Subrogalia, la empresa de vientres de alquiler: 6.000 euros de multa por publicitar su clínica ilegal de embriones

Igrea funcionaba sin autorización sanitaria entre los años 2015 y 2016 y tendrá que pagar 45.000 euros de multa. Es propiedad la empresa Sunrogalia, dedicada a asesorar sobre procesos de vientres de alquiler

Cualquier centro o consultorio médico debe disponer de una autorización administrativa antes de iniciar su actividad. Sin embargo, la Clínica IEGRA SL, especializada en tratamientos de fertilidad, operó en la ciudad de Barcelona durante el tiempo en que estuvo abierta, entre 2015 y 2016, sin permiso del Departament de Salut e hizo caso omiso a dos requerimientos de la Generalitat para que cerrara las puertas.

Por estos y otros motivos que recoge el expediente sancionador al que ha tenido acceso La Vanguardia, Salut ha impuesto una multa de 45.058 euros al centro. La resolución del Departament de Salut ha sido recurrida ante los tribunales, según han asegurado los responsables de la clínica, cuyas instalaciones se ubicaron en los laboratorios de un reputado centro médico de la ciudad.

Asimismo, la Generalitat ha sancionado con 3.006 euros al Instituto de Exploración Genética y Reproducción Asistida Tres Torres, que dio continuidad a la actividad de IEGRA y que tampoco llegó a conseguir la preceptiva autorización para funcionar. Por último, se castiga también a Subrogalia, empresa dedicada a asesorar sobre procesos de gestación subrogada, a pagar una multa de 6.000 euros.

Según la Generalitat, ha quedado demostrado que Subrogalia hizo publicidad de la actividad sanitaria no autorizada del Instituto de Exploración Genética y Reproducción Asistida Tres Torres, ubicado en la calle del Doctor Roux. “En nuestra clínica, si lo desea, podrá generar embriones”, se podía leer en su página web el 12 de abril de 2016, donde también se exponía que la compañía era la propietaria del centro de reproducción asistida.

La web de Subrogalia anunciaba que era propietaria de una clínica de fertilidad en abril de 2016

La web de Subrogalia anunciaba que era propietaria de una clínica de fertilidad en abril de 2016

Las tres entidades mercantiles sancionadas formaban parte del mismo grupo empresarial, del que es titular Diego Sánchez Giménez. El conocido empresario ha explicado en un escrito a La Vanguardia que su empresa “actuó en todo momento con el conocimiento de la Generalitat, que mantiene en la actualidad de forma totalmente arbitraria a muchas clínicas sin licencia durante periodos que a veces superan los dos años”.

“Pero la Generalitat no arremete contra ellas”, se queja Sánchez, “porque no son propiedad de un grupo que tiene una empresa de gestación subrogada”. Esta práctica, así como las agencias de subrogación gestacional, está prohibida en España, pero los profesionales sí pueden ofrecer asesoramiento.

A pesar de que Subrogalia se anuncia como una compañía que se limita a asesorar a clientes que optan por alquilar vientres de alquiler mediante una madre en el extranjero, la empresa ofrecía en sus contratos la posibilidad de crear embriones en España para ser enviados fuera. Unos embriones que supuestamente se generaban en la clínica IEGRA, tal como reconoció Sánchez. Una práctica que quedaría al margen de la ley. Si bien, el expediente sancionador no entra a valorar este aspecto.

La Generalitat tomó cartas en el asunto a raíz de una consulta formulada por un bufete de abogados sobre una presunta solicitud de exportación de embriones a México relacionada con dos usuarios de la clínica. La pareja interpuso una demanda contra Subrogalia para reclamar el dinero invertido en un proceso de gestación subrogada. Un litigio que se dirimirá en los juzgados el próximo mes de marzo.

Según los listados de actividad de la clínica, en ella se realizaron por lo menos 37 procesos de fecundación in vitro (FIV) y 122 intervenciones, entre punciones de donantes de óvulos, inseminaciones artificiales y transferencias embrionarias. Además, el centro hizo publicidad de la actividad para la que no tenía consentimiento administrativo, según el expediente sancionador.

Entre las cuestiones que el documento de la Generalitat considera “muy graves” resalta el hecho de que IEGRA no aportó las historias clínicas de los dos pacientes cuando le fueron requeridas ni las custodió debidamente. Al mismo tiempo, el informe expone que la clínica no practicó a los dos usuarios “todas las pruebas de laboratorio que señala la normativa”.

La empresa tampoco no facilitó, según el expediente, los registros de la recepción de muestras de semen, de criopreservación de gametos y embriones así como de las donantes de óvulos, lo que imposibilita la trazabilidad de las muestras. La inspectora también apreció “falta de colaboración” por parte del personal de la clínica durante la investigación y deja constancia de que uno de los facultativos visitaba a los pacientes sin tener un título homologado de especialista.

Además, el documento recoge la versión de una extrabajadora del centro, que declaró que la selección de donantes de semen u óvulos utilizados en los tratamientos –llamado técnicamente ‘matching’- la hacía el médico, la enfermera o el gestor. En este sentido la ley de reproducción asistida establece que este proceso solo puede realizarlo el equipo médico que aplica la técnica.

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No obstante, en el expediente queda reflejado que la clínica solicitó la autorización pertinente, pero que la Generalitat tardó un año y tres meses en comunicar que se la denegaba. Un retraso que la empresa aduce en su defensa. Por su parte, Salut asegura que la demora en la tramitación no es imputable a la Administración sino a la clínica, “que no presentó la documentación requerida”.

En el escrito de alegaciones, los responsables de IEGRA sostienen que el expediente “es improcedente” y que su incoación es “una flagrante desviación de poder”, a la vez que solicitan su archivo. Sin embargo, Salut no ha admitido las alegaciones presentadas por la compañía, como por ejemplo el motivo por el que estuvo operando de manera ilegal.

Sánchez ha explicado que su empresa compró las instalaciones de un prestigioso laboratorio, ubicado en la clínica Tres Torres, con quien la compañía ya no está vinculada, y que solicitó el cambio de la licencia pertinente. Una versión que diverge de los argumentos esgrimidos por la Generalitat, que concluye que la Clínica IEGRA era un centro sanitario “diferente” de la anterior empresa –SOMDEX-, por lo que estaba obligada a solicitar una nueva autorización.

Contra la resolución del expediente, que pone fin a la vía administrativa, solo cabe interponer recurso potestativo ante el conseller de Salut o bien recurrir mediante un contencioso administrativo. La Generalitat de momento no ha hecho declaraciones para aclarar por qué la sanción por las irregularidades detectadas en este caso asciende a un montante de 54.064 euros. Aproximadamente, lo que podría costar un vientre de alquiler.

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