La ministra de Educación niega la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos

Política

La ministra de Educación en funciones del Gobierno socialista de Pedro Sánchez y actual portavoz del mismo, Isabel Celaá ha asegurado que la Constitución no sostiene el derecho a los padres de elegir la educación de sus hijos.

Así se ha expresado la socialista este jueves, 14 de noviembre, en un entorno para nada gratuito: el XV Congreso Escuelas Católicas. Celaá ha afirmado que tal derecho “no está recogido en el artículo 27 de la Constitución” ante más de 2.000 católicos. 

Tales declaraciones, a parte de alarmantes, suceden en un momento en el que el Ejecutivo de Sánchez se encuentra negociando un gobierno de coalición –el primero estatal de la democracia española- con la formación comunista Unidas Podemos. Una coalición vista con muchos recelos. 

Las declaraciones de la ministra en funciones, además de ser capciosas, son falsas. Y es que en el punto 1 del artículo de la Constitución se reconoce la libertad de enseñanza, y el punto 3 afianza el derecho de los padres para ello, afirmando: “para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

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Por lo tanto, son los padres, y no el Estado, quien decide qué tipo de educación quiere que tengan sus hijos. Y, al mismo tiempo, el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos y garantizar la pluralidad de escuelas para que, en proporción a la demanda, los padres tenga la suficiente oferta para elegir el centro educativo que más se ajuste a la educación que eligen para sus hijos. 

En jaque el sistema de educación concertada

La realidad es que las declaraciones de Celaá, de transferirse a acciones de gobierno concretas, pondría en jaque el sistema de concertación actual que ofrece la posibilidad a los padres de elegir. Además, claramente iría en contra de la educación en los numerosísimos colegios católicos que funcionan bajo el sistema de concertación. Está claro que, de planearse esa acción la razón sería conculcar los derechos de los padres dañando profundamente la educación de valores en centros católicos.

De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de derechos que puedan tener los padres, madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución“, ha afirmado Celáa en el XV Congreso Escuelas Católicas, que representan el 15% del total del sistema y el 58% de la enseñanza privada-concertada.

educacion

Las declaraciones de Celaá ponen el jaque el sistema de la concertada y la libertad de elección de los padres a elegir educación para sus hijos

La reacción del público asistente al evento fue de desaprobación ante lo cual la ministra en funciones reaccionó afirmando: “No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27”. 

Sin embargo, el punto 6 del citado artículo reconoce la libertad de creación de centros docentes en este mismo sentido.

Para la ministra, la elección de centro “formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres y madres en las condiciones legales que se determinen”, pero estarían esos derechos al margen de la Carta Magna, por lo que, a su juicio, dejarían de ser constitucionales.

Celaá ha afirmado que “la libertad de enseñanza ha sido representativa de aquellas posiciones que postulaban una defensa activa de los centros educativos en manos privadas frente a la posición de los poderes públicos como sujetos educativos“. 

“Que esta expresión –ha continuado- haya significado usualmente esto en la historia de nuestro país no implica que su utilización por la Constitución española responda a las premisas históricas descritas”.

La Conferencia Episcopal ha respondido

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha respondido deseando que sea “un lapsus”. 

“De no ser así, supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza”, según el prelado. 

Monseñor Argüello ha contextualizado las declaraciones de Celaá “en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas comunes y un desarrollo conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social”. 

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