Más allá del problema de las cruces en las aulas, la ideología que viene

Una denuncia por parte de unos padres de un alumno ha provocado la retirada de dos crucifijos en dos aulas en las que su hijo recibe clases. El hecho …

Una denuncia por parte de unos padres de un alumno ha provocado la retirada de dos crucifijos en dos aulas en las que su hijo recibe clases. El hecho ha sucedido en Almendralejo (Badajoz), en el colegio público Ortega y Gasset que ha sido instado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura a retirar las cruces.

Los padres pidieron a la Junta de Extremadura la retirada de los símbolos en todo el espacio del colegio, también donde se impartía clases con su hijo presente. Sin embargo, la Junta respondió que esa decisión era competencia de las autoridades educativas y del centro, lo que motivó que los progenitores acudieran a los tribunales.
Los padres se han mostrado “parcialmente satisfechos” por la sentencia ya que “sigue habiendo imágenes y carteles referidos a la confesión católica, como los del Domund”.
En este contexto, hay que poner de relieve que ni la escuela ni la Junta comparten la posición de los padres. Además, la sentencia podría ser considerada de mínimos ya que la retirada solamente se ha ejecutado en las aulas donde está el alumno en cuestión.
En este sentido, se podría argumentar que una minoría (que no quería el crucifijo) se ha impuesto a una mayoría. Es, por lo tanto, una circunstancia alejada del perfil democrático que supuestamente persigue esa ideología.
Por la misma forma de proceder, los creyentes podrían reclamar que un espacio en blanco en la pared también es una manifestación arbitraria y minoritaria que se está imponiendo a la inmensa mayoría de la clase. La conclusión es que es una situación absurda porque la nada no nos representa a todos.
¿El PSOE se enfría?
Recientemente, el actual hombre fuerte del Gobierno socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, declinó manifestarse sobre la visita del Papa a Barcelona con respecto a la polémica acaecida sobre la no asistencia del presidente Zapatero a la Misa oficiada por el Santo Padre.
De esa forma, el recientemente nombrado vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, (que ha conservando además sus responsabilidades en el Ministerio del Interior) esquiva el intento de dar continuidad a un tono belicoso con la Iglesia católica.
Un probablemente mermado Zapatero en fuerza, capacidad y decisión se debe de haber quedado con las ganas de arremeter como ha venido haciendo directa o indirectamente contra el catolicismo. No obstante, esto no quita que algunos sectores del PSOE o próximos al mismo estén molestos y busquen reavivar el debate sobre la supuesta necesidad de reimpulsar la Ley de Libertad Religiosa que el Gobierno se había comprometido a aplazar.
El precedente de Valladolid
Un precedente que marcó un antes y un después con respecto la retirada o permanencia de los crucifijos en las aulas de los colegios públicos fue la que sucedió en el colegio público Macías Picavea de Valladolid.
En ese caso se ha dado una reciente novedad: la Asociación Cultural Escuela Laica (ACEL) ha visto como no se admitía a trámite un recursos de amparo planteado por ACEL ante el Tribunal Constitucional (TC) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que dejaba en manos de los padres la retirada de crucifijos del Colegio Macías Picavea de Valladolid. La ACEL pretendía la retirada de todo símbolo religioso de las aulas y edificios públicos.
Esa sentencia del TSJ de Castilla y León remarcaba que la permanencia o retirada de símbolos dependía de la existencia o no de peticiones de retirada de los mismos. Así, siempre que los padres soliciten la retirada de crucifijos, deberían quitarse de aquellas aulas donde los padres entiendan que “perturban a sus hijos, opción que se extendería espacios comunes”, tal como planteaba inicialmente Escuela Laica, que tras conocer la decisión judicial estima que “se ha perdido una inmejorable oportunidad para cerrar de una vez por todas el debate sobre la neutralidad del Estado en materia simbólica y el respeto a los derechos fundamentales de las personas”.
Del mismo modo, argumenta que esa manifestación pública, por parte de los padres, sobre la presencia o no de crucifijos en las clases o pasillos, “vulnera el derecho a no realizar declaración alguna que ponga de manifiesto ideologías o creencias”, a la par que ACEL denunciaba que “la neutralidad del Estado solamente se garantizaba si los edificios públicos estaban libres de cualquier simbología confesional”.
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