Prestaciones para matrimonios gays: El secretario de Estado de la Seguridad Social se equivoca

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dijo el lunes 12 de julio en Santander, durante la inauguración del curso Los retos d…

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dijo el lunes 12 de julio en Santander, durante la inauguración del curso Los retos de la Seguridad Social organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que los matrimonios homosexuales “son un tipo de organización familiar muy positiva” para su departamento. Pero esto nunca puede ser cierto porque, en un sistema público de pensiones como el español, basado en el reparto, es decir en que la Seguridad Social paga al jubilado no de lo que cotizó durante su etapa en activo sino en razón de las cantidades que aportan los que trabajan en ese momento, son necesarios más de dos hijos por familia para garantizar las futuras prestaciones. Por tanto, los matrimonios homosexuales, que obviamente tendrán derecho a esas prestaciones si finalmente son legalizados, en realidad no aportan nada al sistema público, sencillamente porque no pueden tener hijos de forma natural (y, en todo caso, las adopciones de niños procedentes de fuera de España serían un porcentaje mínimo en relación con los hijos de parejas heterosexuales). Las uniones de personas del mismo sexo, con su equiparación al matrimonio, constituirán un impuesto sobre las familias con hijos, que son las que, en definitiva, pagan las pensiones del futuro.

Cabe recordar, en este sentido, que existen dos grandes modelos de Seguridad Social en el Mundo: el ya comentado del reparto, que es el más extendido, y también el de capitalización, que consiste en acumular las cotizaciones del trabajador y, tras una inversión siguiendo el modelo de lo que serían los fondos de pensiones, utilizar luego ese dinero para abonar la pensión cuando el ciudadano se ha jubilado. Esta opción existe en muy pocos países (Chile es un ejemplo), pero con muy buenos resultados. El ciudadano, cuando se jubila, cobra directamente del dinero que él mismo aportó en su etapa laboral. En cambio, en el sistema de reparto, ese dinero se gasta para satisfacer las necesidades económicas de los jubilados del momento.

En cualquier caso, afirmar que los matrimonios entre gays o lesbianas benefician a la Seguridad Social es una contradicción, como también lo es que el propio secretario de Estado diga primero que “la Constitución nos obliga a hacer políticas de apoyo a las familias, sin tener en cuenta la forma diferente de organización”, y a continuación añada que esas opciones “son elecciones personales en las cuales la administración no debe intervenir”. Si lo que piensa el Gobierno español es esto último, ¿por qué tiene previsto modificar el Código Civil de manera inmediata para legalizar los matrimonios homosexuales?

El Pacto por la Vida y la Dignidad, en uno de sus puntos, se refiere precisamente a la necesidad de que las administraciones den respuestas positivas ante el esfuerzo que las actuales familias con hijos realizan para asegurar la futura supervivencia de la Seguridad Social. “No hay ningún partido político que quiera hablar de esto”, recordaba el presidente de E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, en el acto de presentación de ese documento firmado por 87 entidades y 14.000 ciudadanos catalanes.

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