España vuelve a llorar a sus muertos tras una nueva tragedia ferroviaria. Decenas de heridos, 45 personas fallecidas y familias rotas para siempre. Ante el impacto de los hechos, el presidente del Gobierno ha afirmado que “se asume toda la responsabilidad”. Una frase solemne, repetida casi de forma automática tras cada desastre, pero que vuelve a dejar una pregunta incómoda en el aire:
¿qué significa asumir responsabilidades cuando nadie dimite y nada cambia?
En una democracia madura, la responsabilidad política no es solo un gesto verbal ni una declaración ante las cámaras. Es, ante todo, la aceptación de las consecuencias. Y esas consecuencias suelen tener nombre propio: dimisiones, ceses, investigaciones independientes y una revisión profunda de las decisiones tomadas —o no tomadas— por quienes gobiernan.
Tragedias que no son solo accidentes
Los accidentes de tren no ocurren en el vacío. Detrás hay infraestructuras, mantenimiento, prioridades presupuestarias y decisiones políticas. Cuando durante años se posponen inversiones esenciales, cuando se anuncian grandes planes mientras se descuida lo básico, el riesgo deja de ser imprevisible para convertirse en evitable.
Lo mismo sucede en nuestras carreteras. Cada vez es más habitual encontrar kilómetros y kilómetros de vías deterioradas, señalizadas con un cartel que parece resumir la filosofía de la gestión pública actual: “Precaución: firme ondulado en los próximos 50 kilómetros”. No se arregla la carretera; se advierte al ciudadano para que se adapte. No se soluciona el problema; se normaliza.
El ciudadano paga, el poder no responde
Mientras tanto, el ciudadano cumple: paga impuestos (cada vez más, multiplicandose los ingresos del Estado), peajes encubiertos, tasas crecientes y acepta resignado la degradación de los servicios públicos. Pero cuando el fallo del sistema cuesta vidas humanas, la cadena de responsabilidades se diluye hasta desaparecer.
Esta lógica es profundamente injusta. Porque no todos asumimos el riesgo en igualdad de condiciones. Quien gobierna decide; quien viaja, confía. Y cuando esa confianza se quiebra de forma trágica, no basta con palabras solemnes ni con minutos de silencio.
Una crisis moral antes que técnica
Desde una perspectiva cristiana, esta situación revela algo más profundo que un fallo técnico: muestra una crisis moral de la responsabilidad. Gobernar no es gestionar relatos ni comparecer tras la catástrofe; gobernar es prevenir, cuidar y responder.
La Doctrina Social de la Iglesia insiste en que la autoridad política está al servicio del bien común. Y el bien común comienza por la protección de la vida humana. Cuando esta se pierde por negligencia, dejadez o mala gestión, la responsabilidad no puede quedarse en una frase vacía.
Recuperar el sentido del deber público
España necesita recuperar una cultura política donde la dimisión no sea vista como un fracaso personal, sino como un acto de dignidad institucional. Donde asumir responsabilidades signifique realmente hacerse cargo de los errores. Donde la vida de los ciudadanos pese más que la permanencia en el cargo.
Porque cuando nadie responde por nada, el mensaje que se envía es devastador: que el poder está blindado y que el ciudadano está solo.
Y esa es una herida que ninguna infraestructura, por moderna que sea, puede compensar. En recuerdo de las víctimas del terrible accidente ferroviario de Adamuz y la dignidad de su memoria y las de sus familias. Descansen en paz.
Daniel Fernández
