Sin derecho a nacer: un drama 20 años después

“No me sentí libre para decidir. A mí no me dieron ningún tipo de información y tampoco alternativas”. Así se expresa Esperanza Puente, una mujer que …

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“No me sentí libre para decidir. A mí no me dieron ningún tipo de información y tampoco alternativas”. Así se expresa Esperanza Puente, una mujer que abortó hace unos años y que explica su caso en el libro Yo aborté, publicado recientemente en España. Hace justo 20 años, cuando entró en vigor la ley despenalizadora del aborto, los políticos que entonces gobernaban y la gente que apoyaba el texto aseguraban que se trataba de un cambio histórico. Lo presentaban como un impulso al progreso social y un avance en la recuperación de las libertades de los ciudadanos, en este caso las ciudadanas, que pasaban a ser las que podían decidir si querían tener su hijo o no. Pero la normativa vigente no ha eliminado el aborto como delito. Y esto no nos lo dicen nuestros políticos, que han permitido el aumento espectacular de la cifra de niños y niñas asesinados antes de nacer. Esta realidad ha sido posible solamente mediante el fraude de ley porque, si se aplicase la legislación con rigor, no se producirían tantos abortos.

 

Los tres supuestos (violación, peligro para la salud física o psíquica de la madre y malformaciones del feto) son una restricción que, auque no era aceptada en su momento por muchos ciudadanos ni siquiera como mal menor, requiere un trabajo mucho más decidido de las administraciones, con el objetivo de ofrecer alternativas positivas que permitan a muchas mujeres seguir adelante con su embarazo. Pero no se informa. No se dice, por ejemplo, que existe un síndrome postaborto que se manifiesta con depresiones, ansiedad, pesadillas, obsesiones constantes al ver a un niño por la calle, etc. “Hay una ley del silencio desde que se aprobó la ley del aborto en España. No interesa hablar de esta normativa”, denuncia Esperanza Puente. Esta mujer arrepentida asegura, además, que el documento oficial para abortar, el “consentimiento informado”, no incluye ninguna consecuencia psicológica como efecto de la práctica abortiva.

 

Los médicos que practican abortos, que actúan como agentes comerciales al servicio de una potente industria, siempre dicen que la intervención es sencilla y que “el problema se acaba en cuanto pase la intervención”. No cabe mayor falsedad. Está demostrado, a partir de numerosos casos como el de Esperanza Puente, que existe un síndrome que se manifiesta después de abortar. ¿Por qué no se explica? ¿Por qué con el tabaco sí y, a la hora de abortar, no?

 

‘Vergüenza’ es la palabra que nos viene ahora a la mente y que podría sintetizar lo que ha sucedido en España en estos 20 años de vigencia de una ley del aborto que teóricamente es restrictiva pero que se viola de forma sistemática. Los ciudadanos que nos consideramos defensores de la vida estamos obligados a exigir a las administraciones, así como a la Fiscalía, un mayor control para que se haga cumplir lo que establece el Código Penal. También es urgente que se constituya una intervención pública sobre los centros privados donde se aborta sin límites, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley. Pero quienes nos gobiernan, tanto desde Madrid como en las comunidades autónomas, no están por la labor. Siguen sin apoyar a los numerosos colectivos que ayudan a las embarazadas que tienen dificultades y, además, promueven acciones para facilitar que esas mujeres se deshagan de sus hijos. Todo esto sucede, por cierto, mientras siguen acumulándose ciudadanos en listas de espera para ser operados. Mientras tanto, para abortar, barra libre.

 

Sólo la educación puede encender una llama de esperanza que ilumine el difícil panorama de una sociedad que ve cómo se deforman las conciencias de sus ciudadanos. En España, nos estamos tragando el aborto como si nada.

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