Una cuestión de linaje y autoridad moral

El diario ABC del pasado domingo, 6 de mayo, publicó que en el Principado de Liechtenstein, algunos se han propuesto poner fin, mediante un ref…

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El diario ABC del pasado domingo, 6 de mayo, publicó que en el Principado de Liechtenstein, algunos se han propuesto poner fin, mediante un referéndum, a la potestad de veto de las leyes y del resultado de las consultas populares que allí tiene atribuida la Jefatura del Estado. Se observa que dicha prerrogativa, cuyo ejercicio corresponde al Príncipe Alois -heredero de Hans-Adam II, en virtud de los poderes que éste le traspasó en 2004 para desde entonces mantenerse sólo formalmente como Jefe del Estado-, se extiende también sobre el resultado del tal referéndum. Pero el Príncipe ha anunciado, ante la Asamblea Legislativa del Principado, que los Liechtenstein “se retirarán completamente de la vida política” en caso de que la iniciativa popular prospere, porque la veterana institución que representan, con nueve siglos de historia a sus espaldas, “no está dispuesta a asumir sus responsabilidades políticas a menos que el príncipe tenga las necesarias herramientas a su disposición”.

Al parecer, la iniciativa trae causa del efecto que produjo el posicionamiento del Príncipe Alois frente a la consulta popular que se hizo el año pasado sobre la legalización del aborto. Anunció que iba a vetar la decisión que pudiera adoptarse al respecto, aunque finalmente no tuvo ocasión de hacerlo porque, según se dice, la positiva ascendencia de la familia real sobre la ciudadanía influyó decisivamente en el resultado del referéndum. Ello molestó sin embargo a algunos, que se quejaron de injerencias absolutistas y de falta de respeto a la soberanía popular.

Muy al contrario, sin embargo, la postura que acaba de adoptar el Príncipe Alois no puede calificarse de injerencia absolutista ni de falta de respeto a la soberanía popular, cuando está dispuesto a dejar su cargo si se le priva del derecho de veto, el cual considera indispensable para ejercer dignamente la función que le corresponde. Con ello es evidente que acalla las críticas que le hicieron hace un año, pues remite la legitimidad de la institución a la voluntad popular.

En la decisión, por otra parte, se revela la grandeza de los Liechtenstein, inseparable de su humildad, al subordinar la posición que ocupan a un orden moral superior por el cual se mantienen firmes sin reparar en el coste político, el cual están dispuestos a asumir. Como en todas las ocasiones en que alguien da testimonio de la verdad, en este caso mediante el uso legítimo y responsable del derecho de veto, o alternativamente, con la renuncia al cargo, su motivación contrasta con la de quienes sólo persiguen intereses caprichosos y egoístas, aunque sea democráticamente. Sería absurdo plantearse que el interés del país pudiera diferir de las convicciones morales de los Liechtenstein debiendo prevalecer sobre ellas, porque es evidente que la alternativa que a tales convicciones se ofrece no es sino expresión de la cultura de lo fácil y del todo vale, una cultura de la mezquindad y de la muerte.

Una cultura que nos es bien conocida en España, donde cuestiones morales esenciales se asocian a políticas de uno u otro signo, olvidando que algunas de ellas han traspasado y vienen traspasando los límites impuestos en nuestra Constitución en materia de derechos fundamentales. Es así como el supremo valor de la vida ha podido ser alienado mediante la legalización del aborto, por muy democrática que hubiera sido la tal alienación -y no más democrática que la perpetrada en el Tercer Reich-. Cierto que aquí y ahora contamos con el Tribunal Constitucional como garante de los derechos fundamentales. Sin embargo, basta recordar que hemos tenido una ley del aborto manifiestamente contraria a la doctrina de dicho Tribunal, la cual se ha estado aplicando por decisión democrática de una mayoría coyuntural de españoles irresponsables. Una mayoría que ni siquiera existe ya y a cuyo amparo han quedado impunes los innumerables crímenes cometidos. Nuestra democracia ha ido todavía más allá en sus desvaríos, poniendo en jaque otros valores y pilares del orden social como la familia como fuente de vida, a la que sirve el matrimonio, la igualdad bien entendida que es la que se predica de lo que es igual, el derecho de los padres a educar a sus hijos en la libertad de conciencia, la libertad de conciencia de todos y frente a todos, que no son valores de derechas, sino valores irrenunciables, porque así lo impone nuestra Constitución.

Sin embargo, la defensa de tales valores, en tanto que superiores y ajenos a partidismos de derechas o de izquierdas, topa en España con la estricta neutralidad de la corona, a la que sirve precisamente su régimen jurídico, que la configura constitucionalmente -por razones históricas y sociológicas evidentes- casi como un valor en sí y a preservar por sí mismo. Por ello, es de aplaudir que en un país de nuestro entorno cultural la institución monárquica pueda reivindicar y reivindique para sí, mediante el derecho que le asiste y hasta las últimas consecuencias, el papel de árbitro moral y de límite o denuncia del poder democrático absoluto. Denuncia que aun cuando quedara en mera denuncia, frente a la imposición democrática de lo más intolerable y absurdo, en todo caso constituiría un inestimable testimonio y contrapeso de las mentiras que otros venden y compran democráticamente.

El papel del monarca como árbitro moral que nos ofrece el Principado de Liechtenstein, como en su día hiciera el Rey Balduino de Bélgica, si bien de diferente forma porque a éste no le asistía el derecho de veto y se jugó también a consciencia la corona; si tal papel digo, pudiera considerarse una injerencia absolutista, como han sostenido algunos, ¿no lo sería en mucho mayor grado, no ya la orientación (por parte del monarca que asume heroica y dignamente la posible pérdida del poder que tiene constitucionalmente asignado), sino la imposición, por muy democrática que sea, de lo políticamente correcto como la nueva moral que se lleva?.

En España hemos asistido a una tal imposición y el Rey siempre ha sabido estar en el papel que tiene constitucionalmente asignado: el único posible (aunque otra cosa fuera lo deseable) en aras de la “paz” social, que acaba siendo servil concesión al proceder de una izquierda desnortada, en cuyo pluralismo y cacareada tolerancia, -de conocidas reminiscencias históricas-, sólo caben sus recetas y bravatas. Con todo, triste paradoja, nuestra monarquía, discreta por imposición, firme vocación y necesidad, tampoco así se libra del cuestionamiento de los de siempre, con sus viejos y simplones argumentos que últimamente han llegado a extremos de tintes caricaturescos, bien alejados no ya de la alta política -cuyo marco de referencia corresponde a las funciones de la Jefatura del Estado-, sino de la política a secas, para descender al ruedo de las fieras. Y es que resulta tarea ardua, amén de inútil, el noble empeño de contentar, incluso de buena fe y más allá de lo exigible, a quienes sirven a una “moral” personal o relativa cuya vara de medir tiene de arbitraria e interesada lo que de patética y ridícula. Y ésta es la cruz que se cierne hoy sobre nuestra sufrida monarquía, sometida a ejercicios -casi malabares- de mucha mayor dificultad y no sé si mejor pronóstico, -en tanto que dependiente de unos imprevisibles y manipulables ciclones democráticos-, que los riesgos bien definidos y heroicamente afrontados por el Rey Balduino y el Príncipe Alois von und zu Liechtenstein.

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