Silencios culpables

El escándalo provocado por los resultados de la investigación en las clínicas del Dr. Morín se propaga por toda Europa. Es lógico. Hablando con un per…

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El escándalo provocado por los resultados de la investigación en las clínicas del Dr. Morín se propaga por toda Europa. Es lógico. Hablando con un periodista del Telegraph que me llamó, constaté la dificultad que tiene, como persona educada en otras prácticas civiles, para entender cómo a pesar de los años que hace que existen evidencias clamorosas sobre la práctica ilegal del aborto y del infanticidio, no se había producido resultados hasta ahora.

Tampoco entiende cómo existiendo una ley ésta pueda vulnerarse de manera tan sistemática que el hacerlo constituya un negocio.

Algo parecido le sucedía a los reporteros de la televisión pública danesa cuando vinieron a verme con motivo de su otro reportaje, el más famoso de todos pero ni mucho menos el único.

No se escandalizaban por el aborto en sí, porque Dinamarca es uno de los países donde éste se implantó antes, pero sí por el hecho del fraude generalizado de ley, la falta de control y el que se pudiera abortar impunemente más allá de las 22 semanas, porque creían y con razón que ahí el nombre ya era otro, era el de infanticidio.

Ante todos estos hechos, se producen algunos silencios clamorosos. Uno, el del Ministro de Sanidad, Bernat Soria, muy dado a efectuar declaraciones aunque hasta ahora las iniciativas de su Ministerio hayan resultado más bien pobres, porque no basta con decir que “en caso de ser cierto sería una excepción muy minoritaria”, esto es escurrir el bulto, existen unas cuestiones previas sobre las que el Ministerio se debe pronunciar.

La primera es cómo es posible que exista un fraude tan sistemático.

La segunda es que cualquier adaptación no corregiría la gravedad del problema.

Porque el escándalo está en buena medida montado a causa de los abortos de más de 22 semanas. Europa no es Hong Kong, que constituyó uno de los lugares predilectos de nuestro ministro.

Más clamoroso resulta el silencio de la Consejera de Sanidad de Cataluña que hizo unas declaraciones iniciales forzadas por los hechos, que complican más que aclaran.

Sanidad debe explicar por qué teniendo conocimiento de que existían abortos que no estaban documentados no informó de ello a la justicia, como era su deber, porque siendo el aborto un delito, excepto en unos casos tasados, su obligación legal es dar parte de aquellos supuestos en los que excepcionalidad podía no existir, para que la justicia determinara lo que correspondiera.

También resulta un silencio culpable el del Presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Miquel Bruguera, responsable de haber, primero, rechazado las reiteradas peticiones para que se abriera un expediente deontológico al Dr. Morín, y después por afirmar que lo había llevado a término con carácter reservado y sin llamar a aportar elementos a quienes como E-Cristians, la asociación de Juristas Cristianos, y la asociación Médicos Cristianos de Cataluña, le plantearon el caso.

Todo esto todavía se complica más cuando resulta, según los medios de comunicación, que uno de los miembros de la junta trabaja para el Dr. Morín en una de las clínicas investigadas, y además, coincide en nombre y dos apellidos con el ginecólogo que fue detenido juntamente con Morín e ingresó en la cárcel de Alicante.

Finalmente, silencio clamoroso el del responsable de Interior, el de la policía autonómica, Joan Saura, porque si es cierto como afirman algunos medios que el pasado julio la testigo protegida declaró por primera vez ante los Mossos d’Esquadra y fueron estos los que solicitaron de la juez la prerrogativa de protección, no se explica por que después han desaparecido absolutamente de la investigación, no actuando ni tan siquiera como policía colaboradora, un papel que insólitamente ocupó la Guardia Urbana.

¿Por qué si eran los primeros conocedores de hechos muy concretos después han permanecido absolutamente al margen? Es necesario que Saura aclare esto, porque si no, una pesada y posiblemente injusta losa se abate sobre la policía de Cataluña.

La de que, como consecuencia de la acción de sus dirigentes, es una policía que actúa bajo criterio político y discrimina de acuerdo con él sus intervenciones en los delitos. Es decir, deja de comportarse como la policía de un estado de derecho.

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