Pilar Sepúlveda o como destruir la Justicia

Pilar Sepúlveda es una de las dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tienen el encargo de preparar el borrador que ha de…

Pilar Sepúlveda es una de las dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tienen el encargo de preparar el borrador que ha de ser sometido al pleno de este organismo a fin de dictaminar sobre el anteproyecto de ley de Protección de la Vida del Concebido. Esta persona, que ocupa un cargo de tanta responsabilidad como es el “gobierno de los jueces”, ha hecho llegar antes que nada su punto de vista a los medios de comunicación, una práctica que dice poco de su sentido de corresponsabilidad, y mucho de su vocación de instrumentalizar políticamente el cargo que el PSOE le regaló (y lo decimos por su CV). Y aquí es necesario un inciso crítico con la agencia Europa Press, que confunde a la opinión publica titulando “un informe del CGPJ pide la retirada de la ley del aborto”, cuando no hay para nada un informe de dicho organismo, sino el punto de vista de uno de sus miembros, que es algo muy distinto. Simplemente, el titular engaña.

Los motivos que aduce Pilar Sepúlveda deben mover a preocupación e indignación a cualquier persona sensata, porque son dañinos para la justicia. Si esta funcionara con tales criterios desaparecía, y con ella las garantías, y, más allá, la democracia. Uno puede defender el aborto pero lo ha de hacer con fundamentos, y en este caso además con suficiencia jurídica. No sucede tal cosa.

1. La autora descalifica el anteproyecto de ley por “criminalizadora” (sic). Es brutal que una ley que pretende salvar vidas sin penalizar para nada a la mujer sea presentada por una delegada del PSOE en el CGPJ en estos términos. Para la señora Sepúlveda defender al ser humano engendrado es criminal. Lo que lleva aparejada detrás esa idea es algo terrible, es la inversión de todo sentido ético, es considerar un mal al ser humano que ha de nacer y un bien el matarlo, porque solo así puede ser criminal el limitar –que no prohibir- tal práctica.

2. Afirma que la ley practica una interpretación “estática” de la sentencia del Tribunal Constitucional que establecía que el nasciturus es un bien jurídicamente protegido. Y califica de anacronismo considerar que este hecho entraña determinadas obligaciones jurídicas. La fijación del TC es bien concreta y deja margen a cómo aplicarla, pero obliga a otorgar una determinada protección al no nacido. Sepúlveda lo niega en nombre de la “interpretación”, su interpretación, tan alejada del sentido de la sentencia del TC que, si prosperara esa forma de entender las leyes y la jurisprudencia, estas no querrían decir nada. Serian pura arbitrariedad al gusto del interpretador Y eso es destruir la justicia. Este criterio interpretativo, que no se basa en el derecho y en apriorismos ideológicos fundamentalistas, es del mismo estilo que el que utilizó la sala de la Audiencia Provincial de Barcelona con una sentencia que absolvió a Morín, y que después fue anulada y vapuleada por el Tribunal Constitucional.

3. El tercer razonamiento es simplemente mentira. Así, sin matices, porque afirma que la legislación de 1985 conducía a la inseguridad jurídica y prácticas extralegales (un eufemismo sobre la ilegalidad masiva. En realidad, durante décadas venían a abortar de todas partes, incluso de Holanda y Dinamarca, con legislaciones especialmente laxas. España se convirtió en el emporio europeo del aborto, y este se transformó en un gran negocio hasta que alguien como Morín hizo tanta ostentación de lo ilegal que terminó detenido. Y por eso hablan de inseguridad. El problema de la ley de 1985 no era la inseguridad, era por el contrario la falta de regulación y de inspección que permitió que cada clínica actuara según su criterio -y su beneficio-, llegando a una situación de aborto libre. La nueva ley, con una regulación normalita, es la mejor garantía de seguridad jurídica para quienes no la vulneren. En realidad, el criterio de Sepúlveda es alucinante porque generalizado significa que el delincuente sufre de inseguridad jurídica, porque hay una norma que tipifica su acto como delito.

4. Por último, aborda un planteamiento que es simplemente una provocación, una incitación a salir a la calle, a convertir la defensa de la vida en un conflicto callejero, público. Sepúlveda suelta lo siguiente: no existe demanda social para defender al no nacido, como si no hubiera cada año grandes manifestaciones, concentraciones ante las clínicas, artículos y libros, medios de comunicación que lo promueven, eso sí, siempre desde el respeto. Sin agresiones ni ocupaciones de templos como hacen ellos. El anteproyecto de ley genera alarma social, dice, por unos actos de minorías y unas manifestaciones que en su mayor dimensión no han pasado de un par de miles de personas, cuando cada año salen decenas de miles a favor de la vida. Hay gente que promueve la provocación y eso es malo, pero que sea además miembro del CGPJ es peor. Esto sucede porque con el sistema actual de cuotas por partidos no se requiere ninguna calificación especial más allá del título para formar parte del CGPJ. Pilar Sepúlveda, una abogada sin un solo libro publicado, que no consiguió terminar el doctorado, sin plaza ni carrera universitaria, que vive en el nicho ecológico del PSOE andaluz, ha de elaborar un informe jurídico para la más alta instancia de gobiernos de los jueces. Ridículo. Así y más allá del aborto, ¿cómo quieren que las instituciones no estén en crisis?

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