La política exterior del Gobierno español sigue recibiendo reveses incluso por parte de aquellos países con los que se ha empeñado en mantener excelentes relaciones, a pesar de infringir los Derechos Humanos, como es el caso de Marruecos. Este domingo, 5 de junio, el Gobierno marroquí vetó la entrada en el Sahara a una delegación de políticos, miembros de ONG y periodistas españoles que pretendía comprobar la situación de libertad y dignidad humana que se respira en El Aaiún, la capital saharaui. Tras 24 horas de espera e incertidumbre en Las Palmas para el grupo expulsado, que se ha reunido con el cónsul marroquí en la isla canaria, Marruecos les impidió volver al Sahara.

Las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores español por el desaire de las autoridades marroquíes resultaron infructuosas y los gendarmes de ese país ni tan siquiera dejaron desembarcar del avión a los visitantes españoles, entre los que se encontraban la portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés y la alcaldesa de San Fernando de Henares, Montserrat Muñoz, perteneciente asimismo a IU.

En el grupo también viajaban los concejales de los Ayuntamientos de Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz (Madrid), ambos del PSOE, Valentín Gómez y José Sánchez Luque; el presidente de la coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Sahara, José Taboada; el presidente de la Liga Española pro Derechos Humanos, Francisco José Alonso; un representante de la Federación Internacional de la Liga pro Derechos Humanos, Marc Atala; y un representante de la Liga pro Derechos Humanos, Faustino Crespo. También fue expulsado un fotógrafo de la agencia REUTERS que no formaba parte de la expedición española. Todos los componentes de la delegación fueron devueltos a Las Palmas.

No volver al Aaiún

Tras las protestas oficiales por parte del Ministerio de Exteriores español y las gestiones prometidas al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, por el ministro Miguel Ángel Moratinos para “intentar arreglar” la situación, este lunes, 6 de junio, se reunieron los miembros de la delegación española vetada en el Sahara con el cónsul marroquí en Las Palmas. Los intentos de reconducir la situación resultaron infructuosos y el cónsul “recomendó” textualmente al grupo con el que se reunió que no vuelva a El Aaiún porque “la situación y las condiciones son las mismas de ayer”, aunque aseguró que trasladaría sus peticiones a las autoridades marroquíes. Según la concejal IU en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, “la reunión ha sido tensa pero correcta”.

Sin embargo, horas después, aunque el Gobierno marroquí mostró su disponibilidad a que viaje “en los próximos días” al Sahara una delegación española con representantes de todos los grupos parlamentarios, no permitió que el grupo expulsado volviera a El Aaiún. “Denunciamos lo sucedido por el trato recibido y el impedimento de las autoridades marroquíes a entrar en El Aaiún. Estamos preocupados por la situación de los que están dentro. Algo tiene que esconder Marruecos” declararon los representantes de la delegación que se han entrevistado con el cónsul.

¿Diálogo fluido?

A pesar del desaire recibido, el ministro Moratinos declaró después de la negativa de Marruecos que “las intensas conversaciones” mantenidas con el Gobierno marroquí han puesto de relieve que el nuevo marco de “diálogo fluido” permite que se activen de manera muy eficaz los mecanismos de consulta bilateral, en relación a la opción ofrecida por las autoridades marroquíes de que sea una delegación formada por todos los grupos parlamentarios la que visite “próximamente” la zona. Cabe preguntarse que opinarán los miembros de la delegación expulsada sobre lo que entiende el ministro por “diálogo fluido”.

Sonrisas a cambio de expulsiones

Mientras ZP insiste en hacer gala de su talante y sonrisas con los líderes de países que no respetan los derechos humanos, como es el caso de Marruecos y Cuba, estos países no dudan un segundo en expulsar a representantes españoles siempre que estos cuestionen sus políticas internas, como ha sucedido ahora en territorio marroquí y como sucedió el pasado 20 de mayo en “la perla del Caribe”.

El régimen de Castro expulsó del país a dos ex senadoras del Partido Popular y a cinco periodistas polacos, poco antes de asistir a un congreso de la oposición al dictador cubano. El diputado de Convergencia i Unió en el Congreso, Jordi Xuclà, que también iba a ser expulsado, consiguió permanecer en la isla gracias a la mediación de la embajada española.

De 6 meses, a más de un año

Las ganas de agradar al Gobierno de Marruecos hicieron que Zapatero asegurara el 29 de abril de 2004, recién llegado a La Moncloa, que podría encontrar una solución al conflicto del Sahara “en seis meses”, anunciando incluso una gran “movilización” de los recursos diplomáticos españoles a tal efecto.

Sin embargo, los seis meses se han convertido en más de un año y todo apunta a que la precaria situación por la que atraviesan los ciudadanos saharauis no va a mejorar por la influencia y actuaciones del Ejecutivo socialista español, más bien al contrario, incluso a pesar de que la misma ONU se ha mostrado preocupada por la situación del pueblo saharaui.

Tras este último incidente, parece evidente que la nueva era de relaciones bilaterales con Marruecos que el presidente del Gobierno anunció en su momento sufre un serio contratiempo, pese a los negocios de venta de carros de combate con el país vecino, que supusieron un nuevo desaire al pueblo saharaui.