El mal ejemplo de Barcelona. Las “4 P”: prohibir, penalizar, paralizar, privilegiar

La carencia de un programa municipal completo y la debilidad en la preparación para unas políticas públicas de envergadura, como exige una ciudad como Barcelona, ha llevado a evidenciar que cuando se apartan de algunas políticas sociales muy concretas, todo su repertorio se puede resumir en “4 P” maléficas: prohibir, penalizar, paralizar, privilegiar. Quizás los actuales protagonistas nunca pensaron en alcanzar la alcaldía tan pronto y ahora están realizando su curva de aprendizaje, pero, en todo caso, es una enseñanza costosa que soporta la ciudad y sus habitantes.

Una de sus debilidades es prohibir, y si no lo practican más es porque sus competencias no lo permiten. Incluso practican el prohibir aun cuando actúe contra los intereses de las personas con menos ingresos, que dicen defender. El último ejemplo no es precisamente una anécdota: pretenden limitar en días de contaminación la circulación de vehículos con mayor impacto contaminante que no estén relacionados con el transporte de mercancías, y prohibirlos totalmente a partir del 2020. La medida es técnicamente racional pero socialmente lesiva para las familias con menos ingresos y más dificultades económicas, que son, a fin de cuentas, quienes utilizan este tipo de automóviles. Es una medida neoliberal, y punto. Aducen que les darán un bono para el autobús, pero olvidan que la mayoría de estos desplazamientos tiene su origen en barrios de fuera de Barcelona, porque la ciudad es relativamente pequeña: 1,5 millones de habitantes para una densa corona metropolitana de más de tres millones. En realidad, Barcelona carece de una planificación de su circulación articulada con la metrópolis con la que intercambia viajes. Podrían haber optado por otras medidas, empezando por un programa a largo plazo y en él, mientras tanto, regular la circulación según número de matrícula, pares o impares, como hacen otras ciudades del mundo; o incentivar la conversión de los taxis en vehículos eléctricos e híbridos, porque a fin de cuentas el impacto no depende tanto del uso del vehículo, como del tiempo y kilómetros que discurra por la ciudad. Podrían haber transformado toda la flota de autobuses en vehículos eléctricos o a gas. En fin, podrían hacer muchas cosas. Han aplicado una prohibición pura y dura a los más débiles.

La penalización está al orden del día, empezando por la persecución de los automóviles, el único control tangible que existe en la ciudad, continuando por una de las últimas: vetar los stands de la policía y el ejército en el Salón de la Infancia, como si fueran profesiones indignas de ser conocidas en el proceso educativo de los niños, y a pesar de que ambas gozan de una calificación relativa por encima de la media entre los ciudadanos de Barcelona, muchísimo mejor que la de los partidos políticos. También han sufrido esta forma de hacer política a través de sanciones las empresas suministradoras de agua, luz y electricidad, por una serie de casos en los que no se había comunicado previamente la situación de un hogar sin medios económicos ante el corte de suministro. Es un procedimiento absurdo. La primera responsabilidad en esta materia es pública. Es el ayuntamiento quien debería comunicar periódicamente, cada quince días o semanalmente, las familias que se encuentran en esa condición de vulnerabilidad, y la obligación de la compañía ha de ser la de respetar el suministro. Pero no es así, y aquí la carga pública recae primero sobre la empresa, y esto no es porque sí. Sin embargo, la primera causa es política.

Otra razón es organizativa, de este modo el consistorio evita el procedimiento de tener al día el censo de familias en dificultades de la ciudad, una base de datos que por otra parte generaría muchas utilidades. Podrían aprender de la experiencia de otros países que funcionan bien, como en el caso de las municipalidades chilenas, que seguro que andan menos sobradas de recursos técnicos y humanos que el Ayuntamiento de Barcelona.

Paralizar es la más conocida de las prácticas del gobierno de Ada Colau porque empezó así el primer día y un año y medio después sigue igual.  Es el caso de los nuevos hoteles, o de la ocupación del espacio público por parte de los bares y cafeterías. La paralización de muchas decisiones importantes confirma lo dicho al principio: carecen de conocimientos previos para tener estudiadas alternativas en temas cruciales.

Y contrastando con el prohibicionismo, encontramos la permisividad por razones ideológicas. Las aceras de Barcelona van convirtiéndose en selvas dominadas por los ciclistas, que circulan sin identificación -todos- sin luces -un buen número-  mientras practican una interpretación subjetiva de los semáforos y señales de tráfico. Colau quiere prohibir los patinetes por las aceras, una minoría inofensiva, pero nada dice de las boletas de grandes ruedas invasoras. O el caso flagrante, incluso presuntamente delictivo, de favorecer una casa ocupada, can Vías, en un barrio de Barcelona a expensas de dificultar la cobertura racional de las vías del ferrocarril y fastidiar a los vecinos.

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