Vence el plazo de los alquileres de renta antigua: una amenaza para los ancianos y los más necesitados

Entre 2004 y 2005 se extinguen los contratos de alquiler de renta antigua de aquellos titulares que no se acogieron a la actualización que establecía …

Forum Libertas

Entre 2004 y 2005 se extinguen los contratos de alquiler de renta antigua de aquellos titulares que no se acogieron a la actualización que establecía la ley de arrendamientos urbanos de 1994. Con aquella ley, los inquilinos podían optar por la actualización de los alquileres indefinidos de renta antigua, o por mantenerlos congelados durante 8 ó 9 años. Ahora, todas las familias que escogieron la segunda fórmula se encuentran en el trance de asumir un nuevo contrato con unos pagos mensuales mucho más elevados o, lo que es peor, tener que abandonar su hogar. Dentro de este colectivo, los principales afectados por este cambio son todas aquellas familias que tienen problemas para llegar a final de mes y, sobre todo, los ancianos que sobreviven solos y con alquileres hasta ahora asequibles.

 

Si no se plantea alguna solución alternativa, nos enfrentamos a un problema social grave, pues son muchísimas las familias en toda España que pueden verse afectadas por este cambio de situación. Tal como advierte Jordi Muñoz, presidente de la Comisión de los Derechos de la Gente Mayor del Colegio de Abogados de Barcelona, “esto supondrá un problema social que emerge ahora y será grave en el futuro”. La comisión que preside Muñoz se creó el 5 de julio de 2002 con el objetivo de analizar la normativa relativa a los ancianos y hacerla cumplir. Otra de sus funciones es la de conseguir integrar plenamente la figura de los abuelos en el seno de la familia. Para hacer efectivos estos propósitos, la entidad recoge datos técnicos y también específicos sobre la situación social y económica de las personas mayores. Después, establece cuáles son las carencias y vacíos legales que afectan a sus derechos y, a partir de estos datos, elaboran sus propuestas y sugerencias para mejorar la situación de los ancianos.

 

Una alternativa a un alto precio

 

Cuando las familias con contratos de alquiler de renta antigua se enfrentaron al dilema de escoger entre la actualización del alquiler indefinido, o congelarlo durante 8 ó 9 años, no podían imaginar el alto precio que podrían llegar a pagar al elegir la segunda opción. Tan sólo en Cataluña, Cáritas calcula que alrededor de 80.000 familias tienen problemas para llegar a final de mes y poder pagar el alquiler. De éstas familias, una buena parte puede verse afectada por la nulidad de su antiguo contrato de alquiler. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en Cataluña el 68 por ciento de los ancianos cobra menos de 540 euros y que, tal como confirma Muñoz, cada vez son más las personas mayores que acuden al servicio jurídico del Colegio de Abogados para consultar problemas derivados del alquiler, con incrementos superiores a los estipulados legalmente, las perspectivas del colectivo de ancianos afectados por la nueva situación van a ser muy negras.

 

Nada que hacer

 

Y lo peor es que, legalmente, estas personas no tienen ninguna opción de salvar el obstáculo que les plantea la extinción de su ventajoso contrato de alquiler. Tal como ha confirmado Jordi Muñoz a ForumLibertas.com, las familias y ancianos afectados por el cambio “legalmente no pueden hacer oposición, ya que cuando entró en vigor la ley se les ofreció actualizar la renta con las limitaciones legales establecidas. Por tanto, sino se actualizó, ahora se producirá la extinción del contrato en los términos que establece la ley de arrendamientos urbanos del año 1994”. Por otra parte, Muñoz lamenta que, desde la Comisión de los Derechos de la Gente Mayor, tampoco puedan emprender acciones para ayudar al colectivo afectado: “No podemos hacer nada actualmente. La ley es muy clara al respecto y no deja lugar a interpretaciones”.

 

Las familias más necesitadas y los ancianos afectados por la nueva situación de sus contratos de arrendamiento vienen a sumarse a la injusticia que genera el llamado mobbing inmobiliario, un fenómeno que según fuentes del colectivo de abogados va en aumento. El principal problema, según Muñoz, es que los afectados por asedio inmobiliario reaccionan tarde, cuando ya hay sentencia de desahucio por impago, incluso en los casos en que es el propietario quien se niega a cobrar. Por otra parte, el presidente de la Comisión cree que la nueva situación con los alquileres no influye directamente en el mobbing inmobiliario: “Pienso que no afecta en nada, porque no se trata de un cambio, sino de una situación prevista desde hace 8 años. El mobbing se continuará realizando sobre aquellas personas que tienen un contrato indefinido con una renta baja, que, aunque haya estado actualizada, continua estando a un precio inferior al del mercado”.

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