El anuncio por parte del Gobierno de la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años y la presentación de unas medidas para el refuerzo de la “gobernanza digital” —ay, las conquistas del eufemismo…— han abierto un intenso debate social. Otro más.
Lo cierto es que aún quedan no pocas cuestiones en el aire —técnicas, pero también morales— que comprometen seriamente la concreción legal del anuncio.
En lo técnico, grosso modo, o se implementan medidas de verificación de datos que, hoy por hoy, atentan contra la privacidad y seguridad de los usuarios o, de lo contrario, la propuesta viene a ser lo mismo que ponerle puertas al campo. Y ya, si atendemos a lo moral, se multiplican los interrogantes.
¿A quién le importa en realidad el uso de las redes sociales de nuestros adolescentes? ¿Qué interés tiene de repente el gobierno en proteger a los jóvenes solamente de las mismas? Porque la pornografía, la violencia o la polarización, las de fuera de las redes, las que están en internet, también son un peligro para ellos. De la misma manera que lo es la influencia de los medios de comunicación que ejercen como la voz de su amo… Es evidente que los peligros no se esconden únicamente tras las redes sociales. El “salvaje Oeste” y el “Estado fallido” parece, pues, que están dentro y fuera de las mismas, por lo que ese argumento no resulta muy convincente…
¿Qué se considerará red social en España? Ni siquiera en esto hay consenso: ¿entra WhatsApp en esta clasificación? ¿Y los chats de videojuegos o las plataformas de video? ¿Quién va a determinar qué o quién incita al odio o manipula y qué o quién no? ¿Dónde queda el derecho de los padres de educar con y en libertad? Por poner algunos ejemplos…
La intención del gobierno, dice, es acabar con la impunidad legal de los altos directivos de las grandes plataformas digitales. Pero ¿alguien cree que estas van a rediseñar efectivamente sus productos por las demandas del gobierno poniendo en riesgo sus intereses?
¿Cómo están de lejos —o de cerca— los que nos presentan la “solución” de los que nos han creado el problema?
Tengo para mí que nadie que aspire honestamente a lograr el bien común rechazaría una ley que regulara este asunto de manera cabal, solvente, factible y sostenible. Pero a la vista del historial que acumulamos y según pinta la cosa, no parece que vaya a ser el caso.
Así que, desengañémonos, los únicos interesados de hecho en la cuestión que nos ocupa son, en última instancia, los padres y educadores responsables y coherentes. Por ello, es importantísimo, imprescindible, que familia y escuela vayan a una, y se sostengan y colaboren entre sí por el bien de los jóvenes. Hemos visto en otros debates relacionados también con el uso de la tecnología cómo unos y otros acostumbramos a echar balones fuera: los docentes a las familias, las familias al colegio, unos y otros a las plataformas digitales, o al gobierno e instituciones varias por no colaborar o no hacer lo suficiente…
Y, unos por otros, la casa sin barrer. Y hay a quien le viene muy bien que la casa esté por barrer.
La educación en el uso de la tecnología es una parte más de la educación integral que tenemos el derecho y el deber inalienable de darle a nuestros jóvenes como padres o educadores a los que se les ha confiado la misma tarea de manera subordinada. La tecnología es una parte más de la realidad que nos rodea. Como adultos, sabemos que su uso puede reportarnos beneficios, pero también que comporta una serie de riesgos. Y es preciso mostrarles a ellos unos y otros para que potencien los primeros y hagan frente y no sean arrollados por los segundos.
Hay quien reclama inversión económica para la educación de los jóvenes y de las familias, si lo precisan, en el buen uso de las redes sociales por parte de distintas instituciones, principalmente a través de la escuela. Y no está mal la propuesta, pero me temo que es insuficiente.
Educar en el buen uso de las redes sociales, en este caso, no es solo enseñar a usarlas bien, de manera provechosa y sana. Es algo mucho más profundo y anterior. Más esencial. Para ello, es necesario haber ido forjando el carácter de nuestros adolescentes desde pequeños, de manera que los hayamos puesto en el camino del dominio de uno mismo, del ejercicio de la voluntad, de la responsabilidad, del sentido del deber, del esfuerzo y el sacrificio… para decidir y actuar habitualmente con criterio y fortaleza y no según el apetito que debilita.
Quizá a alguno le suene grande o exagerado todo esto y alegue que es tarea de toda una vida, que no se les puede pedir a los jóvenes. Pero precisamente por eso, porque somos conscientes de lo que nos sigue costando como adultos, más ejercitados y con más formación y criterio, por lo general, que los adolescentes, tenemos la obligación de darles lo que necesitan para hacer frente a la vida. Y si les damos esto, los estaremos educando para el uso de las redes sociales y para cualquier situación que se les presente. Porque no se es de una manera en las redes y de otra fuera de ellas. El contexto y la educación de los usuarios siguen teniendo el peso principal en su comportamiento dentro y fuera de las mismas. Y eso se transmite principalmente en casa y, por extensión, en la escuela.
Por supuesto que una ley justa, como decíamos, puede ayudarnos. Pero, seamos sinceros: ¿realmente creemos que porque una ley establezca algo vamos a tener nosotros menos problemas como padres o educadores en el día a día? ¿Es suficiente la prohibición para garantizar el cumplimiento?
Sabemos por experiencia —empezando por la propia— que la rebeldía es prácticamente inherente a la juventud. El “Di lo que sea, que me opongo” alienta con más frecuencia de la que nos gustaría las discusiones cotidianas. Se van a saltar la norma. Es así. Para cumplirla, han de querer y entender ellos la necesidad o bondad de lo que se les propone. Y, para eso, hace falta mucho tesón, mucha constancia y, sobre todo, mucha coherencia y paciencia por nuestra parte.
¿Qué suena utópico o irrealizable? He ahí la belleza del desafío que supone educar.
