Matrimonio gay: Primer caso de objeción de conciencia en el ámbito judicial

Acaba de conocerse el primer caso de objeción de conciencia de un funcionario judicial para no colaborar con la tramitación de una boda entre personas…

Forum Libertas

Acaba de conocerse el primer caso de objeción de conciencia de un funcionario judicial para no colaborar con la tramitación de una boda entre personas del mismo sexo. Se trata de la secretaria del juzgado número 2 de Colmenar Viejo (Madrid) Isabel López García-Nieto, quien ha pedido al Tribunal Superior de Justicia madrileño “ser apartada de la tramitación” de dos expedientes. Su argumento es la pertenencia a la Iglesia católica, institución que considera que la equiparación de esas uniones al matrimonio “subvierte los principios más básicos del orden social”. La secretaria explica, en su carta de solicitud, que “debe ser respetado el derecho a la objeción de conciencia” y que se trata de una opción “con plena cobertura jurídica”. Como solución a su caso, la funcionaria propone que sea un compañero suyo quien tramite las solicitudes de matrimonio presentadas por homosexuales.

 

La cuestión de la objeción de conciencia está presente en el debate político y social ya desde antes de la tramitación parlamentaria de la última reforma del código Civil. Mientras varios ministros, especialmente la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, han dicho rotundamente que no cabe esa posibilidad en esta nueva ley, organizaciones cívicas como el Foro Español de la Familia o HazteOir aseguran que “sólo las mentalidades totalitarias pueden oponerse” a ella. En este contexto, Convergència i Unió ya ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta que permita la objeción de conciencia en el matrimonio homosexual. El Partido Popular, por su parte, incluso había recurrido a esta cuestión como planteamiento en sus negociaciones con el Partido Socialista, especialmente en el Senado, cuando el PSOE preveía que podía prosperar un veto, como así sucedió el pasado 22 de junio.

 

El artículo 16.1 de la Constitución Española reconoce la objeción de conciencia: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Aunque no existe un desarrollo reglamentario de este derecho, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es una manifestación o especificación de la libertad de conciencia, lo que permite, partiendo del contenido de la sentencia 15/1982 (23 de abril), definir la objeción de conciencia como “un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español”. Además, ese pronunciamiento reconoce la objeción de conciencia en un ámbito diferente al de la oposición a prestar servicio de armas en el ejército.

 

En otra sentencia, la 53/1985, dictada para resolver un recurso de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto, el Tribunal Constitucional dice textualmente esto: “Por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación, la objeción de conciencia forma parte del contenido de derecho fundamental de la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”.

 

El Constitucional, por otro lado, ha declarado que el derecho a la libertad ideológica reconocido en la Carta Magna española no resulta suficiente para eximir a los ciudadanos, por motivos de conciencia, del cumplimiento de deberes legalmente establecidos (sentencias 101/1983, 160/1987 y 127/1988). También ha señalado que el pluralismo opera dentro del propio marco constitucional y de la debida obediencia de sus normas, así como que la objeción de conciencia es un derecho autónomo, no fundamental (sentencias 160 y 161 de 1987, con votos particulares). Sin embargo, en el libro El ágora y la pirámide, una visión problemática de la Constitución española, el profesor de Derecho de la Universidad de Comillas Miguel Ayuso asegura que esta postura “es más bien inconsecuente con los propios postulados ideológicos del constitucionalismo”, y recuerda que se formuló para evitar las consecuencias de una aplicación ilimitada del derecho a la objeción de conciencia.

 

La exención por razones de conciencia

 

De hecho, en una sentencia más reciente, el Tribunal Constitucional ha llegado a eximir del cumplimiento de una norma por razones de conciencia (154/2002). Y en el ámbito legislativo, el artículo 3.2 de la actual Ley de Extranjería establece que “las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas”. Los textos citados en esta frase consagran el derecho a actuar según la propia conciencia subjetiva. Y es que uno de los derechos fundamentales de las normas internacionales es precisamente el de la libertad ideológica y religiosa, que implica poder ajustar el comportamiento propio a lo que se desprenda del claustro íntimo de convicciones adoptadas por cada sujeto en el ejercicio de la autodeterminación individual.

 

A nivel global, la objeción de conciencia es legítima cuando no cae en la subjetivización, es decir, cuando está motivada por criterios morales que estructuran las grandes concepciones de la humanidad. En el caso español, el cristianismo es factor determinante en el sistema moral y, por tanto, puede ser reconocido como factor objetivo de rechazo a determinadas leyes por parte de un determinado número de ciudadanos. Según Eudald Forment, catedrático de Metafísica en la Universidad de Barcelona, “el término conciencia significa, en general, el autoconocimiento que posee la facultad intelectiva del espíritu”. Por tanto, es un valor que “enjuicia sobre un acto concreto”. En la misma línea, cita una frase de Juan Pablo II para lo que él entiende que debería ser una “adecuada solución de los conflictos entre las leyes civiles y la conciencia personal”. El pontífice recientemente desaparecido dice, en su encíclica Veritatis Splendor, que “la libertad de conciencia no es nunca libertad con respecto a la verdad, sino siempre y sólo en la verdad”.

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