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TMB se autodenomina ‘empresa privada’ para justificar el veto a publicidad pro vida en los autobuses


La Síndica de Greuges (defensor del pueblo en el Ayuntamiento de Barcelona), Pilar Malla, dió la razón a E-Cristians el pasado mes de marzo al apreciar que “la denegación a publicitar la campaña de Mucho en Común […] limita la libertad de expresión”, por lo que “recomienda al Ayuntamiento revisar el Protocolo”.

Sin embargo, la empresa TMB (Transports Municipals de Barcelona) que gestiona el servicio público de transportes de la ciudad de Barcelona ha contestado a E-Cristians que al ser una empresa privada puede “limitar lo que ha de ser objeto de publicidad” en relación a la queja de la asociación por el veto de TMB a incluir publicidad de ideas en sus autobuses.
En concreto, E-Cristians quería publicitar una campaña a favor de la vida el pasado mes de diciembre, entonces el Ayuntamiento de Barcelona vetó la campaña provida de Mucho en Común en los autobuses de Barcelona, que pretendía sensibilizar a los jóvenes y al resto de la sociedad sobre las consecuencias del aborto.
E-Cristians elevó varias quejas y remitió un escrito de protesta a varias instituciones, entre ellas la la Síndica de Greuges en el que denunciaba la censura ideológica que el Ayuntamiento de Barcelona había ejercido con la campaña provida.
Ahora, el director de los Servicios Jurídicos de TMB, Albert Casanovas Mon, ha respondido a E-Cristians al ser interpelado por la asociación con la respuesta del defensor del pueblo en la mano. Casanovas a afirmado que están “en desacuerdo con sus argumentaciones” ya que TMB, “a pesar de que se integra en lo que se llama sector público, no tiene el carácter de Administración Pública”.
Por ello, TMB agrega que eso supone que los contratos tienen “carácter privado” y que “están modulados por las normas sobre contratación pública en aquello que acontezca con respecto de la contratación sobre derechos patrimoniales, y así establecer los pactos que consideren convenientes, como limitar lo que ha de ser objeto de publicidad, sin que ello suponga vulnerar ninguna norma”.
Casanovas sentencia agregando que “nada impide a Transports de Barcelona, SA, que no es una Administración Pública, definir a los pliegues que ha de regir una licitación las condiciones que considere oportunas, mientras no sean ilícitas o contravengan alguna disposición, cosa que en ningún caso ha sucedido”.
Sin embargo, cabe recordar que, aunque TMB se autodeclare empresa privada, se sostiene con capital público y el consejo de dirección está formado por regidores y cargos políticos del Consistorio barcelonés.
Los antecedentes
Cabe recordar que, a lo largo de los dos últimos años, diversas asociaciones de todo tipo han estado haciendo servir la publicidad en los autobuses de las grandes ciudades, concretamente en Madrid y Barcelona, un hecho bastante común en todas las grandes ciudades europeas.
En el caso concreto de Madrid, nunca ha habido ningún problema. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona se sacó de la manga un ‘Protocolo’ de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) para poner fin a este tipo de iniciativas.
Tras una primera campaña en los autobuses municipales, con el lema ‘Cuando todos te abandonan, Dios permanece contigo’, E-Cristians presentó una segunda iniciativa a finales de 2009 que en este caso iba dirigida a apoyar la campaña contra el aborto de Mucho en Común.
La campaña planteaba una situación por la que atravesaban dos jóvenes con la pregunta “¿Es realmente feliz”? y añadía: “Entra en la web para conocer su historia”. Eso es todo.
El Ayuntamiento, entonces, recurrió al mencionado protocolo para justificar su rechazo a la iniciativa de Mucho en Común, argumentando que ese tipo de campañas “tienen por finalidad provocar el debate social y la repercusión mediática
Aludía también el protocolo a la “escasa rentabilidad económica” de este tipo de publicidad y concluía que “sólo se aceptarán […] campañas de anunciantes comerciales y campañas de publicidad institucional, de partidos políticos y electorales”.
Es decir, según TMB sólo se acepta desde el Ayuntamiento el debate social si lo promueven los partidos políticos.
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