Rajoy en los tribunales: “absolutamente falsos” los sobresueldos de Bárcenas

El presidente del Gobierno se desvincula de la contabilidad del PP en el interrogatorio en la Audiencia Nacional

Mariano Rajoy ha calificado este martes de “absolutamente falsos” los sobresueldos anotados en los llamados papeles de Bárcenas, unas notas que reflejan una contabilidad extraoficial del partido y cuya existencia y posibles delitos se enjuicia en otro proceso judicial. El presidente del Gobierno —que ha testificado desde los “estrados”, el lugar reservado a los jueces, fiscales y abogados— ha asegurado desconocer cualquier “cuestión de contabilidad” del partido, al haberse dedicado siempre a la política.

“Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputados y bastantes miembros del partido tenían un complemento, que se declaraba a Hacienda, y que dejamos de cobrar al entrar al Gobierno”, ha expresado Rajoy sobre los apuntes de Bárcenas, quien no ha acudido a la vista oral a escuchar al presidente, desde su lugar habitual en el banquillo de los acusados.

El presidente del Gobierno, que llegó a la sede judicial por el garaje, fuera de la vista de las cámaras, ha manejado las primeras preguntas del interrogatorio con seguridad, incluso con ironía: el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha llegado a pedir que se ahorre sus apreciaciones.

Fuera del guión estricto del juicio, Rajoy ha señalado que no tiene “absolutamente ningún conocimiento” sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP, insistiendo en que su labor siempre ha sido política, alejando de cuestiones contables. Rajoy también ha negado haber desarrollado funciones en Génova en la época en la que la Gürtel desplegó sus actividades (1999-2005 son los años juzgados), pues formaba parte del Gobierno desde 1996. Solo ha matizado que dedicó un mes y medio a dirigir la campaña de las elecciones generales del 2000.

La declaración de Rajoy fue solicitada por la acusación popular de Adade, un despacho de abogados nacido al abrigo del PSOE europeo, que considera oportuno que el presidente del Gobierno aporte todo lo que pueda saber sobre las irregularidades de la trama Gürtel, una red de corrupción liderada por Francisco Correa. Rajoy ha sido citado como ciudadano español, no en su condición de presidente, sino por los cargos que ocupó en el PP en la época juzgada en esta vista: entre 1999 y 2005. Rajoy fue vicesecretario general del partido y responsable de asuntos electorales entre 1990 y 2003.

Una de las incógnitas de la declaración era el lugar exacto desde el que iba a comparecer Rajoy. El tribunal enjuiciador, que rechazó por dos votos a uno permitir al presidente declarar por videoconferencia, como muchos testigos en los procesos judiciales, avaló que Rajoy declarará “en estrados”, en la tarima que distingue el suelo que pisan los jueces, fiscales y abogados, respecto al reservado para los acusados y testigos, que suelen comparecer desde una mesa adelantada en primera fila, frente al tribunal.

La citación de Rajoy no fue pacífica: el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, se opuso a ella por innecesaria. El tribunal cambió de decisión tras tres intentos: los otros dos magistrados, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, inclinaron la balanza para hacer comparecer al presidente del Gobierno. El criterio de De Diego, un perfil históricamente considerado conservador, fue la llave del cambio. Mariano Rajoy no declaró a lo largo de la instrucción de ninguna de las piezas del caso Gürtel en ningún momento. La Fiscalía Anticorrupción, igual que Hurtado, consideró “innecesario” el testimonio del presidente.

Esta vista oral enjuicia las actividades corruptas de la trama Gürtel en la llamada primera época, entre 1999 y 2005, en unas regiones concretas: las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, y los municipios de Estepona, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Madrid. Otras cuestiones relacionadas, como la caja B del partido, serán analizadas en otros juicios, pendientes de llegar, todavía sin fecha. El Partido Popular está siendo juzgado en este proceso como posible partícipe a título lucrativo: es decir, por haberse lucrado de las actividades de la trama sin conocer el origen delictivo del dinero. Anticorrupción considera que el PP se ahorró 236.864 euros en las campañas de Pozuelo y Majadahonda del año 2003.

 

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