El conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), anunció la semana pasada que su Departamento tiene la intención de no renovar los conciertos a los centros educativos que llevan a cabo una educación segregada por sexos en las etapas de secundaria y bachillerato. La decisión es contraria a lo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya determinó cuando hubo el mismo intento con la educación primaria para el curso 2020-2021. Por lo tanto, judicialmente tiene toda la pinta que acabará del mismo modo: los centros solicitarán la suspensión de la denegación y el tribunal decretará la misma de forma cautelar hasta que haya sentencia.
En todo caso, hay que destacar que se vuelve a desenterrar un viejo debate, por un lado, sobre la libertad de enseñanza, recogida en el artículo 27.1 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Y, por la otra, sobre la libertad de elección del método educativo que disponen los padres de los alumnos, recogido en el artículo 27.3, el cual determina que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Precisamente en base a estos dos preceptos hay que salir en defensa de los conciertos en los centros educativos, especialmente los que llevan a cabo una educación segregada, los cuales se encuentran amenazados por un Govern con obsesiones intolerantes y reaccionarias.
En primer lugar, afortunadamente convivimos en una sociedad pluralista donde se respeta la libertad de enseñanza y, por lo tanto, conviven pacíficamente varios métodos educativos, en contraposición a los sistemas totalitarios donde se impone el monopolio de la enseñanza en manos del Estado. En este sentido, hay que recordar que para garantizar el derecho a la educación que pregona el mencionado artículo 27.1 de la Constitución, se crearon en los años 80 los conciertos educativos entre las autoridades educativas y las entidades o fundaciones educativas de carácter privado. Se hizo, por un lado, por la necesidad de escolarizar unas nuevas generaciones cada vez más numerosas y, por otro, por la incapacidad del sector público de hacerse cargo de los gastos de construcción de nuevos centros educativos.
El modelo de escuela concertada favorece, pues, por un lado, el acceso a la escolarización y, por el otro, la libertad de enseñanza de cada centro. Además, las autoridades educativas, en nuestro caso, el Departamento de Enseñanza, ejercen la fiscalización de la escuela concertada financiando parte de su gasto, determinando el currículum básico e inspeccionando periódicamente su ejecución.
Por lo tanto, más allá que nos puedan parecer mejores o peores la variedad de métodos educativos empleados en la escuela concertada, lo que queda claro es que es un modelo que dispone de plena vigencia y utilidad a día de hoy.
En segundo lugar, “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, cosa que favorece de forma determinante el modelo de escuela concertada, el cual facilita el acceso a familias con un nivel de renta que los haría imposible asumir el coste de la educación privada a modelos educativos alineados con la formación religiosa y moral que buscan para sus hijos.
En este sentido, hay que destacar algo que desde mi punto de vista no tendría que ser necesario, pero que a día de hoy se hace imprescindible. Nadie mejor que los padres sabe y vela por lo que es mejor para sus hijos. Mucho mejor que los poderes públicos, el rol de los cuales es el de garante de los derechos y libertades de la ciudadanía, entre los cuales está la libertad de enseñanza, la cual tienen que favorecer y defender. He aquí que los que aparentemente son garantes de la libertad de enseñanza, la atacan furibundamente y, por lo tanto, se desentienden dolosamente de esta misma función hacia los derechos y las libertades.
En definitiva, el que se entrevé de todo ello, en mi humilde parecer, es una cruzada por la implantación de un modelo de sociedad basado en el pensamiento único en el cual cada vez tienen menos cabida la libertad de enseñanza, la libertad de expresión y la libertad religiosa. Y lo hacen cambiando el lenguaje, camuflando de moderna su agenda intolerante y sectaria. Son los mismos que quieren prohibir y criminalizar orar ante clínicas abortistas los que ahora pretenden abolir por la puerta trasera el derecho de los padres a escoger la educación que consideran mejor para sus hijos.
Ante todo ello, los hombres y las mujeres de bien de este país, los cuales somos mayoría, tenemos la oportunidad, pero también el deber de arrinconar la intolerancia y el sectarismo, a través de nuestro ejemplo y con dos armas mucho más poderosas que la coerción de los poderes públicos: la concordia y la fraternidad cívica.
No pasarán.
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