La corrupción política en España no es un accidente. No es simplemente el resultado de unos cuantos individuos sin escrúpulos. Es, más bien, la consecuencia directa de un sistema político dominado durante décadas por un bipartidismo que ha secuestrado la representación ciudadana y ha convertido los partidos en castas cerradas, protegidas por un sistema electoral que prioriza la obediencia a las cúpulas frente a la voluntad popular.
Como he argumentado anteriormente, la raíz del problema está en el diseño mismo de nuestra arquitectura institucional: en la partitocracia que ha sustituido a una verdadera democracia representativa. En lugar de representantes vinculados con sus electores, tenemos listas cerradas y bloqueadas, aparatos de partido que cooptan el poder, y una cultura política de impunidad y clientelismo.
La alternancia entre PSOE y PP no ha supuesto una auténtica alternativa. Ha sido un simple cambio de gestores del mismo modelo partitocrático. Las promesas de regeneración se repiten cíclicamente, pero sin tocar lo esencial: el modo en que se elige, se controla y se evalúa a nuestros representantes.
El caso más reciente lo ilustra Podemos, que señala con razón a Pedro Sánchez como parte del problema, pero advierte que su relevo no cambiaría nada. Y tiene razón en ese diagnóstico: mientras el sistema siga garantizando la lealtad del diputado a su partido y no al ciudadano que lo vota, nada sustancial cambiará. Podrán variar los nombres, pero no la lógica del poder.
¿Qué necesitamos entonces?
- Una reforma profunda del sistema electoral, que abra la posibilidad a listas abiertas, circunscripciones uninominales y mecanismos de revocación del mandato. La ciudadanía debe recuperar la capacidad de elegir y controlar directamente a sus representantes.
- Despartidizar las instituciones clave del Estado, empezando por el poder judicial, los órganos reguladores y los medios públicos. No puede haber justicia ni transparencia cuando estos órganos están copados por cuotas partidistas.
- Fomentar una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas, no solo cada cuatro años, sino de manera constante. La transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana real deben ser pilares del nuevo modelo.
No basta con denunciar los escándalos de corrupción: hay que cambiar el sistema que los permite y los perpetúa. La Constitución de 1978 fue un paso histórico, pero hoy urge una revisión que actualice el pacto social y político para el siglo XXI. Porque una democracia sin representación auténtica, sin controles efectivos al poder, sin ciudadanos activos y exigentes, se convierte fácilmente en una fachada vacía.
El bipartidismo ha fracasado. La partitocracia ha demostrado ser incapaz de renovarse desde dentro. Es hora de que la sociedad civil tome la palabra y exija una política al servicio del bien común, no del beneficio de las élites partidistas.
Twitter: @lluciapou
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