¿Se puede confiar en el PP? Su inseguridad ante el aborto

"Cambiaremos el modelo de la actual legislación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como …

"Cambiaremos el modelo de la actual legislación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como el de las menores". Con esta afirmación en el programa electoral, Mariano Rajoy concurría a las elecciones que se celebraron el 20 de noviembre de 2011.

Un año y medio después, el Gobierno no sólo no ha reformado la ley sino que muestra una gran inseguridad sobre cómo afrontar la reforma. ¿La causa? El gran debate y división dentro del Partido Popular en torno a aspectos fundamentales sobre el aborto.

Dos cuestiones sí parecen claras: la primera, que la reforma que plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pondrá fin al actual sistema de plazos para volver al de supuestos que era el que funcionaba entre 1985 y 2010.

El segundo aspecto sobre el que no parece haber dudas, tal como contemplaba el programa electoral, es que se eliminará la posibilidad de que las chicas de 16 ó 17 años puedan abortar sin permiso de los padres.

"Se adecuará al mandato de la ONU"

A partir de estas premisas, aún sin confirmar plenamente en un texto de reforma, todo son dudas o al menos así lo interpreta la opinión pública. Y la más controvertida y que más titulares está generando en los últimos días es la de si entre los nuevos supuestos para abortar estará o no el de malformación fetal.

Por una parte, Gallardón se postula como firme defensor de prohibir el aborto por malformación del feto y cuenta con el respaldo de todo un sector conservador dentro del PP. El ministro de Justicia aseguraba este miércoles, 15 de mayo, que "la reforma del aborto se adecuará al mandato de la ONU sobre discapacidad".

"Se va a adecuar nuestra legislación a un mandato que en estos momentos tenemos por parte de Naciones Unidas como consecuencia de un convenio que fue aprobado, por cierto, por unanimidad, también con los votos del Partido Socialista en el Congreso, y que prohíbe que exista cualquier tipo de discriminación por razón de capacidad", insistía.

También añadía que el "cuerpo de doctrina" del PP sobre la legislación del aborto nace de todas las iniciativas presentadas durante los últimos años en las Cortes Generales, y destacaba de forma especial el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo parlamentario popular del Congreso sobre esa norma.

"Ahí es donde está el cuerpo de doctrina y ese criterio acomodado siempre al criterio que marca el Tribunal Constitucional en las tres sentencias en las que se ha pronunciado sobre este asunto, será el que conforme la redacción de la ley", concluía.

"Ni idea de lo que será el proyecto"

Pero, tan solo dos días antes, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguraba que "no hay ni siquiera una idea de lo que va a ser el proyecto" de reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que prepara el Ministerio de Justicia.

"No se ha puesto a debate, ni siquiera internamente […] No ha habido reuniones internas ni se ha llevado a una conferencia sectorial, como sí ha pasado en el ámbito de la Educación", sentenciaba.

Preguntada sobre si era partidaria de eliminar la opción de interrumpir el embarazo en caso de malformación fetal, insistía en que "mientras no haya un proyecto del Gobierno, el partido no se va a pronunciar".

Gallardón, Santamaría y Rajoy: ¿"pronto" o sin prisa?

En la misma línea de desacuerdos, el propio Gallardón, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, seguían sembrando dudas con sus declaraciones.

Mientras Gallardón aseguraba el 7 de mayo que presentará el texto "pronto": "voy a contar una primicia de la ley, con el permiso del presidente, que me lo acaba de autorizar", decía, no parece que esa nueva ley esté de momento en la agenda de reformas inminentes que pondrá en marcha el Gobierno.

Tanto es así que Sáenz de Santamaría matizaba al ministro de Justicia y no mostraba el pasado viernes, 11 de mayo, ninguna prisa por sacar adelante la polémica norma.

La vicepresidenta admitía el debate interno y remitía al ministro de Justicia cuando se le preguntaba sobre el aborto por malformación: "El Ministerio de Justicia está analizando la convención de la ONU sobre personas con discapacidad y la doctrina del Constitucional para establecer la mejor manera posible para tener presentes ambos equilibrios".

Esta cierta ambigüedad para definirse contrasta con el hecho de que ella firmara en 2010 el recurso al Constitucional en el que se comparaba el aborto por malformación con las prácticas nazis.

También hay todo un sector moderado que andan algo descolocados pensando que se volvería a la ley de 1985. Algunos quieren limitarse a volver a esa ley, que permitía el aborto por malformación, mientras otros prefieren esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Y, en el extremo opuesto a Gallardón, existen posturas como la de la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que sin ir más lejos abandonaba el pleno del Congreso el pasado 7 de mayo mostrando su rechazo con quien defendía en ese momento la reforma del aborto, Beatriz Escudero, la portavoz elegida por el PP.

En medio de todas estas posturas enfrentadas, Mariano Rajoy aseguraba este lunes que el asunto aún "está debatiéndose dentro del propio Gobierno" y hasta que no haya una decisión sobre sus líneas maestras no informarán de su proyecto a la opinión pública, con lo que prefiere aparcar de momento la nueva legislación hasta conseguir un definitivo consenso interno.

Así las cosas, ¿se puede confiar en el Partido Popular? Esa es la gran pregunta que cabe hacerse ante la indecisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy para presentar una reforma coherente con el recurso que el propio partido presentó ante el Tribunal Constitucional sobre la Ley del Aborto de 2010.

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