Pena de muerte para menores: El punto más negro de la nueva Constitución de Sudán

El presidente de Sudán, Omar Hasan al Bachir, firmó este fin de semana la nueva Constitución Nacional Provisional, ratificada por la Asamblea Nacional…

El presidente de Sudán, Omar Hasan al Bachir, firmó este fin de semana la nueva Constitución Nacional Provisional, ratificada por la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo del Movimiento por la Liberación del Pueblo de Sudán, que regirá en el país durante los próximos seis años y que se espera suponga el fin de 22 años de conflicto armado entre el norte y el sur.

 

El nuevo texto constitucional ha sido recibido con optimismo por los sudaneses, por la comunidad internacional y por diversas organizaciones de derechos humanos, que ven en él una buena herramienta para ayudar a erradicar los constantes enfrentamientos y para mejorar las condiciones de vida de los sudaneses. Los aspectos más celebrados son los que hacen referencia a que la nueva Constitución refuerza los derechos de los niños y niñas, y a que se invertirá en salud y educación. Sin embargo, el punto más negro es el que contempla la pena de muerte para los menores de 18 años.

 

Un ex rebelde en el Gobierno

 

Inmediatamente después de firmar Hasan el Bachir la Constitución, John Garang, el antaño líder rebelde sudista del Movimiento Popular de Liberación de Sudán, prestó su juramento como nuevo vicepresidente del gobierno transitorio. A Garang le siguió Ali Osman Taha, segundo vicepresidente y hasta ahora "número dos" del gobierno de Al Bachir. El presidente y los dos vicepresidentes se dieron las manos y las levantaron en alto para simbolizar la nueva era de unión en el país.

 

El nombramiento de Garang, primer sureño y cristiano que ocupa un cargo de alta responsabilidad en el Gobierno, mayoritariamente islámico, forma parte del acuerdo de paz alcanzado en enero que reparte el poder y la riqueza con los habitantes del sur, hasta ahora marginados. El ex líder y fundador del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA) llegó de forma triunfal a la capital por primera vez desde que comenzó la guerra civil en 1983, donde fue recibido por El Bachir.

 

Kofi Annan, presente en la ceremonia

 

A la ceremonia asistieron, entre otras personalidades, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan; el de la Liga Arabe, Amro Musa; y doce jefes de estado de países vecinos de África. El periodo transitorio de seis años también incluye la integración de los rebeldes del Ejército Popular de Liberación de Sudán en el ejército regular sudanés, así como la integración de los responsables sudistas en las instituciones del Estado

 

El alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, ha calificado de "momento histórico" la firma de la nueva Constitución, que marca el "inicio de una nueva era" que han esperado durante mucho tiempo millones de sudaneses.

 

Derechos, pero con pena de muerte

 

Numerosas organizaciones han felicitado a Sudán por incluir en la Constitución una serie de prestaciones que afianzan los derechos de los niños, niñas y mujeres. Sin embargo, el texto constitucional también ha recibido críticas por el hecho de contemplar excepciones que permiten la imposición de la pena de muerte a menores de 18 años.

 

“La Constitución provisional establece claramente la obligación del Gobierno de proteger los derechos de todos los niños y niñas”, ha declarado la representante de UNICEF en Sudán, Joanna Van Gerpen. “Sin embargo, todavía, como se puede leer, la Constitución incluye la aplicación en algunos casos de la pena de muerte a los niños menores de 18 años.  Esto contraviene el artículo 37 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que establece que la pena capital no debe ser impuesta por delitos cometidos por personas menores de 18 años”. Van Gerpen también ha animado a Sudán a fijar en 18 años la edad mínima de reclutamiento y alistamiento voluntario en las fuerzas armadas, de acuerdo con el Protocolo Opcional de Naciones Unidas, que Sudán ha firmado.

 

Beneficios sociales

 

Al mismo tiempo, en clave positiva, la representante de UNICEF en Sudán ha felicitado al país por incluir “distintas prestaciones en la nueva Constitución que reconocen que la inversión en la salud y la educación de la infancia son medidas rentables para acelerar el desarrollo del país”. El derecho a la educación está reconocido en la nueva Constitución y el Gobierno asegura la igualdad en el acceso a una educación primaria, gratuita y de calidad. La Constitución también recoge el derecho a una atención sanitaria gratuita e igual para todos. Asimismo, el Estado debe combatir las prácticas tradicionales perjudiciales que minan la dignidad y el estatus de las mujeres. “Aunque no está específicamente mencionado,” añade Van Gerpen, “asumimos que esto incluye la mutilación genital femenina, que tiene todos los años unas consecuencias físicas y psíquicas devastadoras para millones de niños, mujeres y familias.”

 

Cáritas, con los desplazados

 

Por otra parte, el consorcio Cáritas/ACT (Action by Churches Together) que trabaja en la región de Darfur desde el comienzo de la crisis de los desplazados sudaneses está dando la máxima prioridad a la atención sanitaria de los refugiados en las zonas rurales del sur y oeste de la región.

 

Esta respuesta conjunta de las redes de Cáritas y ACT en el campo de la salud, que se realiza de acuerdo a las directrices del propio Ministerio de Sanidad de Sudán, ha permitido, por el momento, instalar 20 clínicas temporales en diversas zonas de Darfur a través de las que se presta asistencia médica primaria a una población estimada de 20.000 personas.

 

Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan tanto Cáritas/ACT como el resto de las ONG que trabajan en Darfur en el campo de la salud es la escasez de personal médico local dispuesto a trabajar en las zonas rurales, constata Cáritas Española en un informe enviado a ZENIT.

 

“El número de personal cualificado y con experiencia es insuficiente y los pocos profesionales disponibles no están muy motivados para trabajar en las zonas rurales de Darfur, donde las condiciones son muy precarias”, señala Ann Okiya, coordinador de salud primaria del programa sanitario de Cáritas/ACT en la región.

 

Cáritas/ACT calcula que a finales de este año podrá haber ampliado hasta 23 el número de centros de atención primaria en Darfur, junto a 2 hospitales rurales. Cada uno de los 20 centros que actualmente están operativos cuentan con personal sanitario (un médico, dos enfermeras y una comadrona) y unos suministros de material clínico aceptables.

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