Sanidad pone trabas burocráticas a los enfermos mentales

Las personas que padecen enfermedades mentales y sus familiares muestran su rechazo a la decisión del Ministerio de Sanidad de imponer un visado de in…

Las personas que padecen enfermedades mentales y sus familiares muestran su rechazo a la decisión del Ministerio de Sanidad de imponer un visado de inspección previa para el grupo de medicamentos antipsicóticos atípicos que consumen alrededor de 800.000 personas en España. Este colectivo, representado por la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), que engloba a 176 entidades, ha presentado un manifiesto al que se han adherido más de 20 asociaciones relacionadas con el tema en el que expresan su preocupación por la decisión del Gobierno socialista. En el documento, la FEAFES solicita la paralización inmediata de la medida y se oponen rotundamente “a cualquier decisión restrictiva del derecho a la salud, apelando a criterios de universalidad, corresponsabilidad y solidaridad”.

La FEAFES tiene como objetivo defender los derechos de las personas afectadas por enfermedades mentales de cualquier tipo y mejorar su calidad de vida. Actualmente representa a más de 26.000 personas afectadas y sus familias. Entre las entidades que se adhieren al manifiesto de la FEAFES se encuentran, entre otras, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, formada por 3.000 asociaciones y entidades, la Sociedad Española de Psiquiatría, la Alianza para la Depresión, la Fundación Alzheimer España, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la Asociación de Pacientes Coronarios y la Federación de Diabéticos Españoles.

Trabas burocráticas

Hasta ahora, las personas con patologías psíquicas o sus familiares acudían a la consulta de un especialista, normalmente un pediatra o un psiquiatra, que valoraba la enfermedad y las características del paciente y recetaba el medicamento más adecuado, teniendo en cuenta sus posibles efectos secundarios. Después, los afectados podían ir a la farmacia con una receta médica del especialista y llevarse el antipsicótico prescrito.

Ahora, con la decisión de Sanidad de imponer el visado de inspección previa, se crea una traba burocrática para los afectados, con el argumento de que habrá más control sobre los efectos secundarios. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto es necesario este tipo de controles, teniendo en cuenta que en los países más desarrollados los especialistas tienen suficientes conocimientos para controlar esos efectos secundarios. Con la nueva norma, los afectados, una vez tienen la receta del especialista, tienen que pasar por la inspección para que le facilite el visado un funcionario. Uno de los problemas que se pueden plantear es que este inspector sea un médico, pero no un especialista que conozca las peculiaridades de la enfermedad que padece el enfermo, con lo que podría considerar que el medicamento no es adecuado y no conceder el visado. Ante este hecho, los especialistas se verán obligados a dispensar recetas que no encuentren trabas en la inspección, con lo que se puede reducir la eficacia del tratamiento en algunos casos.

Las reivindicaciones

En el manifiesto, los enfermos psicóticos y sus familiares creen que esta medida supondrá un deterioro para la calidad de vida de los pacientes, que también tendrán que realizar cambios en determinados tratamientos que se estrellarán contra la barrera del visado. Este hecho supone una discriminación para las personas con enfermedades mentales, sobre todo las esquizofrénicas. Una discriminación que se hace más evidente si se considera que en el ámbito de la sanidad privada se van a seguir comercializando y dispensando este tipo de medicamentos. Por otra parte, estas medidas contravienen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establece que este colectivo de enfermos “tiene derecho a recibir los tratamientos adecuados y menos perturbadores bajo las condiciones de facilidad y acceso a los mismos”.

El dinero, para anticonceptivos y abortivos

El manifiesto hace hincapié en el hecho de que el Ministerio presenta esta medida que garantiza la salud y la seguridad pública de los españoles, pero ante el anuncio de la Resolución sólo se da audiencia a las empresas farmacéuticas con intereses económicos, sin ofrecer la misma posibilidad a los representantes de los enfermos. Se trata, por tanto, de una medida “economicista” que hace pagar a los afectados las limitaciones presupuestarias del sistema en un ámbito, el de la salud mental, que presenta el mayor déficit asistencial. De hecho, las cifras que presenta la Administración en cuanto al coste de la Salud Mental en España expresan una caótica planificación y asignación de recursos. Esta práctica, que se puede extender a otros muchos medicamentos, pretende reducir el gasto farmacéutico a costa de la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, no parece que esa reducción del gasto afecte, por ejemplo,a las partidas que se destinan a la promoción y distribución de preservativos y de la píldora abortiva del día después.

Precisamente este viernes, 1 de octubre, los servicios de Urgencias de los hospitales y centros sanitarios de asistencia continuada en Cataluña empiezan a distribuir el considerado “anticonceptivo de emergencia” de forma gratuita y sin necesidad de receta médica, regalando al mismo tiempo un preservativo. Cabe recordar que el Gobierno español autorizó ya en2001 la distribución de esta píldora abortiva.

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