Con respecto al comercio de armas en el mundo se produce una preocupante paradoja: mientras las guerras entre países han disminuido en gran medida, el tráfico y la venta de armas es un negocio en constante auge. Y no estamos hablando sólo de países bien dotados económicamente para comprar todo tipo de armamento, sino que las armas abundan en los lugares más miserables del planeta.

Así lo advierte el Small Arms Survey (Encuesta sobre Armas Pequeñas), una iniciativa del Centro de Estudios Internacionales de Ginebra que se especializa en el análisis de los mercados y las consecuencias del comercio internacional de las armas portátiles, como pistolas y revólveres, fusiles y metralletas, lanzagranadas y demás armas pequeñas.

“En los pueblos y ciudades de Sudán o Yemen, en la selva de Colombia o en Sri Lanka, en las montañas del Congo, Afganistán o Chechenia falta de todo. Pero no armas. Armas que, cada año, causan 500.000 muertes”, denuncia el columnista de El País Moisés Naím, uno de los más leídos en Iberoamérica y autor de más de diez libros sobre economía y política internacional.

En un artículo publicado en ese diario el pasado 25 de marzo, Naím recuerda que “los investigadores del Survey estiman que hay 875 millones de esta clase de armas en circulación en todo el mundo, producidos por más de 1.000 empresas en más de 100 países, que participan en un mercado que mueve 7.000 millones de dólares al año”.

Secretismo e indiferencia

Ante tal proliferación de armas portátiles, los expertos consideran que la falta de información, el secretismo y la indiferencia con que los países exportadores tratan el tema son el principal obstáculo para poder reducir los estragos que este tipo de armamento causa en el mundo y para poder adoptar políticas públicas que puedan mitigar el problema.

“Hoy hay más proveedores y compradores que antes y, crecientemente, ni vendedores ni compradores son los gobiernos o sus fuerzas armadas, sino clientes ‘privados’ como insurgentes, guerrilleros, terroristas y bandas criminales”, asegura Naím en su artículo.

A pesar de que desde los años noventa los conflictos armados entre países se han reducido notablemente, ocurre todo lo contrario con los conflictos dentro de los diferentes países.

Así, “hemos visto cómo han aumentado las guerras civiles, las insurgencias los enfrentamientos armados entre facciones políticas. La primavera árabe, por ejemplo, ha producido un shock de demanda en el mercado de armas portátiles. En Siria, antes de la crisis, un fusil Kaláshnikov (el AK-47) se podía conseguir por 1.200 dólares en el mercado negro; ahora cuestan más de 2.100 dólares”, destaca el experto.

“En el caso de la indolencia de la comunidad internacional con respecto a la proliferación de armas portátiles, y de los países y empresas que se lucran con ellas, la indiferencia y la hipocresía tienen consecuencias letales”, concluye Moisés Naím.

Ley de Transparencia, pero que sea de verdad

En el caso de España, donde se ha abierto un período de consulta pública para el desarrollo de la futura Ley de Transparencia, precisamente ante ese secretismo e indiferencia a los que hace referencia Naím, una serie de asociaciones pro derechos humanos reclaman información pública en materia de defensa y comercio de armamento.

Según la nota de prensa emitida por un grupo de ONGs, entre las que se encuentran el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs y diversas asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, se han presentado un conjunto de alegaciones por entender que “la nueva ley supone un ataque al derecho al acceso de información pública relativa al comercio exterior de armas”.

Además del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, organización dedicada al fomento de una cultura de paz y la construcción de una sociedad desarmada y que, desde 1999, denuncia los efectos negativos del militarismo y el comercio de armas, se han sumado a la iniciativa CEAS-SAHARA (Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara), Um Draiga (asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón), y organizaciones jurídicas como IAJUWS (Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental), el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, el Observatorio asturiano para el Sahara Occidental y JUPADEHU (Juristas por la Paz y los Derechos Humanos).

Con anterioridad, varias de estas organizaciones suscribieron solicitudes de información relativas a la venta de armas dirigidas a la Secretaría de Estado de Comercio, siempre con respuesta negativa por acogerse a la Ley de Secretos de Estado, dice la nota de prensa.

Un anteproyecto opaco

“Se desarrollaron campañas de denuncia activa sobre el papel perverso del Estado español en la venta de armamento de origen español destinado a Marruecos. Denuncia que se basa en la ocupación ilegal y violenta del Sahara Occidental, desde la invasión del territorio en 1975 hasta la actualidad”, añade.

“Posteriormente, durante los levantamientos populares de la ‘Primavera Árabe’ se conoció que se había utilizado para la represión civil armamento español tanto en Libia (bombas racimo) como en el Sahara ocupado (vehículos militares en El Aaiún, durante el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik), pese a que la legislación española indica claramente que la venta de armas a países en guerra o en zonas desestabilizadas está prohibida”, subraya.

Las entidades firmantes denuncian “la opacidad del anteproyecto y que la futura Ley podría aumentar la opacidad sobre el comercio de armamento al considerar que la transparencia en esta materia puede perjudicar los intereses de la industria armamentista. Un secretismo que en el comercio de armas tiene como única finalidad favorecer las exportaciones de armamento”.

“En contra de las pretendidas bondades democráticas que el Gobierno predica del anteproyecto lo cierto es que una concepción democrática de la defensa exige, por el contrario, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber sobre la información relacionada con la defensa nacional”.

La nota concluye solicitando “la modificación del anteproyecto para que se incluyan, expresamente, la información relativa a la defensa y al comercio exterior de armamento como materias propias del derecho de acceso a la información pública”.