Seguridad común, política exterior y ampliación, ejes de la Presidencia británica de la UE

El Reino Unido acaba de tomar el relevo de Luxemburgo en la Presidencia de la Unión Europea. Tras un semestre marcado por la crisis desencadenada tras…

El Reino Unido acaba de tomar el relevo de Luxemburgo en la Presidencia de la Unión Europea. Tras un semestre marcado por la crisis desencadenada tras el ‘no’ mayoritario de Francia y Holanda en sus respectivos referéndums sobre el Tratado Constitucional, así como por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre financiación y por las dificultades a la hora de dar una respuesta clara a los límites de la ampliación, el nuevo Gobierno de turno centrará sus prioridades en la seguridad común, las relaciones internacionales y las incorporaciones acordadas o proyectadas, con Turquía como gran cuestión de fondo. Dentro de todo este plan de acción, para un semestre en que el ejecutivo de Tony Blair buscará también un acuerdo presupuestario para el período 2007-2013 después de que él mismo fuese uno de los que lo impidieron en el último Consejo Europeo, los atentados del pasado jueves en Londres condicionarán la Presidencia británica.

 

El ‘no’ mayoritario en el referéndum sobre la Constitución europea celebrado el 29 de mayo en Francia, donde estas consultas son vinculantes, con rango de ley y sin requisitos mínimos de participación, desató una importante crisis internacional que Blair y su gabinete deberán afrontar seriamente en los próximos meses. Además, el difícil momento se vio agudizado por el resultado electoral de Holanda, donde los ciudadanos también rechazaron mayoritariamente el Tratado justo el 1 de junio, tres días después que los franceses. La Presidencia británica deberá afrontar esta situación justo cuando su primer ministro acaba de anunciar recientemente un aplazamiento indefinido de la consulta que tenía previsto convocar. El Reino Unido, además, es un país tradicionalmente euroescéptico y con una opinión pública contraria al reforzamiento de la integración europea, aspectos esenciales del Tratado Constitucional cuyo proceso de ratificación está ahora, como mínimo, muy cuestionado entre los 25 países miembros de la Unión, sobre todo tras la decisión de abrir un período de reflexión tomada por el último Consejo Europeo los pasados días 16 y 17 de junio.

 

Como uno de los principales referentes de la crisis institucional, sobresale el tremendo distanciamiento entre los responsables políticos europeos y los ciudadanos, cada vez más desinteresados por la construcción de la Europa unida. A ello se suma el desconocimiento y la desinformación sobre las instituciones y organismos de la UE. Corregir esto es una de las misiones más complicadas para el Reino Unido en estos próximos seis meses. Al margen de un proyecto comunicativo con el que se trabaja desde el año pasado desde la Comisión Europea, Londres quiere seguir impulsando los trabajos sobre la mejora del marco reglamentario de la Unión y la simplificación de la legislación, cuestiones que juegan a favor de la transparencia y la eliminación de cargas administrativas consideradas innecesarias.

 

Futuras incorporaciones, con Turquía en el debate

 

Otro reto de envergadura para el Reino Unido es garantizar el cumplimiento de los compromisos que la UE tiene con varios estados de cara a próximas ampliaciones. Esto, entre la crisis y las dificultades de la ratificación constitucional, complica un poco más las cosas, sobre todo teniendo en cuenta la disconformidad de millones de europeos con adhesiones como la de Turquía, de la que precisamente el Gobierno británico es el más firme partidario.

 

Muchos analistas europeos coinciden a la hora de asegurar que una parte del voto negativo de franceses y holandeses tiene que ver con esta cuestión. De hecho, si no se adopta la Constitución europea, la Unión seguirá rigiéndose por el vigente Tratado de Niza, lo cual dificultará que la administración comunitaria pueda seguir funcionando de forma eficaz y asumiendo más incorporaciones. Esto afectaría a países como Macedonia, Croacia y la propia Turquía, así como a posibles candidatas como Serbia y Montenegro, Kosovo y Albania. Por otro lado, Bulgaria y Rumanía ingresarán el 1 de enero de 2007 después de que firmasen el Tratado de Adhesión el pasado 25 de abril, pero su camino no estará exento de obstáculos por el avance de sus reformas, aspecto que se une a la crisis general.

 

Lazos con Estados Unidos

 

En cuanto a la política exterior, el Reino Unido siempre se ha caracterizado por profundizar los vínculos transatlánticos con Estados Unidos. Siguiendo con esta tendencia, el Gobierno de Blair considera que, para garantizar la seguridad y la prosperidad en el mundo, y más aún tras los atentados del 7 de julio en Londres, es esencial mantener estos lazos. Durante la Presidencia británica, se impulsará el trabajo conjunto entre la Comisión Europea, los estados miembros y la administración norteamericana. La cooperación al desarrollo, centrada en la ayuda a África, y la organización de la Cumbre Euromediterránea prevista para noviembre en Barcelona, constituyen otros de los proyectos importantes en el ámbito internacional. Además, cabe destacar la necesidad de un compromiso común de los 25 socios sobre seguridad. Sobre ayuda al desarrollo, la cumbre de las Naciones Unidas de septiembre, donde se analizarán las previsiones de cumplimiento de los Objetivos del Milenio sobre erradicación de la pobreza en 2015, tendrá también un papel importante en la política europea bajo la batuta de Londres.

 

Merece un capítulo aparte, dentro de los asuntos exteriores europeos, la situación de Oriente Medio. En los próximos meses, la Unión intensificará su trabajo coordinado con Estados Unidos, la ONU y Rusia, junto con Israel y Palestina, para intentar hacer avanzar el proceso de paz y seguridad en la zona. Los planes de Israel de retirar parte de sus tropas en Gaza y Cisjordania supondrían un paso importante, según el Reino Unido, de cara al cumplimiento de los requisitos previstos en la denominada Hoja de Ruta. Y todo esto, sin olvidar el conflicto textil entre China y la UE, que ha centrado la actualidad económica mundial en los últimos meses por la escalada de exportaciones del gigante asiático tras la eliminación del sistema de cuotas a las importaciones, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el pasado 1 de enero.

 

El nuevo marco financiero

 

El acuerdo político sobre el nuevo marco financiero europeo para el período 2007-2013, también conocido con el nombre de perspectivas financieras, es una prioridad y, al mismo tiempo, la misión más difícil de resolver con éxito para la Presidencia británica. Tony Blair necesita convencer a sus homólogos europeos sobre el modelo que él defiende para los presupuestos, basado en una drástica reducción de los gastos destinados a la política agrícola común, una casi renacionalización de la política regional y un umbral máximo de gastos que equivalga al 1 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la Unión. Parece más bien un asunto que no se desbloqueará, como mínimo, hasta el primer semestre de 2006, bajo Presidencia austríaca. Austria también había reclamado la reducción de la RNB al 1 por ciento, pero cedió ante el último intento de Luxemburgo de llegar a un acuerdo en la última cumbre de jefes de Estado o de Gobierno.

 

Por otro lado, y ligado también a la falta de acuerdo presupuestario, hay un aspecto fundamental para los próximos años: la nueva política regional. Durante la Presidencia británica, y a pesar de la incertidumbre sobre la financiación, se debería avanzar para intentar que las piezas necesarias para desarrollar los proyectos regionales encajen ya el 1 de enero de 2007, una vez alcanzado el necesario acuerdo sobre su dotación económica. En la propuesta inicial de la Comisión, se asignaban a la cohesión socioeconómica 336.100 millones de euros, que equivalen a al 0,41 por ciento de la Renta Nacional Bruta de toda la Unión. Esta proporción fue mantenida por el Parlamento Europeo en el informe Böge sobre las futuras perspectivas financieras. La cantidad se reparte así entre los tres objetivos de la política comunitaria de cohesión social y económica: 264.000 millones para convergencia, 57.900 millones para competitividad regional y empleo y 13.200 millones para cooperación territorial. La última propuesta de la Presidencia luxemburguesa había reducido la proporción al 0,37 por ciento del RNB, lo que reduce las cantidades en el reparto.

 

Esta propuesta de Luxemburgo otorgaba a España un período transitorio de salida del Fondo de Cohesión que incluiría los primeros 4 años del ciclo (2007-2010), con una dotación de 2.800 millones de euros, dos años más y 800 millones más que lo contemplado en la propuesta de partida para las discusiones. Pero si no se alcanza el acuerdo bajo la Presidencia británica, es posible que la Comisión Europea tomo, como referencia para establecer el objetivo al que pertenece cada región y con los datos del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante entre 2001 y 2003, podrían suponer la salida de Galicia y Castilla La Mancha del nuevo objetivo de Convergencia. Perderían respectivamente 1.700 y 1.100 millones de euros.

 

Investigación, empleo, justicia y educación

 

La investigación y la innovación constituyen otro de los frentes abiertos para la Presidencia británica. El bloqueo presupuestario ha creado incertidumbre para el futuro del séptimo Programa Marco (PM) de investigación y para el nuevo Programa para la Competitividad y la Innovación (PIC). El Gobierno de Tony Blair deberá esforzarse ante el reto de continuar preparando el camino para conseguir los objetivos de crecimiento y competitividad marcados en el Consejo Europeo de Lisboa (año 2000). En esta línea, el Consejo Europeo de Barcelona, en marzo de 2002, marcó como gran objetivo alcanzar en 2010 un 3 por ciento de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) con respecto al total del PIB de la UE. Pese a este propósito, el gasto en 2003 sólo llegó al 1,93 por ciento y, actualmente, la cifra representa un 40 por ciento menos que lo que se dedica a I+D en Estados Unidos.

 

El empleo es otra de las cuestiones importantes en las que, además, el Reino Unido cumple muy bien con los objetivos fijados en Lisboa hace 5 años, que consisten en el 70 por ciento de ocupación laboral para el conjunto de la población, 60 por ciento para las mujeres y 50 por ciento para los mayores de 55 años. El ejecutivo británico tiene la intención de presionar a los estados miembros de la UE para que se comprometan firmemente con los planes nacionales y europeos de reforma, con la idea de lograr un mayor crecimiento y más empleo en beneficio de los ciudadanos europeos. En este sentido, sus prioridades serán mejorar la flexibilidad del mercado laboral, reducir el volumen de regulación, completar el mercado interior, mejorar la sostenibilidad de las empresas y del medio ambiente y abrirse al comercio exterior y la inversión.

 

La Presidencia británica, por otro lado, llega en un momento en el que está muy reciente la aprobación de los grandes instrumentos que marcarán la consolidación de un espacio de justicia, libertad y seguridad para los próximos 5 años. En este marco, y con mayor motivo tras los atentados de Londres, el gabinete de Blair plantea las cuestiones de seguridad en relación estrecha con las de prosperidad, en un mundo cada día más globalizado. Parte de la premisa de que se puede mejorar la calidad de vida y la seguridad de los europeos mientras se trabaja para reducir la pobreza en el mundo, se lucha contra el terrorismo y se hacen desaparecer las raíces de los conflictos y las inestabilidades regionales. A nivel interno de la UE, el Reino Unido considera que mejorar la cooperación policial y judicial y la confianza mutua entre las autoridades competentes en materia de aplicación del derecho también son elementos que pueden marcar la diferencia en el futuro para la Unión.

 

La educación y la formación se presentan, para el Gobierno británico, como temas esenciales para mejorar la situación laboral, la competitividad, la adaptación a los cambios y la ciudadanía activa. Estas políticas pueden ser objeto de un fuerte impulso a escala europea desde la Presidencia de turno de la Unión. En cuanto al ámbito de la juventud, Londres pretende conseguir un acuerdo final sobre el nuevo programa La juventud en acción (2007-2013), lo cual será también difícil tras el fracaso de las negociaciones sobre las nuevas perspectivas financieras. Finalmente, cabe destacar las prioridades en materia de salud y protección a los consumidores, política agrícola (con proyectos de liberalización) y desarrollo sostenible (con el cambio climático como centro del debate). Y en el ámbito del mercado interior, la Presidencia británica impulsará las negociaciones para aprobar la Directiva de Servicios, conocida como Directiva Bolkenstein (nombre del comisario europeo que presentó la propuesta en 2004). También tendrá en cuenta los trabajos para un futuro convenio para proteger la diversidad cultural, que está en la agenda de la UNESCO y que tendría en la UE, como referente, el programa Cultura 2007.

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