Desde la fidelidad y el afecto demostrado a la Iglesia necesitamos comprender

Hay momentos en la vida de una comunidad en los que la lealtad no consiste en callar, sino en pedir razones.

No razones nacidas de la sospecha, sino de la confianza. No exigidas desde la impugnación, sino desde la pertenencia. Precisamente por eso, desde la fidelidad probada y el afecto demostrado a la Iglesia, muchos fieles necesitan comprender decisiones recientes de nuestros obispos que, sin una explicación pública suficiente, resultan difíciles de armonizar con la doctrina social católica, con el principio de subsidiariedad y con la autonomía propia de una institución espiritual frente al poder político.

En un breve espacio de tiempo se han producido dos decisiones de gran alcance.

Primera

La primera ha sido el acuerdo entre la Conferencia Episcopal Española, la CONFER, el Gobierno y el Defensor del Pueblo para articular una vía extraordinaria de reparación a víctimas de abusos sexuales en casos ya imposibles de judicializar por prescripción o fallecimiento del agresor. El mecanismo, hoy ya protocolizado, concede al Defensor del Pueblo la propuesta decisiva de reparación y, en caso de desacuerdo, hace prevalecer finalmente su criterio.

Que la reparación moral y material de las víctimas sea necesaria no admite discusión. La Iglesia ya había dado un paso propio con la creación del PRIVA en 2024, un plan que contemplaba escucha, reparación espiritual y psicológica, gestos simbólicos, indemnizaciones caso por caso y una comisión asesora interna. La propia Conferencia Episcopal sostuvo entonces que ese instrumento era suficiente.

La cuestión, por tanto, no es la reparación.

La cuestión es otra: ¿por qué una institución de la sociedad civil, dotada ya de un sistema propio, acepta que la última palabra sobre su responsabilidad moral sea atribuida a un órgano estatal cuya naturaleza constitucional no fue concebida para arbitrar conflictos internos de la sociedad civil, sino para supervisar el funcionamiento de la Administración pública?

Ahí reside el núcleo de la perplejidad.

El antecedente remoto de este proceso fue la investigación impulsada por el Defensor del Pueblo en 2023, limitada formalmente al ámbito eclesial. Esa delimitación singular, aun reconociendo la gravedad de los hechos, abrió desde el principio un interrogante jurídico y moral:

¿Por qué se circunscribía institucionalmente un delito atroz a una colectividad concreta cuando la realidad social de los abusos excede con mucho ese marco y se extiende a otros espacios educativos, deportivos, familiares y asistenciales? Cuándo además se sabía que su incidencia en víctimas y casos era inferior al 1%, es decir, se prescindía de más del 99%, y surgía de una iniciativa del PSOE y PNV en el Congreso manifiestamente discriminatoria y arbitraria en estrictos términos constitucionales.

En mi libro “La pederastia en la Iglesia y la sociedad. El gran chivo expiatorio” hay un cuidadoso y extenso análisis de todas las fuentes disponibles sobre aquel tipo de delito.

Más tarde, en la negociación del acuerdo, el principal punto de fricción fue precisamente quién debía tener la última palabra: la Iglesia a través del PRIVA o el Estado mediante el Defensor del Pueblo. Ese fue el verdadero punto de inflexión, porque ahí no se discutía una indemnización, sino algo más profundo: el principio de autoridad moral y de responsabilidad institucional.

La firma se desbloqueó cuando el Gobierno asumió, a petición de la Iglesia, el compromiso de abordar también la reparación integral de menores víctimas de abusos en cualquier otro ámbito de la vida pública.

Ese compromiso figura en el acuerdo del 8 de enero y es un punto capital, porque introduce una exigencia de justicia universal que evita el riesgo de singularizar a la Iglesia como si encarnara en exclusiva un mal que pertenece, en realidad, a toda la sociedad. Pero esta obligación ha sido hurtada por los protagonistas a los medios de comunicación y todo ha quedado circunscrito a la Iglesia.

Precisamente por eso ahora comienza otra obligación: exigir que ese compromiso no quede reducido a una fórmula retórica. Y este es un deber de todos.

Si el Estado prometió extender la reparación a todos los ámbitos, debe hacerlo. No por equilibrio político, sino por verdad moral.

Segunda

A esta perplejidad se suma el protocolo firmado semanas antes por los obispos de Cataluña con la Generalitat en materia de vivienda social, al que me referí hace unas pocas semanas, donde muchos perciben una inversión del principio de subsidiariedad: la Iglesia, en lugar de actuar por medio de sus propios agentes sociales y de su tradicional red asistencial, canaliza recursos y responsabilidades a través del gobierno autonómico. La iniciativa, además, partió del propio Ejecutivo catalán, hasta el punto de que el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, participó en una reunión formal de la Tarraconense para exponer la propuesta, en un hecho insólito, que sienta un precedente de galicanismo.

Nada de esto autoriza a juicios precipitados ni a imputar intenciones que no conocemos. Pero sí hace legítima una pregunta serena y de fondo:

¿Qué criterios eclesiales, pastorales y prudenciales justifican estas decisiones y por qué no se han explicado con claridad al conjunto de los fieles?

Cuando la forma de una decisión recuerda, aunque sea lejanamente, a una lógica de tutela política sobre la vida de la Iglesia, surge inevitablemente la inquietud de una cierta deriva galicana en las formas, aunque no en la intención.

Y precisamente porque muchos no creemos eso de nuestros obispos, es por lo que necesitamos que se expliquen.

No para alimentar una polémica, sino para preservar algo más importante: la confianza entre pastores y fieles, que nunca debería descansar en la mera obediencia, sino también en la inteligencia compartida de las razones.

La sinodalidad requiere de la escucha, pero para escuchar es necesario que alguien hable.