Un juez impone a un conocido narcotraficante trabajar con drogodependientes para asumir el daño causado a la sociedad

“En los delitos contra la salud pública la no visualización de la víctima concreta incide en no constatar el daño y,…

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“En los delitos contra la salud pública la no visualización de la víctima concreta incide en no constatar el daño y, en consecuencia, asumir por el penado los perjuicios derivados de su acción”. Con este argumento, el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha impuesto al narcotraficante gallego Laureano Oubiña unas medidas de reinserción social sin precedentes: trabajar con drogodependientes.

El magistrado considera que, de esta manera, Oubiña ha de asumir el daño causado a la sociedad. Con un innovador auto, el juez le impone su incorporación a actividades dirigidas a la reinserción y rehabilitación de drogodependientes porque “junto al proceso reparador de cara a la sociedad ha de incidirse en el aspecto resocializador de la condena, lo que obliga a imponer reglas de conducta del interno durante la clasificación del tercer grado”, advierte.

Cabe recordar que Castro otorgó el pasado 29 de diciembre la libertad condicional al narcotraficante, pero imponiéndole unas medidas no contempladas hasta ahora para condenados por delitos contra la salud pública que Oubiña, de 65 años, se ha mostrado dispuesto a cumplir. Se trata del preso por tráfico de hachís más antiguo de España y ha pasado 11 años en prisión.

El juez resalta el hecho de que Oubiña “ha manifestado no tener inconveniente en colaborar en actividades dirigidas a reparar el daño causado”. De generalizarse su decisión, los presos condenados por delitos contra la salud pública tendrían ante sí un nuevo escenario para su posible reinserción social.

“El quid de la cuestión”

Con respecto a la peculiaridad de las medidas adoptadas, para el magistrado, “este extremo es precisamente el quid de la cuestión, qué hacer con estos internos en los que más allá del cumplimiento de la condena la responsabilidad ante la sociedad se diluye al no existir víctimas concretas”.

“Obviamente, el reconocimiento del daño causado, el arrepentimiento planteado, es un importante paso pero necesita un plus de actuaciones que permitan constatar la reparación del daño y la obtención por parte de la sociedad de ese efecto reparador”.

La Junta de Tratamiento y los Servicios Sociales Penitenciarios de la prisión donde Oubiña cumplirá el tercer grado, probablemente A Lama (Pontevedra), será quien decida a qué organización social prestará asistencia el interno y los plazos que deberá cumplir.

Además, el juez Castro estima los factores de adaptación de Oubiña y cree que cumple todos los requisitos para obtener el tercer grado: se ha arrepentido, cuenta con apoyo familiar, no tiene adicciones y ha presentado una oferta laboral contrastada para desempeñar un trabajo. También ha tenido en cuenta la evolución del interno y detalla en el auto el amplio calendario penitenciario del narco cuya última condena se extinguirá el 17 de julio de 2012.

Sin embargo, la decisión del magistrado no ha sido bien recibida por Carmen Avendaño, presidenta de Érguete, la asociación de las madres contra la droga en lucha contra el narcotráfico, quien calificó la decisión del juez Castro de “medidas esperpénticas y un desatino”.

Avendaño criticó duramente las medidas de reinserción para Oubiña, al tiempo que advirtió: “ninguna organización con sentido común abrirá las puertas para que este traficante haga el paripé de reinsertarse porque no creemos en la beneficencia, en la solidaridad ni en la caridad de este señor”.

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