Sobre el Estatuto: Necesitamos al PP

Vaya por delante que consideramos que, con el actual redactado del Título I del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se refiere a Derechos, Deberes …

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Vaya por delante que consideramos que, con el actual redactado del Título I del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se refiere a Derechos, Deberes y Principios Rectores, que establece un modelo de sociedad terriblemente ideológico y que va a encorsetar y dirigir aspectos importantes de las futuras leyes, el Estatuto no es asumible. Dicho esto, también hay que decir que, desde el punto de vista de los otros aspectos estatutarios de naturaleza competencial, financiera y de relaciones con el Estado, todo católico está en libertad de asumir o discrepar de lo que el Estatuto plantea, porque en ningún caso estar a favor o en contra se contradice con el Magisterio de la Iglesia.

 

Establecidas así las cosas, lo que queremos subrayar es que existen en la discrepancia unos límites que, desde una actitud cristiana, no pueden rebasarse, sea lo que sea lo que cada uno defienda: No se puede convertir al adversario político en enemigo, porque tal categoría difícilmente se ajusta a una conciencia cristiana. Este hecho está estrechamente vinculado al respeto a la persona del otro. El insulto, la descalificación y la amenaza no son una actitud evangélica. El respeto no se debe sólo a aquél que comparte lo que pensamos, sino también a la persona con la que discrepamos, porque si solo amamos a los que nos aman, ¿en qué nos diferenciamos de los paganos? Y esto no es una opinión, sino un mandato del propio Jesucristo

 

El mandato del deber de amar no tiene exclusiones de ningún tipo. “Nosotros hemos creído en el amor” (1 Jn 4,16). Sólo desde esta perspectiva, el cristiano puede plantear que, como dice Joseph Ratzinger, “la íntegra universalidad había llegado a ser ahora – con Jesucristo- una posibilidad práctica… todos los hombres pueden ser hermanos, pueden vivir fraternalmente desde la perspectiva del único Dios” (Fe, verdad y tolerancia, p. 137). Es a partir de estar premisas que cada cristiano, especialmente aquél que tiene responsabilidades de algún tipo, puede y debe elaborar su discurso y su actitud política.

 

Y volviendo al principio, al Título I del Estatuto de Autonomía, hay que decir que necesitamos al PP. El primer partido de la oposición, que se constituye como alternativa de Gobierno, tiene el deber no sólo de fijar su posición sobre la globalidad, rechazando el Estatuto por considerarlo una reforma constitucional encubierta, sino que, una vez sentado este principio, tiene la responsabilidad social de intervenir en el debate y proponer cambios. Su papel puede ser decisivo en desmantelar todo el mencionado Título I, que atañe a Derechos, deberes y principios rectores, además de actuar en el resto del articulado según su criterio.

 

Existen dos buenas razones para que no se convierta en un convidado de piedra que deja sin voz en el Congreso a muchas personas. La primera es la lógica del mal menor. Si no ha podido alcanzar lo que considera el mayor bien, es exigible que persiga el mal menor. Al menos lo es desde una lógica cristiana. La segunda razón es de naturaleza más política y jurídico-constitucional. El PP ya ha expuesto su tesis sobre la inconstitucionalidad de la vía elegida, pero es necesario recordar que, a partir de este planteamiento, a quien en su caso le corresponde emitir el juicio definitivo, no es al PP, ni siquiera a la Cortes españolas, sino al Tribunal Constitucional.

 

Situémonos en una perspectiva de Estado: ¿Qué sucederá si, una vez aprobado el Estatuto, en el supuesto de que así sea, y recurrido ante el más alto Tribunal, éste resuelve que es constitucional o hace algunas salvedades concretas pero ni mucho menos rechaza todo el texto? ¿De qué habrá servido entonces la  no intervención del PP en la presentación de enmiendas’ ¿Y cómo quedará como partido de Gobierno ante una norma jurídica declarada constitucional que él rechazó de manera total y absoluta? La hipótesis inversa es la de que no sea así y que el TC se cargue totalmente al Estatuto. Resulta jurídicamente muy improbable, pero en este supuesto el coste correría a cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con lo que su dimisión sería exigible. Pero esta hipotética responsabilidad en ningún caso condiciona a que el PP vele para defender los intereses de la sociedad sin renunciar al rechazo global, simplemente sujetando su criterio a lo que el órgano constitucional decida.

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