¿Se puede realizar una buena política medioambiental sin saber cuántos árboles hay en España?

El aumento de masa forestal, sobre todo en los países que más contaminan, es una buena herramienta para luchar contra el cambio climático. En el caso …

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El aumento de masa forestal, sobre todo en los países que más contaminan, es una buena herramienta para luchar contra el cambio climático. En el caso de España, uno de los déficits de la política medioambiental del Gobierno central para poder combatir el cambio climático y adaptarse a los compromisos del Protocolo de Kyoto es la ausencia de una buena gestión e inventario forestal, es decir, el desconocimiento del estado de los bosques y del número de árboles que existen actualmente en el país. Para la responsable del Ministerio de Medio Ambiente, Cristina Narbona, un buen ejemplo a seguir podría ser la iniciativa del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de realizar un inventario de la masa forestal en territorio catalán. Inventario Ecológico y Forestal de Cataluña (IEFC) es un estudio que, por encargo del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat, ha realizado el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) de la Universidad Autónoma de Barcelona. El estudio, elaborado a lo largo de 10 años, muestra la distribución y evolución de la vegetación y viene a determinar que el 38 por ciento de la superficie de Cataluña está cubierto por bosques, contabilizando un total de casi 1.400 millones de árboles (unos 230 árboles por habitante).

El libro publicado con los datos del IEFC muestra una visión general de los bosques de Cataluña. De la superficie total del territorio catalán, 3,19 millones de hectáreas, un 61 por ciento se corresponde con masa forestal, o sea, 1,95 millones de hectáreas. De éstas, 1,21 millones están ocupadas por bosques y el resto se corresponde con matojos, prados o rocas. El estudio, además de facilitar una visión global del estado de los bosques, ofrece información detallada y de gran calidad sobre los árboles existentes, su distribución geográfica e incluso los factores que determinarán su futuro. Carles Gracia, director del estudio, asegura que la información contenida en Inventario Ecológico y Forestal de Cataluña será un instrumento de gran utilidad en el análisis del rol que han de jugar los bosques como acumuladores y neutralizadores de dióxido de carbono en la aplicación del Protocolo de Kyoto. Hay que recordar que el incremento de la superficie arbolada puede ser utilizado para reducir la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, un factor determinante en el cambio climático.

¿Quién paga el compromiso de Kyoto?

España es la segunda, después de Dinamarca, en el ranking de países que “no hacen nada” para combatir el cambio climático. El compromiso del Gobierno español para cumplir los acuerdos de Kyoto hacía mención, entre otras medidas, a la reducción de la emisión de gases a la atmósfera que causan el efecto invernadero. En 1997 tenía situado el límite en un 15 por ciento. Sin embargo, en todos estos años la emisión ha crecido más del doble y no parece que las medidas sugeridas hasta ahora vayan a mejorar de forma óptima los compromisos adquiridos.

Recientemente, el Gobierno ha propuesto dos fases para poder acercarse al objetivo marcado de bajar de nuevo las emisiones al 15 por ciento: Un primer paso sería pasar del 40,43 por ciento del 2003, al 38,8 por ciento previstos para el 2007. Y el segundo, comprendido entre el 2008 y el 2012, buscaría una disminución hasta el 24 por ciento, porcentaje todavía muy alejado del ideal que proponía la cumbre de Kyoto. Para ayudar a alcanzar estos objetivos el Gobierno socialista ha sugerido, entre otras iniciativas, un encarecimiento de los precios de la gasolina y la electricidad como medidas disuasorias que conduzcan a un menor consumo. Unas medidas que significan una pérdida del poder adquisitivo de los españoles y que plantean el interrogante de si son los ciudadanos los que han de pagar de su bolsillo la reducción del consumo de gasolina y electricidad, o si es el Estado el que ha de apretarse el cinturón. En cualquier caso, las 150.000 muertes al año que hay en el mundo como consecuencia de la deficiente actuación ecológica del hombre son razón suficiente como para que el Gobierno español tome ejemplo de la iniciativa catalana de inventariar y gestionar los bosques españoles de forma que permitamejorar la calidad medioambiental en España.

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