El 8 de octubre, la Comisión Europea presentó su “Estrategia renovada en favor de la igualdad de trato de las personas LGBTQI para después de 2025”.
El documento, ambicioso y de amplio espectro, propone que el reconocimiento legal del cambio de género se base en la mera autodeterminación, sin exigir intervención médica y sin fijar un límite mínimo de edad.
Además, impulsa el reconocimiento automático entre Estados miembros de los vínculos de filiación y de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y apunta —de modo indirecto— a facilitar el reconocimiento de niños nacidos mediante gestación subrogada en toda la Unión.
La estrategia, dotada de líneas de financiación que suman 3.600 millones de euros para diversos programas, también se proyecta sobre ámbitos como la atención a víctimas, la cultura y el deporte, y la “resiliencia” ante crisis y ciberataques.
La propuesta plantea preguntas serias
La primera es la protección de menores. La ausencia de un límite de edad para el cambio de sexo registral, unida a la eliminación de requisitos médicos, abre un vacío de tutela:
¿Cómo se garantiza la madurez del consentimiento y la proporcionalidad de decisiones con efectos duraderos sobre la identidad y el bienestar psicosocial?
La ciencia clínica y la prudencia jurídica reclaman procesos evaluativos robustos, con participación de familia, escuela y profesionales, especialmente ante la creciente evidencia de comorbilidades y de arrepentimiento en algunos casos.
Transformar la excepción en regla generalizada, sin salvaguardas explícitas, no es igualdad, más bien es temeridad normativa.
La segunda cuestión es la seguridad jurídica y la subsidiariedad. El reconocimiento transfronterizo automático de la filiación y de los estados civiles afecta materias en las que los Estados conservan competencias nucleares: familia, adopción y protección de menores.
La homogeneización apresurada, propia de una visión globalista y progresista, corre el riesgo de desarticular la diversidad de tradiciones jurídicas y culturales que la Unión dice respetar. La subsidiariedad —tan cara a la Doctrina Social de la Iglesia como al Derecho europeo— no es un obstáculo, sino una garantía de libertad y de proximidad en la toma de decisiones que tocan la célula básica de la sociedad: la familia.
Tercera, la gestación subrogada. Aunque el documento no la promociona de modo frontal, su lógica de reconocimientos automáticos puede convertirse en vía de hecho para normalizar una práctica que instrumentaliza el cuerpo de la mujer y convierte al hijo en objeto de contrato.
La dignidad personal excluye la mercantilización de la vida humana. Antes que estandarizar efectos, haría falta un debate honesto sobre causas y límites.
Cuarta, la coherencia de la igualdad. La igualdad jurídica es un bien legítimo; pero vaciada de contenido antropológico se vuelve una abstracción que erosiona la realidad. El varón y la mujer no son construcciones intercambiables: su diferencia es fuente de reciprocidad y don. Por eso, una política que quiera proteger a personas vulnerables debe partir de la verdad de la naturaleza humana, acompañar con compasión y prudencia, y evitar atajos ideológicos que confunden identidad con voluntad declarativa.
Como católicos, afirmamos la dignidad incondicional de toda persona y rechazamos toda discriminación injusta. Precisamente por eso pedimos equilibrio: salvaguardas claras para menores, respeto real a las competencias estatales, evaluación de impacto basada en evidencia, y canales de financiación que no premien la ingeniería social, sino la atención integral.
Una Europa que aspire a la fraternidad debe proteger a los pequeños, honrar la libertad de las naciones y sostener a las familias, lugar primero donde se aprende la igualdad verdadera: la que nace del amor recibido y entregado.
