Obispos y centros concertados coinciden en que aún es posible el pacto educativo

Las principales organizaciones de la enseñanza concertada en España, la mayoría de inspiración cristiana, coinciden con la Conferencia Episcopal Españ…

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Las principales organizaciones de la enseñanza concertada en España, la mayoría de inspiración cristiana, coinciden con la Conferencia Episcopal Española a la hora de afirmar que, tras la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) en el Congreso este jueves, todavía es posible alcanzar un mayor consenso e incluso el deseado pacto educativo. Y es que el texto enmendado es objetivamente distinto al aprobado por el Gobierno el pasado 22 de julio y, además, es mejor que la anterior normativa socialista, la LOGSE. Lo que marcará la actuación unitaria de los promotores de la manifestación del pasado 12 de noviembre contra la LOE será su aplicación. Muchos fragmentos del redactado, ahora modificados, permiten diversas interpretaciones, lo que decantará la balanza hacia los análisis más pesimistas o hacia los optimistas.

 

En cualquier caso, las notas hechas públicas el jueves por la Conferencia Episcopal, por un lado, y las entidades de la enseñanza concertada, por otro, coinciden en varios puntos, pero son distintas en la idea de fondo que predomina. Las organizaciones educativas que firman el comunicado son la Federación de Religiosos-Centros Católicos (FERE-CECA), Educación y Gestión (EyG), la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) y la Asociación Profesional Servicios Educativos de Cataluña (APSEC). Estos colectivos aseguran que “la LOE no es la ley educativa que propugnan”, aunque añaden que, “durante su desarrollo parlamentario en el Congreso y tras las conversaciones mantenidas con las fuerzas políticas que han apoyado el texto, se han introducido mejoras que permiten continuar en la búsqueda de un mayor consenso”.

 

Por su parte, los obispos concluyen su nota diciendo que “estamos a tiempo de no dejar pasar una nueva ocasión para el acuerdo y para el pacto”. En esta línea, expresan su disposición al “diálogo y la búsqueda de soluciones justas”. En la introducción del escrito, recuerdan que “todavía es posible mejorar una ley que suscita gran interés y preocupación en todos los sectores sociales”, y subrayan que “no debería excluirse la posibilidad de alcanzar el exigible gran pacto de Estado que, por desgracia, no se ha dado hasta el momento”.

 

Las organizaciones de centros concertados acentúan las mejoras sobre libertades educativas y régimen de conciertos, aprobadas el pasado 28 de noviembre por la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Concretamente destacan que “queda reforzada la elección de centros para todas las familias”, que se determinan  “las responsabilidades de escolarización equitativa de los alumnos inmigrantes” al tiempo que se eliminan “criterios de admisión excluyentes (zonificación)”, y que se suprimen “condiciones restrictivas a la libertad de elección de centro”.

 

Por otro lado, estas entidades valoran positivamente que el texto explicite la aportación de la escuela concertada al sistema educativo (“complementariedad de las redes y garantía de la libertad de elección”). Además, elogian que se reconozca la posibilidad de acogerse a conciertos en el caso de los centros que impartan enseñanzas gratuitas, así como “la generalización de la concertación en la educación infantil”. Finalmente, se destaca el avance hacia la gratuidad total y “el refuerzo del carácter propio y del proyecto educativo, que debe ser respetado por todos los alumnos y puesto en conocimiento de los mismos por el titular” del colegio.

 

Libertad no garantizada

 

La Conferencia Episcopal, sin embargo, dice que “la LOE enmendada no regula adecuadamente la obligación y el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus opciones pedagógicas y morales”. En este sentido, lamenta que “la demanda de las familias sigue sin ser considerada prioritaria” para la elección de centro, ya que “es sometida a ambiguos criterios de necesidades de escolarización (artículo 116,1) y de localización geográfica de los centros (artículo 86,1)”. Además, según los obispos, “a los centros no se les garantiza la libertad suficiente para establecer su proyecto educativo (artículos 115 y 121) ni los criterios de admisión (artículos 84 y 86)”.

 

En un segundo punto, el Episcopado se refiere a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. “Sigue siendo obligatoria para todos los centros y todos los alumnos”, destaca. También recuerda que “persiste la posibilidad de que el Estado imponga a todos, por este medio, una formación moral al margen de la libre elección de los padres y de los centros, con lo que se vulneraría el derecho de libre elección en este campo (artículo 27.1 de la Constitución)”. Finalmente, los obispos denuncian que “el estatuto académico de la enseñanza de religión católica sigue sin quedar reconocido de modo que se garantice su oferta, a quienes libremente opten por ella, como una asignatura equiparable a las demás materias fundamentales, sin que su elección suponga discriminación alguna ni para los que la cursen ni para quienes no lo hagan”. Como conclusión, aseguran que “los motivos de preocupación son graves”.

 

Las entidades de la enseñanza concertada también avisan al Gobierno sobre los desacuerdos que se mantienen: En autonomía de centros, según el documento hecho público, “la ley sigue conservando un planteamiento intervensionista en los centros con repercusiones negativas en la calidad”. Por lo que respecta a la financiación, no se ha llegado al pacto “en lo que afecta a la definición de un calendario y unos compromisos precisos de que los módulos de conciertos se financien a coste real”. A nivel global, las organizaciones recuerdan que “una ley sin consenso, aunque aporte medidas acertadas, no logrará incrementar sustancialmente los niveles de calidad”. En relación con esta idea, muestran también su preocupación. “No estamos satisfechos de que este proyecto no cuente con el consenso político necesario para hacer de él un referente común que asegure la estabilidad”.

 

En definitiva, el gran reto de la LOE para la sociedad española será su aplicación. El texto, que previsiblemente se aprobará tras el trámite del Senado, incluye cambios significativos, con cesiones del PSOE en puntos clave. Pero habrá que ver cómo funciona su puesta en marcha y la forma legal de las distintas comunidades autónomas.

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