Una ley que puede resultar peligrosa

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Siempre que el Gobierno atraviesa dificultades, impulsa leyes que, además de alterar la situación social y generar nuevos conflictos, le sirven para intentar distraer la atención de sus errores. Ésta es la sospecha que legítimamente puede rodear al anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. Como siempre, detrás de un título políticamente correcto se encierran riesgos de prácticas manipulatorias.

El primero de ellos, si llega a confirmarse cuando se haga público el texto aprobado por el Gobierno, y antes de su tramitación parlamentaria, sería la aplicación del totalitario criterio de que tendría que ser el denunciado quien debería probar su inocencia, algo absolutamente contrario a toda la concepción jurídica que preside el Estado de Derecho. La segunda cuestión se relaciona con la facilidad con la que puede jugar a convertir lo que es una exigencia lógica para el desempeño de la actividad en un supuesto discriminatorio. Veamos algunos ejemplos:

La altura física para determinadas actividades que exigen condiciones de salto, de alcance y de fuerza puede ser un requerimiento; si se elimina en razón de una supuesta discriminación hacia los más bajos se estará perjudicando al conjunto de la sociedad. Las pruebas físicas para acceder a determinados cuerpos: policía, bomberos, ejército, deben guardar relación con la complexión del sujeto, y no con su sexo. Si se modifican a la baja, en razón de que sean mujeres, se tendrá en realidad militares o policías que responderán a una distinta calidad de su condición física. La libertad de enseñanza exige que los centros puedan tener un ideario propio y los profesores de estos centros han de compartir dicho ideario. Lo mismo que los alumnos que acuden a él, si lo hacen ya saben de antemano que acuden a una determinada creencia, concepción filosófica o religiosa. Si se utiliza la discriminación, como el impedir que personas que no comparten estos criterios puedan acceder a puestos de trabajo en tales lugares, se estará impidiendo la práctica de la libertad de educación. La propia Iglesia puede verse perseguida porque considera que la práctica homosexual es pecado, y así la lista podría reiterarse hasta el infinito.

Un Gobierno débil, que de realizarse elecciones ahora las perdería, no puede cometer la salvajada democrática de intentar aprobar una ley de esta naturaleza. Si lo hace y encuentra que los pequeños apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación están ligados no tanto a la naturaleza de la ley como a otros intereses, como sucede con el PNV y Coalición Canaria, se habrá dado otro paso de gigante en la demolición de la democracia en España.

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