Los riesgos de los privilegios LGBT: un profesor despedido alega que es por su condición gay, la jueza desestima su demanda

No es la primera vez que advertimos sobre los riesgos de las nuevas leyes de privilegios para el colectivo de LGBT, como la aprobada recientemente en …

No es la primera vez que advertimos sobre los riesgos de las nuevas leyes de privilegios para el colectivo de LGBT, como la aprobada recientemente en Galicia, que proliferan en España a consecuencia de una ofensiva del homosexualismo político.

Uno de esos riesgos tiene que ver con una de las 22 razones concretas para denunciar esos privilegios, concretamente la que, en la ley que está preparando Cataluña, limita el derecho de admisión (art. 23), que argumenta que si la persona a la que se impide el acceso es LGBTI podrá dar pie a una denuncia por discriminación aunque sea otra la causa. Será la empresa la que deberá demostrar que no es así.

Es decir, la empresa que en Cataluña despida por incompetencia a un trabajador, con la nueva ley que está a punto de aprobar el Parlamento catalán puede tener serios problemas si este argumenta que ha sido despedido por su condición de homosexual.

Un ejemplo concreto: no hay "discriminación"

Eso es precisamente lo que ha sucedido recientemente en un centro escolar concertado de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el Colegio Calasancio Hijas de la Divina Pastora, que no renovó su contrato a un profesor y este interpuso una demanda alegando discriminación por razón de su condición sexual.

El docente empezó a trabajar en el colegio en diciembre de 2008 con un contrato de relevo por jubilación parcial de otra maestra. En diciembre de 2013 concluyó su contrato y se abría la posibilidad de que pasara a formar parte de la plantilla.

Sin embargo, el centro decidió no renovar el contrato al profesor y contratar a una docente que reunía mejores condiciones y tenía un nivel de inglés más elevado que el del demandante.

Ante aquella demanda, ahora el Juzgado de lo Social número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha desestimado la demanda interpuesta por el profesor al considerar que no ha habido discriminación alguna.

La magistrada Rosa María Sánchez Carretero, que firma la sentencia, se basa en un informe de la Inspección de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 21 de enero que apuntaba que "no existían pruebas de que hubiera existido discriminación directa o indirecta por motivo de orientación sexual".

La jueza apunta en la sentencia que el demandante firmó un contrato de relevo de cinco años por la prejubilación de una maestra, cuya fecha de finalización coincidió con la salida del docente. Añade que la dirección del colegio sabía desde 2010 que era homosexual y "nada al respecto se había objetado".

Por ello, razona que "no se aportan datos que permitan asegurar que tanto el cese y extinción del contrato de relevo como la no contratación del actor en un momento posterior obedecieran a razones ajenas a la finalización del contrato o la concurrencia de una candidata mejor preparada", lo cual entiende que el centro ha "acreditado" durante el juicio.

El profesor gay insiste

A pesar de ello, el demandante, que ya anunciado que recurrirá la sentencia, señala que el fallo se ha producido apenas 24 horas después de la vista celebrada el lunes en la que la Fiscalía estimó que existía vulneración de los derechos fundamentales en la no renovación del profesor.

Según explica el profesor, recurrirá al considerar que el fallo está "débilmente argumentado pese a su complejidad, apoyado en una escasa consideración de las pruebas aportadas, los testimonios y el rechazo de algunas de las grabaciones fechadas en 2013, no sólo en 2010", que afirma que "contienen el reconocimiento explícito de la discriminación".

También señala que dicho informe "será denunciado" al considerar que construye los hechos "en base a datos y documentos poco veraces que la Inspección no contrastó con el debido rigor". Así, lo que entiende que tendría que haber sido "un apoyo" a su persona "de haberse realizado con rigor", se ha convertido en "el arma perfecta del colegio para cubrir su ilegalidad".

Cabe recordar que, además de la readmisión del docente en su puesto de trabajo, la parte actora solicitaba una indemnización de 114.000 euros por loq eu considera una falta "muy grave" que supone la no renovación de la actividad laboral del profesor incurriendo en una "vulneración del derecho fundamental a la orientación sexual".

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