Muerte de José Couso: El Pentágono afirma que cooperó con España en el caso del cámara de Tele-5

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó este miércoles, 19 de octubre, la busca, captura y detención de los tres militares norteamer…

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó este miércoles, 19 de octubre, la busca, captura y detención de los tres militares norteamericanos acusados de un delito contra la comunidad internacional y del asesinato del cámara español de Tele-5 José Couso, ocurrido en Bagdad el 8 de abril de 2003. Veinticuatro horas más tarde, el Pentágono ha asegurado que cooperó con las autoridades españolas en el esclarecimiento de la muerte de Couso, contradiciendo así las afirmaciones de Pedraz, que argumentó una “nula cooperación judicial prestada por las autoridades del país”.

 

Pedraz justificó la orden de busca y captura de los tres militares argumentando que es “la única medida efectiva para asegurar la presencia de los imputados en el proceso a disposición de la autoridad judicial española, a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos”.

 

En una primera reacción oficial del Pentágono a la solicitud de extradición de Pedraz, el teniente coronel Barry Venable afirmó que “el Departamento de Defensa ha cooperado previamente con el Gobierno español”. También aseguró que el Departamento de Defensa “se toma en serio” las alegaciones y que el asunto será tratado “por los canales apropiados”.

 

Los soldados “actuaron de forma apropiada”

 

El portavoz del Pentágono también ha destacado que el Mando Central de Estados Unidos, que coordina las acciones en Irak, “ha investigado el incidente completamente y ha determinado que sus soldados estadounidenses actuaron de forma apropiada durante una acción de combate”.

 

Cabe recordar que el cámara enviado a Irak por la cadena privada de televisión Tele-5 murió en el hotel Palestina de Bagdad después de que un tanque estadounidense disparase contra el edificio, donde se alojaban la mayoría de periodistas extranjeros que cubrían la información de la invasión sobre el terreno.

 

La Administración Bush se ha opuesto tajantemente a que sus militares sean enjuiciados en las cortes extranjeras. Por ello, Estados Unidos ha puesto en marcha una estrategia de oposición a la Corte Pernal Internacional (CPI) y ha sancionado a unos treinta países con la suspensión de ayuda militar para obligarles a que firmen los llamados acuerdos del Artículo 98, con los que se comprometen a no extraditar a estadounidenses a la CPI.

 

“Jurídicamente discutible”

 

Por otra parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, consideró este jueves,20 de octubre, que la orden de detención dictada por el juez Pedraz “es jurídicamente discutible”. Conde-Pumpido declaró que la medida adoptada por la Audiencia Nacional afecta a “unos derechos que todavía están por determinar”.

 

“Es una medida directamente de prisión hacia los militares y puede presentar aspectos jurídicamente discutibles porque estas personas todavía no han sido oídas”, apuntó el fiscal general. Por este motivo, Conde-Pumpido cree que “es conveniente que el Tribunal Superior establezca la decisión de si se debe seguir este camino u otro”.

Al mismo tiempo aseguró que la Fiscalía pretende que sea la Audiencia Nacional la que decida “en estos temas de tanta relevancia internacional” y que no sea una única decisión, la del juez instructor, sino que sea este Tribunal el que decida.

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