Tramas corruptas, el presidente Camps y el PP

¿Tiene un representante político menos derechos que una persona de a pie? Es obvio que no. Si es un diputado incluso tiene más po…

Forum Libertas

¿Tiene un representante político menos derechos que una persona de a pie? Es obvio que no. Si es un diputado incluso tiene más porque es una persona aforada. En este contexto, es necesario recordar un derecho de carácter general: el de la presunción de inocencia. Algo que cada vez resulta más difícil en una sociedad que vive del espectáculo y que se asoma a la realidad de forma compulsiva, practicando el zapping. Necesita, más que informaciones, sensaciones espasmódicas que le permitan saltar de un estado de ánimo a otro lo más deprisa posible. De ahí que los periódicos y las televisiones se hayan convertido en una nueva y mortífera versión, para la dignidad de las personas, de los tribunales populares.

Valga este necesario enmarcar la cuestión para introducir el tema del presidente Camps y en general de todas los personas dedicadas a la política que tienen la condición de imputados. Es decir, que han de presentarse a declarar ante el juez que instruye el caso, quien determinará en primera instancia si existen suficientes indicios de culpabilidad o no para mantenerlo dentro del proceso en condición de inculpado. Pero, incluso en esta condición, la persona, toda persona, tiene derecho a un juicio de donde saldrá, entonces sí, la decisión definitiva. Es necesario subrayar, además, que aquel papel de los ‘juicios populares’ previos tiene un efecto deformador cuando la justicia se aplica a través de la figura del jurado.
Camps no sólo no tiene porqué dimitir sino que tiene todo el derecho del mundo, al igual que cualquier hijo de vecino, a defender su inocencia. Es más, lo que se ha de probar es su culpabilidad, cosa que a veces se olvida, pareciendo que sea el imputado el demostrador de que nada tiene que ver con el asunto.
En este contexto, no puede sorprender la presión mediática de algunos medios de comunicación que militan en el PSOE, el grupo PRISA, la Sexta, Público, El Periódico, entre otros. Lo que ya resulta más sorprendente es que otros medios, algunos programas de radio, de la COPE por ejemplo, se inscriban en la misma línea. En este caso la sorpresa es doble porque la forma de proceder peca de una imprudencia radical –entiéndase el término en el sentido de la virtud que encarna- y por tanto muy alejado de un estilo cristiano de comunicar (que sea dicho de paso no resulta fácil en el fragor de lo cotidiano).
En todo este entramado de corrupción con inculpados, imputados e inocentes, hay que decir que el procedimiento adoptado por el PP favorece determinadas críticas, porque puede dar la sensación que ante casos semejantes obra de manera distinta, al establecer una especie de doctrina por la cual la presunción de inocencia desparece. Pensamos que hay en todo esto una sobreinterpretación, una mala conciencia, ampliamente compartida por el PSOE, de que es necesario aparentar la virtud como criterio de entrada, y de ahí que a algunos imputados se les de de baja del partido, y a otros no porque su figura es demasiado importante. Esto sucede porque no existen los mecanismos internos necesarios, no existe una comisión de asuntos internos suficientemente fuerte e independiente capaz de elaborar un juicio político, compatible con el jurídico, caso por caso. Ni defensa acérrima de las personas que se encuentran en esta situación, ni medidas preventivas exigiendo dimisiones y bajas, sino luz y taquígrafos, aportación de datos, aunque siempre lo más prudente será guiarse por dos criterios. El ya dicho de la presunción de inocencia hasta el final, y el de dejar que la justicia opere.

Es muy fácil, y por ello tentador, en una sociedad que ha perdido el sentido moral, destruir el buen nombre de una persona. Es casi imposible rehacerlo. Más cuando la inmensa mayoría de la población cree que los políticos son corruptos por definición, sin quizás reparar que no son alienígenas venidos del espacio, sino personas surgidas de un medio social y una cultura moral común.

Vale la pena recordar el caso de Jordi Pujol y Banca Catalana. Al poco tiempo de ser presidente de la Generalitat fue inculpado por los fiscales Mena y Villarejo de un grave delito económico que movió montañas de tinta. Al final quedó en nada a pesar de que duró meses y meses, y que lógicamente fue utilizado a fondo por el PSC-PSOE para intentar demoler un personaje que les había birlado sorprendentemente la presidencia de la Generalitat en las primeras elecciones autonómicas, que el PSC-PSOE, como partido mayoritario entonces, ya daba por ganadas sin bajar del autocar. ¿Quién recuerda hoy todo aquello? ¿Qué peso tiene en la figura histórica de Jordi Pujol aquél gravísimo suceso? -algo mucho más grande que unos trajes – Nada, pero si hubiera dimitido habría pesado injustamente como una losa histórica para el resto de sus días.
Hace bien Camps en plantar cara y afirmar su verdad, y todos los demás harían también bien siendo más prudentes en esta historia, intentando así que la política sea un instrumento liberador y no destructor de las personas. Toda la energía y dureza del mundo para descubrir la corrupción, y los partidos políticos harían bien en aplicarse esta tarea, empezando eso sí por examinar sus propias interioridades, no buscar la paja en el ojo ajeno hasta estar seguro que no se tiene un par o tres de vigas en el propio. Pero una vez situados en el terreno del procedimiento judicial, políticos y medios de comunicación deberían ejercer todos y en todos los casos la virtud cívica de la prudencia y el respeto a la dignidad ajena.
Hazte socio

También te puede gustar