La educación: ¿derecho de los padres o derecho del Estado?

Posiblemente, no haya ningún país en Europa donde, en estos momentos, la política educativa esté más ideologizada. En el ámbito estatal, la LOMLOE (la bautizada como Ley Celaá) está recurrida en el Tribunal Constitucional por varios temas, entre ellos los ataques a la escuela concertada, a las escuelas de educación diferenciada, a las escuelas de educación especial, el tratamiento a la asignatura de Religión y otras tentativas del gobierno de Pedro Sánchez.

En Catalunya hemos asistido hace pocas semanas a la voluntad del Govern – auspiciado por ERC, que es quien ostenta la Consejería de Educación- de negar y no renovar los conciertos económicos a las escuelas de educación diferenciada, por puro sectarismo ideológico.

Lo que ha sido prácticamente posible conseguir –el consenso político- en el terreno de la política económica, las relaciones laborales, el sistema sanitario, el ámbito sindical, etc., ha fracasado en el tema de la educación. Es triste admitirlo, pero, a la vez, no me sorprende. Hay un sustrato ideológico en el socialismo, y aquí en Catalunya en ERC, que lleva a considerar la educación como instrumento de control y de poder. Este lastre estatalista ve con desconfianza y recelo la libertad de enseñanza, o sencillamente, tilda la educación promovida por instituciones religiosas y otras entidades privadas, como un privilegio sospechoso que debe ser controlado.

Estas iniciativas del Gobierno no nacen con vocación de leyes que pretendan la mejora sustancial de la calidad de la enseñanza -la pública fundamentalmente- sino meramente como leyes planteadas para ir en contra de la enseñanza privada concertada, y en el caso de ERC en Catalunya, en el fondo y subrepticiamente, como ataque directo a una institución, la Iglesia. Obviamente, esto es mero totalitarismo.

Al margen de otras cuestiones, quisiera llamar la atención de dos temas que, para mí, son clave en este momento en la filosofía socialista respecto a las leyes sobre la enseñanza. Primero, el intento de concebir la educación como un servicio público. Segundo, la pretensión de entender la red de escuela privada concertada como subsidiaria de la escuela pública.

Si la enseñanza es concebida como servicio público, y por tanto derecho prevalente del Estado, la enseñanza privada pasa a ser simplemente una concesión que otorga el Estado, meramente para cubrirse las espaldas frente a las leyes constitucionales e internacionales, que amparan el derecho a la libertad de enseñanza. Se confunden conceptos. La educación no puede ser entendida como servicio público, sino como servicio de interés general, que es cosa bien distinta. La enseñanza privada y la enseñanza privada concertada –que cumplen, ambas, un claro papel social- no son subsidiarias de la enseñanza pública. Al contrario, hay que recordar que es el Estado el que cumple un papel subsidiario –lo cual no quiere decir que no tenga derechos y deberes que ejercer- respecto del derecho de los padres a la educación de sus hijos.

En todo este planteamiento late una cuestión de fondo: ¿de quién es el derecho fundamental y originario a educar? ¿de los padres o del Estado?

De la respuesta que se dé a este interrogante deriva todo lo demás. Si son los padres los que tienen el derecho natural a la educación de sus hijos, la consecuencia lógica es la libertad de enseñanza, con todo lo que ello comporta. Si, en cambio, se admite que el Estado está antes y por encima de la familia, esta deriva nos conduce a una concepción del hombre y de la sociedad de cuño estatalista y colectivista. En esta perspectiva y concepción, PSOE-Podemos y ERC coinciden en sus planteamientos filosóficos originarios.

En el fondo, esto es lo que está pasando en España, donde el socialismo del PSOE y de otros partidos ideológicamente más radicales, como Esquerra Republicana y los sucedáneos del antiguo comunismo, no logran desembarazarse del lastre marxista de sus orígenes. No es sólo que el socialismo ideológico –más radical o más aguado- tenga un modelo de escuela que desee imponer, sino que se pretende configurar –en el más puro laicismo- un modelo concreto de sociedad y de persona. El individuo al servicio del sistema social. La pretensión de que el fin de la educación sea hacer de la persona un mero ciudadano del Estado – de ahí el anhelo de introducir como obligatoria la asignatura de Educación en Valores, como en su momento lo fue la asignatura de Educación para la Ciudadanía– es un reduccionismo con tintes totalitarios.

Ya lo descubrió el marxismo hace tiempo –como pregonaba Antonio Gramsci– cuando intuyó que el motor de la revolución social no era la economía, sino el control de la cultura.