Varapalo del Tribunal de Estrasburgo a la adopción por pareja homosexual

Por resolución del pasado 15 de marzo de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó la demanda presentada contra Francia po…

Por resolución del pasado 15 de marzo de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó la demanda presentada contra Francia por una pareja de lesbianas, convivientes bajo un “pacto civil de solidaridad”. Alegaban que una de ellas era madre biológica de un menor, en virtud de inseminación artificial efectuada con donante desconocido en Bélgica por estar limitada esa posibilidad de concebir en Francia, a las parejas heterosexuales, concurriendo determinadas circunstancias-, y que la otra mujer había solicitado la adopción del referido menor, con el fin de compartir la patria potestad. La cual, de hecho, ya venía ejerciendo desde el nacimiento del menor. La petición fue desestimada por los Tribunales, porque el Derecho francés no permite ese tipo de adopción (por ulterior adoptante) a las parejas homosexuales, sino sólo a las heterosexuales que además estén unidas en matrimonio. Así lo ratificó además, en su día, el Consejo constitucional, por resolución de 6 de octubre de 2010, declarando que no contraviene la constitución francesa el prohibir la adopción a “una pareja, o concubina”, porque aparte de que nada impide que el adoptante individual viva en pareja o concubinato, junto al menor adoptado, el legislador ha decidido deliberadamente, reservar la facultad de adoptar un menor ya adoptado, a las parejas casadas, que en Francia no pueden ser del mismo sexo, y no le corresponde sustituir al legislador en tal apreciación.

Las recurrentes alegaron infracción de los artículos 8 y 14 del Convenio para la protección de los derechos y libertades fundamentales, porque, a diferencia de las personas heterosexuales, no pueden acceder en modo alguno a la adopción pretendida. El Tribunal de Estrasburgo niega que la jurisdicción francesa haya contravenido el Convenio europeo citado, puesto que adoptó su decisión basándose en la ley aplicable, que no admite la parentalidad compartida entre la madre biológica y su pareja, en este caso del mismo sexo. El Gobierno francés sostuvo que el matrimonio constituye una institución que garantiza una estabilidad mayor de la pareja que los restantes tipos de uniones y que el legislador quiso limitar las posibilidades de adopción, con el fin de asegurar al menor un cuadro de protección permanente, tanto en lo que implica el hacerse cargo de él, como en su educación, estando justificada la diferencia de trato de las recurrentes con los matrimonios, y también en algunos aspectos con las parejas heterosexuales no casadas, ya que en Derecho francés, la filiación se funda en la alteridad sexual, sin que ello obste al libre ejercicio de la vida familiar.
El Tribunal recuerda que, según jurisprudencia reiterada, para que un problema quede amparado en el artículo 14 del Convenio (que prohíbe la discriminación), debe haber una diferencia de trato entre personas que se encuentran en situaciones comparables. La distinción es discriminatoria cuando carece de justificación objetiva y razonable, es decir, si no persigue un objetivo legítimo, o si no existe una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo a alcanzar. En consecuencia, añade, los Estados contratantes disponen de un cierto margen de apreciación para determinar si y en qué medida, las diferencias entre situaciones en otros aspectos análogas, justifican las distinciones de trato, incluyendo las de trato jurídico. Recuerda también que, por una parte, el Tribunal ha dicho muchas veces, que las diferencias fundadas en el sexo y las basadas en la orientación sexual deben estar justificadas por razones particularmente serias. Pero que, por otra parte, el margen de apreciación de que disponen los Estados para determinar si y en qué medida las diferencias entre situaciones en otros aspectos análogas, justifican las distinciones de trato, es de ordinario amplio, porque se trata de adoptar medidas de carácter general en materia económica o social. Añade que, como ya dijo en otra ocasión, el artículo 12 del Convenio no impone a los Gobiernos de los Estados la obligación de permitir el matrimonio a una pareja homosexual. Y que el derecho al matrimonio homosexual no se puede deducir del artículo 14 combinado con el artículo 8. Es más, dice que cuando los Estados deciden ofrecer a las parejas homosexuales otro modo de reconocimiento jurídico, se benefician de un cierto margen de apreciación para decidir la naturaleza exacta del estatuto conferido. Sobre la prohibición, en Francia, de la inseminación artificial fuera del contexto de una pareja heterosexual, observa el Tribunal, que no existe discriminación de trato para las recurrentes, ya que no pueden pretender que se les extiendan los efectos jurídicos previstos para esa situación cuando la suya no es comparable (porque no cumplen los requisitos de la misma).
En definitiva, sin perjuicio de situar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en su debido contexto, que es el Derecho francés, bien distinto del nuestro, lo cierto es que contiene consideraciones aplicables al Derecho de cualquier país, como son, que el matrimonio entre personas del mismo sexo no viene reconocido ni impuesto como un “derecho humano” por el Convenio europeo, y que los Estados disponen de margen suficiente para valorar, que una pareja de personas del mismo sexo presenta diferencias lo bastante significativas, como para permitir atribuirle el estatuto que se estime más adecuado a sus circunstancias, y que puede excluir la adopción. Por lo mismo, la Convención europea en materia de adopción de menores establece, en su artículo 7, que los Estados “tienen la posibilidad”, y por tanto no la obligación, de extender el alcance del Convenio, a las parejas homosexuales casadas, simplemente registradas, o meramente parejas de hecho con carácter estable.
Con todo, la sentencia contiene algunas opiniones personales de los Jueces del Tribunal, sobre lo que a su juicio debería ser y en contra de lo que resuelven, así como en contra del Derecho francés y del Derecho natural, que mueven a seria reflexión sobre la vigencia o utilidad de la “ley natural” en nuestro tiempo, ante los cauces abiertos por la ciencia y la razón no guiadas ni limitadas por la fe. ¿ El hombre sin Dios, va a poder aceptar hoy, una ley que se funda a fin de cuentas en el orden divino, sólo porque la denominemos “ley natural”, cuando más natural le parece, obedecer a lo que el propio deseo le ordena y organizar sobre ello su vida y la de los hijos que la ciencia y el Estado le pueden procurar ?. ¿ No ha de ser esto posible si no hay Dios, y en todo caso en un mundo tocado por el pecado ? Pero, ¿ qué tendrá que ver con ello, el tabú o la cobardía de silenciar a Dios y la verdad revelada ? ¿ Es que acaso es posible llevar a los hombres a Dios, sin mencionar a dónde se les conduce y para qué ?. No olvidemos que testimonio viene de la palabra “martyrium” y que la libertad exige el conocimiento porque, sin conocimiento pleno, nadie es libre para elegir bien.
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