Violencia contra la mujer y pacto de Estado

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Hace dos semanas se inició en el Congreso de los Diputados la tarea de la Comisión que debe intentar acordar un pacto de Estado que aborde la violencia contra la mujer. Es llamativo que, 13 años después de aprobar una de las primeras leyes que existen en el mundo específicamente dedicada a la violencia de género y de las medidas desplegadas -incluidos juzgados especializados- se sienta la necesidad en la élite política de abordar otra vez el tema al más alto nivel, como es la consecución de un acuerdo de aquellas características. Sin duda a ello ha contribuido que en los dos primeros meses del año se cometieran 12 feminicidios, una tendencia que, de no modificarse, situaría los datos finales en los niveles de los años 2006-2010 (con la excepción del 2009), en torno a los 70 homicidios, para después decrecer y llegar a un mínimo de 44 en el 2016, una tasa de prevalencia singularmente baja, de las menores del mundo en términos comparativos.

Pero, al mismo tiempo, hay que decir que, si bien se ha producido una reducción, al menos hasta el año pasado, su grado ha sido inferior al de los homicidios totales. Los feminicidios de pareja pueden presentar una cifra que se sitúa en el 15% en el 2006 (aunque existen periódicos, caso de la Vanguardia, que no se sabe bien porqué lo sitúan en el 25% -“Celeste López: ¿Qué hacemos ahora?, 15 de febrero- en un claro intento de exagerar el problema.

En el planteamiento actual del problema, la Comisión haría bien en repasar algunos aspectos llamativos. El primero de ellos, qué es lo que no está funcionado en términos concretos, y obviando acudir al cajón de sastre donde cabe todo, del “machismo”, donde tanto cabe el menosprecio, como comentar a la pareja ¿qué le parece si su falda es demasiado corta? y utilizamos esta referencia porque es una de las publicitadas por el Ayuntamiento de Ada Colau en su última campaña “antimachista”, que decidió que aquel al que no le gusta como viste en ocasiones su pareja, si además de pensarlo se lo dice, con la esperanza, se supone, de llegar a algún acuerdo, es un delincuente en potencia. Así, a base de sal gorda no se va a ninguna parte. Una segunda cuestión ineludible es conocer las correlaciones entre el feminicidio y las variables que intervienen en él. Es falso, como dicen algunos partidarios de la perspectiva de género, que este tipo de violencia se da en cualquier circunstancia y situación social, porque, en realidad, es típica de los estadios de ruptura. Se da mucho más en las parejas de hecho, tiene una fuerte correlación con la inmigración (más por su relación con la formación aquí de parejas de hecho que por la circunstancia inmigratoria), y la muy baja prevalencia que se da entre los católicos practicantes, en relación al conjunto de la población, y la muy elevada entre las parejas de creencias ateas o agnósticas… También debe indagarse por qué abunda tanto entre los jóvenes, que han sido educados en una sociedad que, en términos de los ideólogos del género, es mucho menos “patriarcal” que la de sus padres y abuelos. En este sentido, la Comisión haría bien encargando al gobierno que es quien tiene los medios, que elaborara una serie larga de este tipo de delito, que en otra época se identificaba como un homicidio “pasional”. Debemos saber cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y esto apartará luz sobre cuestiones que ahora resultan más bien poco descifrables, y que se saldan con apelaciones tópicas y generales sin ningún tipo de base académica y, sobre todo, cuantitativa.

También, la comisión debe preguntarse por qué si en un año se producen del orden de 40.000 denuncias por violencia contra la mujer, incluso más (casi medio millón en una década) las encuestas mensuales y trimestrales del CIS registran sistemáticamente un bajísimo nivel de preocupación por parte de los españoles, que oscila habitualmente entre el 0,1 y el 0,2 por ciento ¿Es que ni una parte de los que denuncian y su entorno más inmediato lo consideran un problema importante?

Un aspecto positivo es que, por primera vez, el acento se sitúa en la prevención en lugar de la represión y la idea de que cuantas más denuncias mejor vamos. Pero sería un grave error que esa prevención no abordara las causas concretas y huyera por los cerros de Úbeda. Porque la Comisión puede concluir que la solución está en educar en la igualdad de géneros desde la más tierna infancia, con lo cual se constaría, una vez más, que este tipo de agresión contra la mujer se instrumentaliza para imponer la ideología de género. Porque, en todo caso, en lo que hay que educar es en la igualdad de derechos entre los seres humanos, que es el fundamento del Estado de derecho, y no en una ideología política tan específica como el Gender.

En realidad, prevención significa actuar en el plano de la conciliación, de la mediación y del tratamiento psicológico, admitiendo de una vez para siempre que se trata de una patología -cuando interviene el riesgo físico probado- que afecta a un número escaso de parejas y que puede ser perfectamente abordado por aquellas vías. Más mediación y asistencia, y menos represión, que solo consigue fracasar, porque si no fuera así, no se estaría reclamando ahora un pacto de Estado. Prevención significa también informar de las causas objetivas que crean condiciones para la violencia, para que hombre y mujeres sean conscientes de ello: el conflicto y la pareja de hecho son dos singularidades clarísimas

Por último, pero de una importancia decisiva, la Comisión debe abordar, como hizo hace años Suecia y Noruega con resultados excelentes, de qué manera influye la prostitución en la formación de una mentalidad que ve a la mujer no como la persona que es, sino como un objeto que debe satisfacer sus impulsos. También sería imperdonable (o resultado de la querencia de parte de nuestras élites) que se pasara por alto la otra gran codificadora de la mujer que es la pornografía, y especialmente aquella que juega precisamente con la violencia contra ella.

Pero, el pacto de Estado, para ser completo, debería extenderlo a los grandes olvidados y perjudicados de la influencia de la perspectiva de género: los menores de edad y los ancianos, cuyas cifras ocultas – ¿quién lo denuncia?  Pero, según todos los indicares tanto o más elevadas que en el caso de las mujeres- exigen un abordaje especial.

Y, finalmente, si fuera veraz y tuviera sentido de Estado, la Comisión debería conocer las causas que, a pesar de todo el discurso, hace de España uno de los países del mundo donde se cometen menos feminicidios. Uno solo, como en toda muerte es trágico, pero este precio moral no debe enmascarar que la realidad solo la discernimos por comparación, y saber por qué vamos mejor que el resto en este ámbito -como sí que lo sabemos por ejemplo en las causas de la esperanza de vida-  también ayuda a combatir el problema, en este caso bajo la estrategia de fomentar lo bueno.

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