Donald Trump compareció públicamente tras los dos ataques con armas de fuego que causaron un total de 31 víctimas y decenas de heridos en El Paso y Dayton. El que sucedieran a escasas horas de diferencia y sus autores hubiesen transmitido un mensaje claramente supremacista ha dado a estas matanzas un doble valor político. Por un lado, se ha vuelto a evidenciar con toda su crudeza, que la falta de control sobre el uso de armas –especialmente de los letales fusiles de asalto– es un riesgo contra la seguridad de los ciudadanos.
Por otra parte, la confesión de los asesinos de que actuaban contra la comunidad hispana, a la que consideran unos «invasores», añade un elemento nuevo y, si cabe, más peligro. Trump hizo un claro llamamiento para que Estados Unidos condene “el racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco”.
Propuso que los congresistas regularan el uso de armas para quien no esté penal y mentalmente acreditado, pero unió esta restricción a una reforma de la política migratoria.
Los países que han sufrido la lacra de la violencia política saben que lo importante es mantener un mensaje claro contra los asesinos y no ofrecerles coartadas comprensivas para hacer sus crímenes.
