La pareja de lesbianas que denunciaron al juez Ferrín Calamita por presunto entorpecimiento de la adopción de una niña (una de las cuales era su madre biológica) se han divorciado tal y como auguró el juez. El pasado mes de marzo el Gobierno del PP denegó el indulto al juez, ¿deberían ahora devolverle el juzgado?
Calamita fue condenado a diez años de inhabilitación en 2008 por el presunto retardo malicioso de la adopción de una niña solicitada por una mujer lesbiana, pareja de la madre de la menor.
Calamita pidió a la Dirección General de Familia una ampliación de información, ante las resoluciones contradictorias de los primeros informes, en los que se llegaba a calificar de “cobayas humanas” a los niños adoptados por parejas homosexuales. Con las primeras opiniones de los psicólogos de la Dirección, el juez dudó en su momento si la condición homosexual de las adoptantes resultaría contraindicado para la niña.

En el juicio que condenó al magistrado varios técnicos manifestaron que contestar a algunas de estas preguntas les suponía un “conflicto ético”. Ferrín Calamita declaró que “siempre velé por el interés de la menor”.
La pareja de lesbianas se divorcia
El tiempo ha dado la razón al juez Ferrín Calamita que observa ahora –suspendido de su profesión- como sus argumentos eran ciertos y ese no era el mejor entorno familiar para la niña.
De hecho, la menor ha tenido que vivir el divorcio heterosexual de su madre biológica con su verdadero padre, luego tener dos madres lesbianas, posteriormente vivir el divorcio homosexual de estas dos madres, y en la actualidad tener solamente una madre, la biológica, que ha adquirido la custodia de Candela ¿cuáles pueden ser las consecuencias psicológicas para esta niña?
El Consejo General del Poder Judicial abrió dos expedientes disciplinarios en el año 2007 a Ferrín Calamita, que afirmó entonces sentirse “indefenso”. Primero fue expedientado por retirar la custodia de dos menores a su madre, en un proceso de divorcio, por el supuesto lesbianismo de la mujer, y otorgársela al padre, y después, por el caso de esta pareja de lesbianas.

En España, un juez que se atreve a hacer su trabajo y velar por la seguridad del menor se enfrenta ante el peligro de ser suspendido de empleo y sueldo, aunque luego el tiempo le dé la razón. Todo ello con la complicidad primero del PSOE y luego del PP.