¿Realmente la EpC se basa en los derechos humanos?

La Educación para la Ciudadanía —que reviste hasta tres nombres distintos según el nivel y curso educativo— despertó, incluso cuando sólo era un proye…

La Educación para la Ciudadanía —que reviste hasta tres nombres distintos según el nivel y curso educativo— despertó, incluso cuando sólo era un proyecto en trámite parlamentario, la oposición frontal de amplios sectores sociales.
 
Éste es el significado de la concurridísima manifestación —contra la nueva Ley de Educación— del 12 de noviembre de 2005, en el centro de Madrid. La reacción, atendible en democracia, de rectificar y escuchar el clamor social, no fue la que se produjo. Por el contrario, se mantuvo, con algún ligero retoque redaccional, el espíritu y alcance de los nuevos contenidos y eso sí, se extremaron los recursos —en ocasiones coactivos— para garantizar su aplicación.
Pero naturalmente, la fuerza física no basta para gobernar a las personas que, y ésta es su grandeza, responden a criterios de conciencia. Por eso también se echó mano, en la pretensión de hacer digerible en el fuero interno la educación para la ciudadanía, a slogans proferidos por intelectuales y políticos, de uno u otro nivel.
 
Es un intento más de encubrir la realidad, concretamente de desviar la atención sobre la crisis educativa general y las dudas que plantea la nueva asignatura.
Dentro de esta fase, de justificar y presentar una cara amable de la Educación para la ciudadanía, se afirmó, por el Prof. Marina en Zaragoza a finales de abril, que ir en contra de ella «es ir en contra de la enseñanza en los derechos humanos». Un poco antes, el 19 de marzo, el Director General de Coordinación y Política Educativa de Castilla-La Mancha, Sr. Novillo, a preguntas sobre la Educación para la ciudadanía, declaró que: «quienes se oponen a ello no les importa ni la Constitución española ni los derechos humanos…».
Indudablemente la nueva estrategia, amparada en el prestigio de los derechos humanos, puede tener más éxito que la simplona de identificar, como un bloque, la Educación para la ciudadanía, según la configura la ley española, y este valioso instrumento para la convivencia o la acertada propuesta del Consejo de Europa (Recomendación 12, 2002). Este planteamiento de la apuesta legislativa por la ciudadanía, ofrece, para quienes se sirven de él, dos ventajas.
 
La primera, su verosimilitud. No en vano las asignaturas del tercer ciclo de Educación Primaria, y primer ciclo de Secundaria Obligatoria, se llaman «Educación para la ciudadanía y derechos humanos» y, en todas las áreas o asignaturas que componen la materia genérica, existen bloques de contenidos sobre las declaraciones de derechos humanos.
 
La segunda ventaja es que, con esta presentación, se neutraliza de raíz la oposición, prioritariamente de los padres, a la Educación para la ciudadanía en tanto en cuanto vulnera derechos fundamentales. En concreto, el derecho prioritario de los padres —que ha de ser garantizado por los poderes públicos— «para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (art. 27.3 de la Constitución), conectado con el derecho de libertad ideológica y religiosa (suyo y de sus hijos menores) del art. 16 del mismo texto.
No cabe ahora una lectura crítica de lo que de verdad se contiene en la farragosa ley y sus reglamentos. Conformémonos con unas notas. El conflicto no vienen aquí de la mención a los derechos humanos. Su origen está en cómo y con qué intención se habla de ellos, así como de las otras cosas que se dicen y de las que —debiendo figurar— se callan.
 
En un plan de estudios o en una asignatura, una descompensación deja sus secuelas en el educando. Por último subrayar que, establecer una correlación, entre la Educación para la ciudadanía, tal y como se concibe en la Ley Orgánica 2/2006, y los derechos humanos, es desconocer algo tan antiguo como aquella exclamación de Manon Roland, al pie de la guillotina: «¡Oh, libertad! ¡Cuantos crímenes se cometen en tu nombre!».
 
Es decir, que los mayores atropellos, perpetrados por los poderes públicos, no suelen carecer de una justificación o estar exentos, al menos en apariencia, de algún aspecto que, en otras circunstancias, sería atractivo. El régimen nazi organizó la eugenesia y la eutanasia —con más de doscientas mil víctimas— como expresiones de exquisita humanidad (evitar sufrimiento), bajo cobertura médica.
Pero sobre todo, queremos destacar la profunda tergiversación que se hace de los derechos humanos cuando se emplean por los poderes públicos para restringir, limitar o estorbar la libertad de las personas o grupos que aquéllas constituyen.
 
El Estado no tiene derechos fundamentales sino prerrogativas, para mejor atender y servir el bien general. Por eso el sentido del núcleo de los derechos fundamentales, las libertades públicas, es el de actuar como dique a las pretensiones de un poder público tentado, con mucha frecuencia, a la extralimitación y el totalitarismo.
 
Así, la libertad de pensamiento, conciencia y religión en sus orígenes —Edicto de Milán del 313— trató de enmendar excesos como el de las persecuciones, y lo mismo ocurrió en el siglo XVI. El título del libro de Marina y de la Válgoma, La lucha por la dignidad (Barcelona, 2000), refleja lo que decimos. Es triste que su autor haya podido, a la vista de sus declaraciones, olvidar este detalle que, en cambio, los padres tenemos muy presente en nuestra responsabilidad de educar a los hijos.
Por eso alarma la Educación para la ciudadanía, porque incide en un campo vedado a los poderes públicos y preservado por los derechos fundamentales, y lo perturba con un costo, social y personal, incalculable. Y es que «las autoridades públicas, cuyo poder se apoya en el pueblo, no han de ejercer tal poder allí donde los ciudadanos construyen su modelo de convivencia. En otro caso, el Estado podría manipularlos para perpetuar su existencia» (De Groof) y, añadiríamos, absolutizarse.
Desengáñense de sus propósitos de maquillar las cosas cuantos, desde los cargos de responsabilidad —políticos— o por su ascendiente social, pueden y deben hacer algo en pro de la educación cívica y de todo orden. Comiencen por rehacer los pasos mal dados, enfrentándose o enfrentando a la sociedad, y apoyen a la familia. Ella es la única educadora eficaz porque su labor, basada en el amor, penetra en las conciencias —sin forzarlas— en tanto actúa «por las obras más que por las palabras» (Altarejos) y así logra convencer.
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