseguró el vicepresidente de la asociación, Enric Grau, quien aseguró que en el módulo del concierto que reciben las escuelas una parte importante es el pago delegado.

Grau lamentó que Educación haya tomado esta decisión sin contar con los derechos de la concertada y sus trabajadores, que se rigen por un convenio colectivo en el que el Govern no puede intervenir “por decreto y no es modificable por un tercero”.

No somos funcionarios”, recalcó Grau, y subrayó que al aplicar esta medida, las escuelas estarán contraviniendo “claramente” la normativa de las relaciones laborales.

Según el vicepresidente de la ACCE, la deducción del 5% generará “situaciones curiosas”, como que profesores con las mismas funciones cobren más que otros (porque el precio de la hora variará según si la actividad está concertada).

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