Sólo Duran Lleida (CIU) y algunos diputados del PP apoyan públicamente a los obispos en defensa del matrimonio

Las primeras reacciones políticas y sociales a la publicación de la nota de la Conferencia Episcopal Española A favor del verdadero matrimonio, en la …

Las primeras reacciones políticas y sociales a la publicación de la nota de la Conferencia Episcopal Española A favor del verdadero matrimonio, en la que pide a los católicos que rechacen el matrimonio homosexual, están siendo muy diversas. Por un lado, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, pidió este miércoles a los obispos “respeto al trabajo que realiza el Parlamento”, y añadió que el Gobierno “tiene el deber democrático” de impulsar la iniciativa. Por otro lado, algunos diputados del Partido Popular (PP) ya han adelantado que defenderán “el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer”. Por ejemplo, el parlamentario Eugenio Nasarre, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Educación, afirmó que “los argumentos del Episcopado deben ser atendidos no sólo por los católicos, sino por los ciudadanos responsables”. En cambio, el socialista Ramón Jáuregui, que ha dicho varias veces tener convicciones cristianas, comentó que los obispos “tienen que ser conscientes de que hay una demanda en la sociedad” y que “la Iglesia no puede ser ajena a esta realidad dando la espalda a sus propios feligreses”. En la misma línea, comentó que “la recomendación que la Conferencia Episcopal hace a los representantes públicos en tanto que sean cristianos es más propia de regímenes teocráticos”.

Éstas y otras valoraciones se suman a la ya expuesta por el líder de Convergencia i Unió (CIU) en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que se mostró el martes “en contra de considerar matrimonio a las uniones que no sean de un hombre y una mujer”. Pero hay más reacciones a favor y en contra de la legalización del matrimonio homosexual. Los también diputados del PP Ana Torme y José Antonio Bermúdez de Castro comentaron que la nota de la Conferencia Episcopal les “merece absoluto respeto, pues la Iglesia tiene todo el derecho a pronunciarse sobre cuestiones que afectan a la vida social, así como a realizar recomendaciones a sus fieles”. Sin salir del ámbito político, en la otra cara de la moneda, está el diputado del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) Francisco Rodríguez, quien aseguró que “resulta sorprendente que una organización religiosa excluya de una institución, que es un sacramento, a una parte considerable del género humano”. Por cierto, este político se confunde al mezclar Iglesia con Sacramento. Finalmente, aunque no se ha pronunciado de momento ningún cargo electo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), fuentes de esta fuerza política apuntan que se dará libertad de voto, pero que “se trata de una visión ética y personal que no puede imponerse”.

¿De qué libertad hablan algunos?

Entre las reacciones sociales fuera del ámbito parlamentario, destaca la de las asociaciones que representan al colectivo homosexual en España. Por ejemplo, la Federación Colegas de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales pide incluso que la Fiscalía General del Estado actué de oficio ante lo que considera “apología de la homofobia”. Por su parte, la Asociación de Transexualidad Clínica instó al colectivo homosexual y a todos los ciudadanos a “darse de baja de la Iglesia católica” a través de la apostasís. Pero el pronunciamiento más sorprendente fue el de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT). Su presidenta, Beatriz Gimeno, dijo que su organización “ha llegado hasta aquí convenciendo y no creando nuevos delitos de opinión”. Si consultamos el enlace que proponemos justo debajo de esta información, sobre un pastor protestante encarcelado en Suecia, podremos afirmar: “¡Menos mal que los gays y las lesbianas no quieren crear delitos de opinión!”.

Cuando el Gobierno presente a las Cortes su proyecto de ley para legalizar los matrimonios homosexuales, acabará de perfilarse lo que votará cada grupo. Parece claro que el PP (148 escaños en el Congreso) votará en contra, mientras que el PSOE (164), Esquerra Republicana (8), Izquierda Unida (5) y la Chunta Aragonesista (1) apoyarán el proyecto. Coalición Canaria (2) podría dar libertad de voto o decantarse por el “no”, mientras que PNV y Convergècia i Unió darán libertad de voto. En el caso de los nacionalistas catalanes, cabe destacar la posición discrepante de sus dos principales líderes, Artur Mas (Convergencia), que se ha declarado públicamente a favor del “sí”, y Josep Antoni Duran Lleida (Unió), que se ha mostrado en contra como ya ha venido explicando este periódico. En cualquier caso, parece que la mayoría no será todo lo amplia que requeriría un tema antropológicamente tan importante como éste.

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