Se suprime el término “escuela laica” en el redactado del nuevo Estatuto catalán

Las posiciones se acercan entre las fuerzas políticas en lo que se refiere al apartado dedicado a la enseñanza dentro de la propuesta de nuevo Estatut…

Las posiciones se acercan entre las fuerzas políticas en lo que se refiere al apartado dedicado a la enseñanza dentro de la propuesta de nuevo Estatuto catalán. Según ha podido saber ForumLibertas.com por fuentes cercanas a la redacción del texto, se ha modificado el artículo 21 (punto 1) del documento provisional, que decía exactamente que “la Generalitat tiene que establecer un modelo educativo que garantice este derecho y en el cual la enseñanza pública es laica. Esta última frase ha quedado suprimida gracias a la presión de Convergència i Unió y el Partido Popular, que habían mostrado su desacuerdo total con el planteamiento. Además, la definición suponía un factor de ruptura para Unió Democràtica de Catalunya, como ya explicó el pasado 31 de mayo a nuestro periódico Núria de Gispert, miembro de la Ponencia parlamentaria que aprobó la proposición el viernes 8 de julio con los votos favorables del tripartito que gobierna en Cataluña (PSC, ERC e Iniciativa), la abstención de CIU y el rechazo del PP.

 

Por otro lado, siguen abiertas las negociaciones para establecer una nueva redacción del punto 2 del mismo artículo 21, que decía esto: “Los centros privados sostenidos con fondos públicos tienen el deber de cumplir las obligaciones de servicio público que determine la ley”. El término “servicio público” también es inaceptable para CIU y PP, lo mismo que para los centros concertados y un importante sector de padres de familia, ya que implica la titularidad de la administración. Diluir las escuelas de iniciativa social, privadas y concertadas, en una especie de ente superior controlado por el Gobierno autonómico violaba tanto el artículo 27 de la Constitución como los Acuerdos de 1979 entre la Santa Sede y el Gobierno español. Una alternativa a la propuesta inicial para el nuevo marco estatutario puede ser la de incluir el término “enseñanza de interés público” y “de calidad”.

 

El término “laico” es, como mínimo, altamente equívoco porque, de él, pueden desprenderse dos conceptos: laicidad y laicismo. El primero se refiere a la neutralidad del Estado y, por tanto, a su no confesionalidad, y puede ser interpretado en términos de cooperación con las confesiones religiosas, que son reconocidas positivamente. El segundo, en cambio, ya no implica neutralidad, sino una ideología basada en excluir el hecho religioso de la vida pública. Es lo que proclaman las constituciones de Francia, México y Turquía, que son los únicos países del mundo que se definen como “laicos”. Por otro lado, con el concepto “servicio público, se negaba la libertad que debe tener la iniciativa social para crear centros prescindiendo de lo más o menos favorable que el ideario de esas escuelas puede ser para los que gobiernan. “Servicio público” significa que la prestación del servicio, en este caso educativo, es solamente una concesión de la administración. Por tanto, con el redactado inicial, no quedaba reconocido como el ejercicio de un derecho.

 

Enmiendas y mensaje de los agentes sociales

 

El acercamiento de posiciones en materia educativa coincide con el final del plazo establecido para la presentación de enmiendas. Este miércoles, último día, el Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad del borrador de Estatuto, porque lo considera inconstitucional. También presentó 500 enmiendas parciales a aspectos concretos del articulado, aunque su portavoz, Francesc Vendrell, aseguró que el grupo parlamentario está dispuesto a negociar el texto hasta el final. Por su parte, Esquerra Republicana también presentó varias enmiendas parciales. El viernes 29 se votará el dictamen en la comisión, justo tres semanas después de que la Ponencia aprobase el proyecto inicial y lo convirtiese, por tanto, en proposición de ley.

 

Finalmente, cabe destacar que los máximos representantes de los sindicatos mayoritarios en Cataluña y los empresarios hicieron también este miércoles un llamamiento a las fuerzas políticas para que no alarguen más el debate sobre el nuevo Estatuto. Tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, los agentes sociales pidieron “responsabilidad, flexibilidad y consenso”. Estuvieron representados por los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Josep Maria Álvarez y Joan Coscubiela, el presidente de la patronal Foment del Treball, Joan Rosell, y el de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls.

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