Razones para el no al matrimonio homosexual y la adopción de niños (y III)

El argumento central y casi único del matrimonio homosexual es que se trata del ejercicio del derecho de dos personas que se quieren.  No es así. El m…


El argumento central y casi único del matrimonio homosexual es que se trata del ejercicio del derecho de dos personas que se quieren.
 
No es así. El matrimonio, como todos los derechos, tiene un ejercicio limitado y se rige por restricciones. El número -sólo dos personas- es un factor excluyente. Por lo tanto, discrimina el matrimonio polígamo musulmán, que es legal en medio centenar de países con más de 200 millones de habitantes. En cambio, sólo Bélgica y Holanda tienen matrimonio homosexual.
 
También está vetado a grados específicos de consanguinidad por razones biológicas atadas a la descendencia, así como por la edad. Se discrimina el amor en aras de la descendencia. Dentro la misma lógica, tampoco es posible que se casen dos personas del mismo sexo.

Es en este contexto donde hay que situar el matrimonio homosexual. No tiene cabida, pero no por la tendencia sexual, sino por la naturaleza y finalidad del vínculo matrimonial, fundamentado en la pareja, la complementariedad biológica, cognitiva, psíquica y sensitiva que le permite engendrar niños y educarlos en las condiciones que necesita el ser humano. El argumento del amor es insuficiente, pero no sólo para los homosexuales, sino para todo el mundo.

Si la declaración del amor fuera suficiente, ¿por qué se tiene que prohibir la poligamia, el matrimonio con menores (14 años en la peligrosa legislación vigente en España) o entre hermano y germana? ¿Por qué nuestra sociedad rechaza el matrimonio de personas de 15 o 16 años, a pesar de su amor y de que hoy es legalmente posible?
 
No, no se puede pedir la excepción homosexual y mantener las otras. La confusión, la carencia de razones que justifiquen racionalmente el matrimonio homosexual, es de una dimensión indescriptible y nos destaca el verdadero problema de fondo, de una gravedad nunca vivida: la incomprensión de lo que es el matrimonio. El resultado es una dinámica social suicida que está liquidando la causa generadora de la sociedad: la maternidad y la paternidad. Al mismo tiempo, la adopción agotará hasta la última gota el desastre social.

No se puede presentar como una cosa igual aquello que es radicalmente diferente y da sentido específico al vínculo matrimonial: la complementariedad sexual. La comprensión del matrimonio y de sus exigencias está atada a la función única de generar filiación y educación.
 
El matrimonio es el factor fundador de la sociedad. ¡No hay ningún otro! Lo hace por dos vías. Da hijos saludables porque es en general fértil, debido a la adecuada complementariedad genotípica. Y los educa para vivir en la sociedad, gracias a la complementariedad fenotípica. Esta es la norma básica sin la cual la civilización tal y como la conocemos no puede existir.

Nuestra sociedad ya ha trivializado lo suficiente el matrimonio convirtiéndolo en un vínculo de funciones cada vez más indeterminadas y más desvinculado (este punto es clave) de la responsabilidad excepcional de la maternidad y la paternidad. Se tienen pocos hijos y cada vez está más admitido que no se ejerza la función educativa que es responsabilidad de los padres. Además, se traspasa a otras instancias, como por ejemplo la escuela, que ya registra los efectos demoledores de ese abandono de responsabilidades, mientras la crisis se extiende como una mancha de aceite por toda la sociedad con efectos múltiples, sobre la vida social y la economía.
 
El matrimonio homosexual acentuará esta crisis porque lleva hasta las últimas consecuencias la desvinculación entre matrimonio y paternidad y maternidad. Es la ideología de la desvinculación llevada al extremo: se rompe no únicamente con la historia, la cultura, la tradición, el derecho, la creencia y el sentido nacional -que necesita de la descendencia-, sino con la complementariedad biológica del hombre y la mujer.

En este contexto, este mes, el Parlamento de Cataluña aprobará inexorablemente la ley que permitirá adoptar a las parejas de hecho homosexuales. El resultado está asegurado porque el gobierno tiene la mayoría aritmética necesaria. Será una decisión traumática adoptada sin debate social ni fundamento, arbitrariamente. Es evidente. No hace falta tener razones, sino que únicamente hace falta la mayoría. Es la perversión de la democracia. Al actuar así, los partidos del gobierno contraerán una gran responsabilidad que tendrá repercusión electoral en el futuro.
 
Por eso es tan importante saber si en los parlamentos (empezando por el de Cataluña) hay alternativa política a esta forma de pensar o si, por el contrario, impera la confusión. En la adopción, ni el argumento del  pseudoderecho se puede alegar, porque el niño es el único portador. No existe ningún derecho a adoptar, sólo existe el derecho a ser adoptado, y el Estado es garante. La adopción es la acción legal paliativa de la carencia que el niño tiene de paternidad y maternidad. Él nació de padre y madre y a un padre y madre tiene que ser devuelto. No hacerlo así es utilizar el poder del Estado para cometer un acto ilegítimo y la injusticia manifiesta de no darle aquello que le corresponde y convertirlo en simple instrumento de una pretendida normalización de las relaciones homosexuales.
 
Y que no se argumente que también adoptan personas solas, porque es excepción, normalmente vinculada a razones de parentesco o muy específicas, razones que no pueden servir para fundamentar ninguna norma generalizadora.

No hay derecho a sustituir la imagen y la función paterna y materna por dos padres o dos madres. Esto lo querrán algunos homosexuales para su discurso de reconocimiento social, pero atenta contra los derechos del niño.
 
Todo es demasiado grave y escandaloso. Por lo tanto, se equivocan del todo aquellos que piensan que esto es puro trámite: esta ley marcará un antes y un después en Cataluña y en España. Lo que se aprueba ahora, por la misma lógica será derogado, y aquellos que voten a favor sabrán de la beligerancia política permanente.

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