Antonio Maura y el maurismo: un intento reformista insuficiente

Se han cumplido cien años de la muerte de Antonio Maura, dirigente del Partido Conservador y presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII (1903-1904, 1907-1909, 1918, 1919 y 1921-1922).

Maura quiso reformar el sistema de la Restauración, formalmente liberal aunque desvirtuado por el vicio estructural del caciquismo, haciendo suyos los principios políticos de la Ilustración aunque moderados por una cosmovisión católica.

También quiso reformar los principios del liberalismo económico con un capitalismo popular, que mitigase injusticias y abusos desde la acción del Estado con las primeras instituciones de previsión.

Aunque sus intenciones fuesen honorables, Maura intentó sin éxito conciliar los principios políticos heredados de la Revolución Francesa con sus imperativos de conciencia y el magisterio básico de la Tradición española, en un maridaje imposible que acabó arrumbando lo permanente en favor de una legalidad arbitraria y convencional.

La figura de Maura

Antonio Maura y Montaner (Palma de Mallorca, 1853 – Torrelodones, 1925) fue un brillante jurista y elocuente orador parlamentario, diputado en Cortes por Palma entre 1881 y 1923.

Antes de comenzar su carrera política, no quiso gravar más la economía familiar, aunque deseaba seguir estudiando, y se puso a trabajar como pasante en el bufete del propio Germán Gamazo. Desde 1872 a 1881 actuó como abogado hasta en tres bufetes. Se casó con Constancia Gamazo, hermana de un importante político liberal vallisoletano, en 1878, a los veinticinco años. Las necesidades de su familia le obligaron a trabajar hasta dieciocho horas diarias en muchas ocasiones. Tuvo cinco hijos y cinco hijas. Diez años estuvo sin tomarse vacaciones algunas. Entre 1874 y 1881 se forjó un sólido prestigio como abogado competente y honrado. Fue miembro de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación (que dirigió en 1898 y 1916), de Ciencias Morales y Políticas, y de la Lengua[1].

Hasta 1902 perteneció al Partido Liberal, siendo ministro de Ultramar (1892-1894), ministro de Gracia y Justicia (1894-1895) y ministro de Gobernación (1902-1903). Sus reiteradas y crecientes discrepancias con Sagasta le empujaron a ingresar en el Partido Conservador (1902), arrastrando a muchos de sus partidarios, agrupados en una corriente de opinión conocida como maurismo. La catástrofe de 1898 fue el detonante de esta escisión.

Su gobierno será especialmente recordado por la Semana Trágica de Barcelona, una revuelta callejera encabezada por socialistas y anarquistas, que habían encontrado una excusa revolucionaria en la impopular convocatoria de reservistas para la Guerra de Marruecos. Para terminar de exacerbar los ánimos, la ley permitía a las clases sociales más favorecidas comprar su exención al servicio militar. La presión de las izquierdas contra Maura, dentro y fuera de España,  acabó con su llamado «Gobierno largo» (1907-1909).

Luchó sinceramente contra el caciquismo, aunque se había beneficiado del Pacto del Pardo[2] en su etapa en el Partido Liberal. Paradójicamente, sus primeras reformas de la administración local beneficiaron electoralmente a sus rivales políticos y a los partidos separatistas.

Influido por el regeneracionismo, hizo célebre la consigna de la «revolución desde arriba», reconociendo la necesidad de cambios profundos en la sociedad española pero también convencido de la exigencia del orden público. Sus gobiernos se distinguieron por una reforma tecnocrática de la administración pública (reformas de la función pública, del Consejo de Estado, y de la jurisdicción contencioso-administrativa), que mejoró en organización y eficiencia.

Moderadamente crítico con la dictadura[3] del general Primo de Rivera, muchos de sus seguidores sin embargo colaboraron activamente con el nuevo Régimen, en un contexto de general animadversión hacia el régimen político de la Restauración, lo que llevó incluso al PSOE y la UGT a participar institucionalmente en un gobierno militar.

Partidario de la subordinación de la política a la ética, se movió entre las contradicciones del liberalismo católico, al reconocer legitimidad a las mayorías parlamentarias para establecer criterios morales arbitrarios de gobierno. Crítico con el sufragio universal que concedía voto y poder a los analfabetos, defendió la monarquía parlamentaria frente a la monarquía constitucional, concediendo sin embargo algunos poderes ejecutivos al rey.

Como impulsor de la libertad de enseñanza desde una óptica liberal, el krausismo resultó beneficiado, una alternativa paganizante a la enseñanza que prodigaba la Iglesia. Aunque Maura nunca fue krausista ni simpatizó con el krausismo, recibió su influjo en una época marcada por el desmesurado optimismo antropológico de la Institución Libre de Enseñanza

La amplia corriente de opinión que surgió en la sociedad española a propósito de la figura de Maura, el maurismo, fue un movimiento que reivindicaba algunos valores tradicionales, pero que asumía los principios esenciales de la Ilustración, en un liberalismo moderado que viene a coincidir con el tercer grado de liberalismo condenado por el Papa León XIII en Libertas praestantissimum[4]. El maurismo consolidó en España la Democracia Cristiana, que tiene su antecedente en el pensamiento de Cánovas del Castillo, y su consecuente en la trayectoria del posibilismo de Ángel Herrera Oria.

Maura quiso reformar el sistema de la Restauración, formalmente liberal, haciendo suyos los principios del liberalismo político, aunque moderados por una cosmovisión católica y providencialista. Defensor del régimen de partidos políticos como eje de la representación popular, contribuyó al desarrollo de los derechos de reunión y asociación. Conocía los vicios del sistema político imperante y también sus limitaciones intrínsecas, pero nunca quiso derribarlo. Antes bien quiso conservarlo y consolidarlo con múltiples reformas, desde la representación corporativa parcial hasta una presencia constitucional de los valores tradicionales de España, pero sin alterar los principios voluntaristas del liberalismo.

También se propuso amortiguar los efectos de un liberalismo económico sin límites[5] con una política social audaz: instituciones de previsión, leyes de protección a la infancia, bajada de impuestos de bienes básicos, represión de la usura…, en un antecedente de la política social del Régimen del 18 de Julio.

Defensor también del proteccionismo económico, el superávit en las finanzas públicas, o el fortalecimiento de la capacidad militar de España, fue partidario de la intervención del Estado en la vida económica, siendo uno de los padres de la política social que surge a comienzos del siglo XX, más por iniciativa conservadora que liberal. En ningún caso Maura cuestionó la propiedad capitalista.

Un maurista como Calvo Sotelo fue discípulo de Severino Aznar, un firme partidario de la desarticulación progresiva del régimen de propiedad capitalista que atribuye la propiedad, la plusvalía y la gestión de los medios de producción al capital[6]. Calvo Sotelo heredó de Severino Aznar una sensibilidad social poco común en ambientes conservadores, pero muy lejos de las aspiraciones revolucionarias de su maestro.

Su patriotismo quiso ser sincero. Pactó con Cambó y su nacionalismo moderado con la intención de integrar a los regionalismos que no fuesen separatistas. Pero en sus postulados anidaba la contradicción, en la medida que su credo político concedía derechos políticos a los partidos amigos y enemigos de la unidad nacional.

Intentó salvar las últimas provincias españolas de ultramar con una descentralización administrativa que llegó tarde. Alcanzó algún éxito en política internacional reforzando la presencia española en el norte de África frente a la influencia francesa, y mejorando las relaciones con la Santa Sede. En política nacional, rechazó sin embargo la descentralización política que veía como una amenaza para la integridad de la nación ante el auge de los nacionalismos locales.

La figura de Antonio Maura fue la esperanza reformista de la Restauración para salvar aquel régimen político de sí mismo. Los beneficiarios del sistema impidieron el desarrollo de las reformas, que fueron en cualquier caso insuficientes y hasta contradictorias.

El maurismo rechazaba la corrupción del caciquismo, pero no supo o no quiso ver que toda democracia liberal está sometida al clientelismo político en la medida que el poder se obtiene de los electores por sufragio. Y para seducir la voluntad de los ciudadanos en competencia con otros partidos es necesario mucho dinero, los favores y el chantaje de los poderes financieros, el apoyo o al menos la neutralidad de los medios de comunicación social que pertenecen a grandes empresas[7], y que las leyes electorales no sean diseñadas para favorecer a los partidos políticos hegemónicos[8].

Maura representa un intento de modernización de un sistema político secularmente obsesionado con imitar patrones europeos, donde la economía capitalista abandonase su versión salvaje para convertirse en un capitalismo más civilizado, siendo precursor del moderno Estado del Bienestar.

Maura creyó ingenuamente que una mayor cultura y participación política popular supondrían mayores cotas de soberanía popular, aunque intuyó que los partidos políticos podrían convertirse en un problema, más que en una solución, a la representación política del pueblo. Pero nunca se planteó una representación política orgánica suplementaria de la representación individual y partidista.

Cien años después el bipartidismo está consolidado como si de otro Pacto del Pardo se tratase, el capitalismo descarnado de entonces no es mucho más amable con los inmigrantes ni con los españoles, el nacionalismo sigue como entonces amenazando la convivencia milenaria entre los españoles con argumentos voluntaristas, y la monarquía ha sobrevivido a todos sus pecados.

Los peores temores de san Juan Pablo II se han hecho realidad. Una democracia que no respeta la verdad del hombre en su dignidad de origen sobrenatural, «una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia»[9].

Ni el aumento medio de la cultura ni la mayor conciencia política del pueblo han podido modificar sustancialmente el curso de los tiempos. Peor aún, antes el explotado tenía conciencia de tal y la tragedia de España se vivía como propia.

En aquellos tiempos el cacique sabía que su proceder era inmoral, y que todas sus víctimas le podían mirar a los ojos sabiéndose poseedores de la razón. Hoy los caciques de la prensa, de las finanzas y de la política profesional no conocen otra moral que su voluntad omnímoda, bendecida por mayorías sumisas y acríticas, y deificada por el espíritu de la Ilustración en criterio moral arbitrario. Ya nadie les acusa, ni siquiera su conciencia laxa.

[1] Conde DE ARESTI, A la memoria de don Antonio Maura, Madrid: Editorial Espasa Calpe, 1925, p. 98 y 99.

[2] El Pacto de El Pardo (1885) fue un acuerdo más o menos tácito entre Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, dirigentes de los dos partidos hegemónicos en la Restauración, el Partido Liberal Conservador y el Partido Liberal-Fusionista. El objetivo era garantizar la estabilidad política en vísperas de la muerte del rey Alfonso XII.​ El pacto consistía en la alternancia de gobierno entre ambos partidos en un «turno pacífico».

[3] Se utiliza en este artículo la expresión dictadura con ánimo simplificador y práctico, sin afán de profundizar en la equivocidad de la expresión. Muchas presumibles dictaduras son auténticos Estados de Derecho donde la acción de gobierno está sometida al imperio de la ley y el poder político tiene límites jurídicos. Y muchas supuestas democracias tienen leyes superiores ambiguas y flexibles que permiten un poder omnímodo cuasi absolutista. Suele hablarse de dictadura cuando el gobierno es de una persona, partido o grupo que no ha sido elegido democráticamente. En este sentido, es necesario recordar que todos los regímenes políticos modernos han llegado al poder por medio de un golpe de Estado, desde la Revolución Francesa hasta la Revolución soviética, pasando por la Constitución española de 1812 y de 1931. Hasta la Ley para la Reforma Política, origen del régimen constitucional de 1978, ha sido vista por muchos juristas acreditados como un fraude de ley.

Todos los regímenes políticos tienen una dimensión coactiva que implica una dictadura contra los discrepantes que no han firmado ningún pacto social. En las democracias modernas quienes no pertenecen a ningún partido político y no participan en las elecciones, por la razón que sea, se ven sometidos a la dictadura de la mayoría electoral, que ni siquiera coincide con la mayoría de la población dada la abstención creciente. Y sufren esta dictadura que se hace eterna con estoica resignación y deportividad porque no tienen más remedio.

Tampoco sería justo identificar la democracia con el respeto a los derechos humanos, otra expresión equívoca y cambiante, sobre la que no hay en la actualidad un consenso mínimo, porque no se fundamenta en categorías permanentes de razón sino en criterios de voluntad.

[4] «Estos liberales afirman que, efectivamente, las leyes divinas deben regular la vida y la conducta de los particulares, pero no la vida y la conducta del Estado». «Es fácil de comprender el absurdo error de estas afirmaciones», «es absolutamente contrario a la naturaleza que pueda lícitamente el Estado despreocuparse de esas leyes divinas o establecer una legislación positiva que las contradiga», «los gobernantes tienen, respecto de la sociedad, la obligación estricta de procurarle por medio de una prudente acción legislativa no sólo la prosperidad y los bienes exteriores, sino también y principalmente los bienes del espíritu», «el poder político y el poder religioso, aunque tienen fines y medios específicamente distintos, deben, sin embargo, necesariamente, en el ejercicio de sus respectivas funciones, encontrarse algunas veces», «Acertadamente ha sido comparado este acuerdo a la unión del alma con el cuerpo, unión igualmente provechosa para ambos, y cuya desunión, por el contrario, es perniciosa particularmente para el cuerpo, que con ella pierde la vida» (LEÓN XIII, Libertas praestatissimum, n. 14, en José Luis GUTIÉRREZ GARCÍA, Doctrina Pontificia (II). Documentos Políticos, Madrid: BAC, 1958, p. 241-242).

[5] Los abusos inherentes a la economía liberal habían sido denunciados por León XIII en Rerum novarum (1891). Como son vicios estructurales, Pío XI había recomendado la sustitución del contrato de trabajo por el contrato de sociedad en Quadragessimo anno (1931).

[6] La superioridad ontológica del trabajo sobre el capital y las consecuencias prácticas en la vida económica que se derivan de esta enseñanza han sido explicadas por san Juan Pablo II en Laborem exercens (1981), una de sus grandes encíclicas olvidadas, que obliga a revisar urgentemente buena parte de las consideraciones ideológicas que circulan entre los fieles laicos y que se apartan de la enseñanza oficial de la Iglesia.

[7]  La Iglesia (…) no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que, por intereses particulares o por motivos ideológicos, usurpan el poder del Estado (JUAN PABLO II, Centesimus annus, n. 46).

[8] Es paradigmático el caso francés, donde el sistema electoral mayoritario y a doble vuelta no sólo favorece el bipartidismo sino que un partido con veleidades antisistema será siempre derrotado por la unión de todos los demás en su contra en segunda instancia. En los sistemas proporcionales, aunque hay una representación multipartidista, prevalece en la práctica sin embargo el bipartidismo. En cualquier caso, es insólito el caso de un partido político que pueda alcanzar el poder en una democracia liberal para realizar cambios esenciales en el régimen político vigente, que ya se ha convertido en un fin en sí mismo.

[9] JUAN PABLO II, Centesimus annus, n. 46.