Si se pueden adaptar los menús, ¿por qué negar el “alimento” intelectual a los alumnos católicos?

El Ministerio de Sanidad y Consumo prepara un proyecto de Real Decreto que establecerá las condiciones que deberán cumplir los comedores escolares. En…

El Ministerio de Sanidad y Consumo prepara un proyecto de Real Decreto que establecerá las condiciones que deberán cumplir los comedores escolares. Entre otras cosas, los centros estarán obligados a ofrecer, en sus menús, alternativas que se adapten a las diferentes creencias religiosas de los alumnos tanto en los públicos como en los privados y concertados. La medida, por otro lado, prohíbe instalar, dentro de los colegios, máquinas de productos con alto contenido en sales, azúcares o grasas, y también prevé que las escuelas tengan en cuenta la intolerancia a algunos alimentos y otros problemas de salud que puedan tener los estudiantes. El hecho es muy positivo porque garantiza, al mismo tiempo, tanto el respeto a la pluralidad cultural y religiosa del alumnado como la satisfacción de las necesidades alimentarias derivadas de su estado de salud.

Pero por otro lado, se trata de una medida que destapa el contraste a la hora de argumentar la iniciativa gubernamental. Muchos observadores y analistas políticos, sobre todo desde los medios de comunicación progubernamentales, comentaban este jueves que la medida está muy bien porque expresa el respeto que la sociedad española debe tener hacia los musulmanes. Curiosamente, cuando aparecen los cristianos como uno de los colectivos beneficiados por el futuro decreto, entonces parece que la cosa ya no es tan buena. La pregunta que surge ante esta paradoja, que se ha dado en las últimas horas, es muy clara: ¿Por qué esta diferencia? Lamentablemente, que el Gobierno español fije unos criterios para respetar las creencias religiosas en los comedores escolares ha encontrado, entre las reacciones, claras muestras de un sectarismo que se refleja en quienes ven como lógico un respeto a los musulmanes y luego no aplican el mismo criterio al resto de confesiones.

Este proyecto del Ministerio de Sanidad, además, es una prueba evidente de que el hecho religioso no es privado, sino de dimensión pública y colectiva. Por eso deja sin argumentos a los partidarios de liquidar la asignatura de religión confesional y sustituirla por una alternativa no confesional que sea igual para todos. Si la escuela pública y concertada debe adaptar los menús de sus comedores para atender la concepción religiosa de los alumnos, ¿por qué se cuestiona, entonces, la “alimentación” intelectual de la creencia religiosa propia de cada uno?

De aquí, surge también el planteamiento contrario, el de esa concepción laicista que ve mal ahora el decreto gubernamental con el argumento de la “no diferenciación”, el mismo criterio que lleva a defender la supresión de la clase de religión católica o de otros credos. Pero de la misma forma que los alumnos pueden ser diferenciados por sus alergias y por otros problemas de salud, también puede suceder lo mismo en razón de su religión. Y creer en Dios bajo una determinada confesión, por cierto, no es ningún problema de salud.

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