Un judío le explica al Tribunal Europeo de Derechos la importancia del Crucifijo

Joseph Weiler, judío observante, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, defendió la semana pasada el Crucif…

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Joseph Weiler, judío observante, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, defendió la semana pasada el Crucifijo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Su defensa fue escuchada por 17 jueces, entre quienes se encontraba Jean-Paul Costa, presidente del Tribunal, durante una audiencia extraordinaria convocada tras la sentencia de 3 de noviembre, en la que el tribunal establecía que el Crucifijo constituye un atentado a la libertad de conciencia y al derecho del ciudadano a recibir una formación según sus convicciones religiosas o filosóficas.

El profesor honorario de la Universidad de Londres explicó que en Europa no existe un único modelo en las relaciones Iglesia-Estado: basta ver las diferencias entre la laicidad francesa o el caso británico, donde la Reina es jefe de la Iglesia Anglicana.
“En muchos de estos Estados ‘no-laicos’, amplios sectores de la población, incluso la mayoría, ya no son religiosos -constató el profesor-. Y sin embargo, la continua presencia de símbolos religiosos en sus lugares públicos y estatales es aceptada por la población como parte de la identidad nacional, y como un acto de tolerancia hacia los compatriotas”, según reproduce la agencia de noticias Zenit.
“Quizá un día, los británicos, ejerciendo su soberanía constitucional, se despojarán de la Iglesia de Inglaterra, como lo hicieron los suecos. Pero es una decisión que les corresponde a ellos, no a este distinguido Tribunal”, aclaró el profesor.
“Los países de la Europa de hoy han abierto sus puertas a muchos nuevos residentes y ciudadanos. Les debemos todas las garantías de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. Les debemos respeto, bienvenida y no discriminación. Pero el mensaje de tolerancia hacia el otro no debería ser traducido como un mensaje de intolerancia hacia la propia identidad”, añadió Weiler.
Una sentencia polémica
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró el pasado 3 de noviembre que la presencia de crucifijos en las aulas de los colegios constituyen “una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones” y de “la libertad de religión de los alumnos”. El proceso se inició tras el recurso presentado por Soile Lautsi, una italiana de origen finlandés que el año 2002 pidió que se retiraran los crucifijos del instituto estatal italiano Vittorino da Feltre en el que estudiaban sus dos hijos.
En aquella ocasión la escuela se negó por considerar que el crucifijo forma parte del patrimonio cultural italiano, argumento que fue consensuado posteriormente en tribunales italianos.
Posteriormente, el Tribunal de Estrasburgo le dio la razón y declaró la exposición de crucifijos en las aulas de las escuelas públicas “una violación de los derechos fundamentales”. Lautsi apeló a este Tribunal después de numerosos intentos fallidos ante los tribunales italianos. Ahora, el Gobierno italiano tuvo que pagarle 5.000 euros “por los daños morales sufridos”. La sentencia constituyó la primera que este tribunal dependiente del Consejo de Europa emite en materia de símbolos religiosos en las aulas.
La ministra de Educación, Mariastella Gelmini, mostró entonces públicamente su rechazo a la decisión del Tribunal y señaló que “nadie, aún menos un tribunal europeo impregnado de ideología, logrará arrancarnos nuestra identidad”. La ministra que repudió el fallo consideró que “la presencia de crucifijos en las aulas no significa una adhesión al catolicismo, sino que representan nuestra tradición”.
La interpretación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo
El 14 de noviembre de 2008 el Juzgado de lo Contencioso-a.dministrativo número 2 de Valladolid dictó sentencia a favor de la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid que pedía la retirada de los símbolos religiosos del Colegio Público Macías Picabea. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León reaplicó la sentencia de Estrasburgo afirmando que “la formulación de la solicitud de la retirada de los símbolos religiosos no puede entenderse que suponga una infracción del derecho de libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.2 de la Constitución Española”.
“Otro tanto ha manifestado nuestro Tribunal Europeo de Derechos humanos cuando enjuicia la coherencia de las convicciones como para estar en conflicto con los símbolos religiosos […], y en el presente caso, no se albergan dudas acerca la seriedad del conflicto con el hecho religioso padecido por los padres de los alumnos que presentaron la solicitud”, analizaba el texto.
El texto del TSJ sentenció que “como conclusión” en aquellas aulas y para el curso escolar concreto “en el que medie una petición de retirada de cualquier símbolo religioso o ideológico, petición materializada por los padres del alumno y la cual revista las más mínimas garantías de seriedad, deberá procederse a su retirada inmediata”. Otro tanto, según la sentencia, debería realizarse “en los espacios comunes del centro educativo público. En aquellas aulas en las que cursen alumnos cuyos progenitores no hayan manifestado su contrariedad a la persistencia o colocación de aquellos símbolos, no se entiende que existe conflicto alguno y por lo tanto será procedente su mantenimiento o existencia”.
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