¿Puede Andorra aprobar el aborto sin desestabilizar el país?

El Partido Socialdemócrata (PS) de Andorra ha abierto un debate de consecuencias imprevisibles para el futuro del pequeño país pirenaico situado en la…

El Partido Socialdemócrata (PS) de Andorra ha abierto un debate de consecuencias imprevisibles para el futuro del pequeño país pirenaico situado en la frontera entre Francia y España: la despenalización del aborto. En el congreso socialdemócrata celebrado el pasado 4 de junio, una treintena de militantes del partido presentaban una ponencia de despenalización que fue aprobada por 75 votos a favor, 28 en contra y 56 abstenciones. La propuesta recoge, en 4 supuestos, los 3 que amparan el aborto en España, o sea, en caso de peligro físico para la madre, de malformaciones físicas o psíquicas del feto, de embarazos procedentes de violaciones o incestos y, el más conflictivo, en caso de razones socioeconómicas. Todos ellos en el plazo de las primeras 12 semanas. Un planteamiento, el del aborto, que hoy por hoy se hace inviable con la actual Constitución andorrana. En el Título II, Capítulo III, el Artículo 8 dice textualmente en su primer punto: “La Constitución reconoce el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases”.

La ponencia de despenalización del aborto, presentada por la militante del PS Elisa Muxella, de entrada ha abierto una brecha en las mismas filas del partido, ya que algunos militantes son de la opinión de reformar el código penal, mientras que Jaume Bartomeu, presidente del grupo parlamentario socialdemócrata que mantiene la incógnita de presentarse a las próximas elecciones, se muestra prudente sobre la decisión que adoptará finalmente su grupo, sobre todo en lo referente al supuesto de razones socioeconómicas de la madre: “Teniendo en cuenta la votación del congreso, la asunción del cuarto supuesto de despenalización no quedó tan clara”. Por su parte, Muxella sostiene que es una decisión mayoritaria que ha de seguir su curso y que se ha de aprobar: “El congreso votó favorablemente a una cuestión que el partido tiene que asumir en el programa electoral”.

Haciendo historia

Andorra, fundada en el 824, es un pequeño país independiente y de habla catalana situado en la frontera entre Francia y España, al norte de Cataluña y en plena cordillera pirenaica. Miembro de la ONU a partir de 1993, año en que se aprueba en referéndum la actual Constitución democrática –el 14 de marzo-, desde 1607 el Principado cuenta con dos copríncipes que ostentan la jefatura del Estado, que reinan, pero no gobiernan: el obispo de la Seu d’Urgell y el jefe del Estado francés, representado por el prefecto del departamento de Pirineos Orientales. Hasta 1981, el poder ejecutivo residía en el Consejo de los Valles, organismo que desde ese año pasa a ser titular del legislativo, mientras que un jefe del Gobierno es titular del ejecutivo y responsable ante el Consejo. Dotada Andorra de una moderna Constitución, el gobierno ejecutivo es escogido por los componentes de la Cámara andorrana elegidos en sufragio universal.

El sistema de copríncipes permite ahora ejercer la jefatura de Andorra, conjuntamente con el representante del jefe del Estado francés, a Joan-Enric Vives, titular también desde el 16 de junio de 2003 de la diócesis de Urgel. Nacido en Poblenou, en Barcelona, Joan-Enric Vives ha sido secretario del arzobispado de Tarragona y ha sido también coadjutor de la Seu d’Urgel con el anterior obispo Joan Martí Alanis, figura clave en la modernización política de Andorra.

Se abren interrogantes

Con su propuesta, el PS ha abierto en Andorra el debate del aborto, pero, al mismo tiempo, ha abierto también un interrogante sobre el futuro de los andorranos: ¿Puede Andorra aprobar el aborto sin desestabilizar el país? Uno de los copríncipes, como obispo de Urgell y a tenor de las declaraciones que ha realizado, no podría asumirlo, con lo cual se podría crear una crisis de dimensiones impredecibles. De hecho, el obispo Joan Enric Vives ya ha dejado bien claro que “la Constitución ya ha resuelto sobre este tema”, haciendo referencia al mencionado Capítulo III. En una entrevista concedida el pasado 17 de mayo, casi coincidiendo con su primer aniversario como titular de la diócesis de Urgel, el obispo recordaba que “la Constitución ya ha resuelto claramente este tema y no debería de ser objeto de un debate continuo porque no se hace lo mismo con la pena de muerte. No se dice continuamente que por el hecho de que ahora hay mucha violencia se tenga que aplicar la pena capital”. Y dejó zanjado el tema en esa entrevista al afirmar que “cualquier sociedad tiene derecho a cerrar diversos temas de la manera que se considere que son más respetuosos según su tradición y su cultura”.

Otro de los interrogantes que se abren es que, si el obispo rechaza de pleno la legalización del aborto, ¿podría seguir ejerciendo como copríncipe con esta normativa? Y, en caso de abandonar este cargo, ¿quién lo asumiría? La posibilidad de que el jefe del Estado español pudiera ejercer esta función abriría unas perspectivas no muy deseables para los andorranos, que actualmente no ven sometidos a debates o acuerdos políticos entre los 2 países su futuro. Se rompería un equilibrio que hasta ahora se ha mostrado muy conveniente para los ciudadanos del pequeño país pirenaico. La crisis, pues, está servida si se llega a aprobar la despenalización del aborto en Andorra.

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