Para reequilibrar la reforma laboral

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Con la tasa de paro que existe en España y la clara coincidencia de los expertos europeos e internacionales sobre las rigideces laborales españolas que dificultan el crear empleo, parece difícil negar la necesidad de una nueva legislación que otorgue a la empresa, a cada empresa en concreto, un mayor protagonismo en sus decisiones, una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias. También es evidente que el elevado coste que significa el despido de un contrato fijo dificulta en gran manera la nueva contratación. Cualquiera que haya tenido una mínima experiencia profesional o un contacto con ella, especialmente para los autónomos y pequeñas y medianas empresas, sabe de las vueltas y más vueltas que dan antes de contratar a nadie nuevo, precisamente pensando en que si las cosas van mal, y éste es un pensamiento muy frecuente hoy en día, tendrá un elevado coste despedir a la persona que puede contratar.

Bajo estos puntos de vista, la reforma que ha planteado el Gobierno era necesaria y ponía fin a los excesos de una superestructura sindical y burocrática que se ha acabado convirtiendo en un grupo corporativo que piensa más en la defensa de sus intereses que en las necesidades reales de los trabajadores, que empiezan por una condición básica, la de tener trabajo.

Pero estos aspectos positivos no deben hacer perder de vista que también es cierto que esta reforma laboral desequilibra aspectos importantes en las condiciones en que se desarrolla la vida laboral que afectan a los trabajadores. El debilitamiento del corporativismo sindical no debe comportar un debilitamiento de los derechos de los trabajadores y, si ahora se otorga mayor flexibilidad y capacidad de decisión a cada una de las empresas, justo es que por la parte de los trabajadores también se adopten medidas que les permitan una mayor participación en la misma. Por consiguiente, una manera de reequilibrar la reforma es estableciendo marcos de participación en la empresa, como mínimo de carácter informativo y obligatorio sobre las condiciones en que se desarrolla la actividad, de manera que los trabajadores puedan formar su propio juicio. Todavía es mejor si esta participación implica un avance en la corresponsabilidad del trabajador en la empresa. No es asumible que la vinculación sea la de un salario, por importante que este sea, que puede finiquitar en cualquier momento. El trabajador, además de su trabajo, aporta su condición de persona y ésta necesita ser considerada en más dimensiones, la de la responsabilidad y el derecho a la información es una de ellas.

La segunda medida que parece imperativo aplicar es aquella que conduzca a una rápida generación de empleo. La reforma laboral, a corto plazo, no generará nuevos puestos de trabajo, será un proceso mucho más lento, por consiguiente es necesario definir qué se puede hacer en estos términos temporales. La respuesta es conocida y única: disminuir substancialmente la cuota a la Seguridad Social. Si ello implica la necesidad de subir algún punto el IVA debería hacerse, porque lo importante es que más gente tenga trabajo. De todas maneras, se necesitaría hilar fino para determinar si realmente una acción de este tipo, que ya se emprendió en Alemania con éxito hace unos años, significa a medio plazo verdaderamente una disminución de ingresos de la Seguridad Social, o no, en el sentido de que la disminución de ingresos que reporta la rebaja puede verse compensada por el aumento que generan los nuevos puestos de trabajo y también por el decrecimiento de la cuota de la Seguridad Social que ahora paga el Estado en el marco del subsidio de desempleo.

Y el tercer elemento imprescindible es el de la reforma fiscal. Hay que conseguir de una vez por todas que sea el trabajo, en sus distintos niveles, el que soporte el peso de la recaudación del Estado. Se ha de conseguir un sistema fiscal que realmente refleje, en la medida más exacta posible, los ingresos reales de las personas, provengan de donde provengan, y que la presión fiscal actúe de acuerdo con estos ingresos reales sin posibilidad de ficciones jurídicas, instrumentales, que permitan difuminar, como sucede ahora, las mayores aportaciones. Una reforma fiscal que prime el trabajo, las familias, la inversión productiva y el ahorro es más urgente que nunca.

Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos

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