Un postcomunista, responsable de seguridad ciudadana

Una de las novedades de la segunda edición del tripartito catalán es que Saura ha conseguido un departamento mucho más importante, pero que presenta n…

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Una de las novedades de la segunda edición del tripartito catalán es que Saura ha conseguido un departamento mucho más importante, pero que presenta numerosos interrogantes.
Al que ya detentaba de Relaciones Institucionales, que no pasaba de ser un invento político para tener presencia en el Gobierno y proyección pública, se le unirá ahora Interior, es decir policía, guardería rural, bomberos y protección civil.
La primera cuestión que en buena lógica salta a la vista, es la contradicción entre el perfil público del responsable de la seguridad en Cataluña y una función de relaciones con las instituciones.
En el primer caso, la seriedad en la actitud y unas buenas dosis de discreción son necesarias. En el segundo, se presupone que el titular ha de derrochar simpatía, mano izquierda y presencia pública.
Dicho esto añadamos que la capacidad de Saura como gestor es perfectamente descriptible. Nunca ha tenido ninguna, y la única cosa concreta que ha caído en sus manos, la campaña para la promoción del Estatuto de Autonomía, se saldó con un espantoso resultado.
Si no hubiera sido el jefe de fila de su grupo, la dimisión o el cese eran obligados cuando la decisión política más importante, votar el Estatuto, se saldó con la mitad de los electores dedicados a otra cosa.
Pero, lo más preocupante no es esto sino las declaraciones previas de los responsables de Iniciativa que empiezan a marear la perdiz de la seguridad y a crear preocupación.
Por ejemplo, hablan de que “la seguridad debe estar dirigida a proteger a los débiles de los fuertes”, algo que no quiere decir nada o puede decir mucho, sobre todo en el sentido de quién es la autoridad que define quién es el fuerte.
Hasta ahora la justicia, y por consiguiente su brazo, la policía, consistía en defender al ciudadano del delincuente, pero estos dos conceptos desaparecen del vocabulario de los postcomunistas de Iniciativa per Catalunya.
¿Es el feto un débil que debe ser protegido de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Parece improbable que las cosas vayan por ahí. Más bien, como ha añadido la portavoz de dicho partido, Dolors Camats, su proyecto es hacer “un discurso alternativo en seguridad” basado sobre todo en el derecho de las personas y, por ejemplo, “diseñando una estrategia policial que tenga más en cuenta las políticas de género”.
No vemos qué de alternativo pueda tener defender los derechos de las personas, para esto está precisamente la policía, y si lo alternativo es meter las “políticas de género” hasta en la sopa, vamos mal.
Por eso deberían explicar con detalle qué significa esto, dada la plaga de procesamientos y encarcelamientos que se están produciendo contra los hombres con la aplicación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, donde una simple discusión puede acabar con una condena del juzgado.
Dejándose de discursos políticamente correctos, lo que se necesita que defina Saura es cómo va a hacer frente a una situación que en Cataluña, como en otros lugares de España, Madrid por ejemplo, es preocupante. Baste recordar que la semana pasada en unos pocos días fueron asesinadas tres personas en distintos lugares de la comunidad catalana.
A pesar del despliegue de la policía autonómica, los índices de delincuencia continúan siendo superiores en Cataluña que en el resto de España. Así, según los datos de la guardia civil, entre enero y junio del 2006 el aumento fue del 8%, mientras que la media española fue del 5,5%.
Estos datos hay que cogerlos  con reservas porque son substancialmente distintos a los del Ministerio del Interior y, sobre todo, porque no parece nada claro que incorpore todos los delitos en los que ha intervenido los Mossos de Esquadra.
O sea, que primero, no sabemos exactamente cuantos delitos se han cometido en Cataluña y, segundo, en cualquier caso la cifra es claramente superior a la española.
Pero no se trata solo de cantidad, sino de su naturaleza. Las bandas organizadas especialmente las formadas por ciudadanos del Este y, sobre todo, los albanokosovares con sus violentos asaltos domiciliarios, el hecho de que Barcelona se haya convertido en la capital europea de los grupúsculos violentos, son datos que se deben afrontar desde el gobierno de la Generalitat.
Recordemos sólo un hecho reciente: la escandalosa suspensión del la conferencia europea sobre la vivienda por razones de inseguridad, la primera reunión internacional que se suspende en Europa por este motivo.
Existe una degradación de las condiciones sociales que se manifiesta por un lado en la agresividad de los grupos mafiosos, por otro por la extensión y potencial económico de la red de proxenetismo, tráfico de mujeres y drogas, y tercer elemento, una violencia ambiental que cristaliza con facilidad cada vez que se produce algún tipo de celebración.
El deber de Saura y de Montilla, que es el último responsable, es el mejorar con urgencia las condiciones de seguridad que afectan a la vida de todas las personas, todo lo demás o son discursos vacíos de contenido o la peligrosa tentación de adoctrinar a la policía.

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