El Gobierno socialista ha aprobado en Consejo de Ministros la supresión de la educación especial, a la que se acogen los alumnos con discapacidad.
Tal y como informa el portal Qveremos, de acuerdo a su propuesta, en el plazo de diez años los menores con necesidades educativas especiales deberán cursar sus estudios en los centros ordinarios, que supuestamente para entonces contarán con los medios necesarios para atenderles de forma “inclusiva” junto con el resto del alumnado.
La educación especial surge como necesidad de dar atención especializada a los niños con discapacidad, adaptándose a su ritmo de aprendizaje, potenciando su autonomía y protegiéndolos de ambientes potencialmente hostiles.
En total hay 35.000 alumnos en España en los más de 450 centros de educación especial (mayoritariamente centros concertados).
La propuesta socialista (a la que se suma Podemos) viene a acabar con un sistema que funciona y lo hace bajo premisas ideológicas perversas, aunque quieran revestirse del manto de la “inclusión”: restringe el derecho de los padres a la libre elección de centro y niega el principio del interés superior de los menores con discapacidad.
La labor de los centros educativos especiales hoy
La integración efectiva de las personas con discapacidad intelectual es uno de los principales objetivos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Los propios Estados firmantes de la Convención reconocen ya en el preámbulo de la misma la realidad de “la diversidad de las personas con discapacidad” (punto I); y exigen que se tenga como consideración primordial “la protección del interés superior del niño” en todas las actividades relacionadas con éste (artículo 7.2).
Y prosigue que el derecho de todas las personas con discapacidad a “acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás” debe hacerse efectivo “en función de las necesidades individuales” dentro del sistema general de educación, facilitando “medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión” (artículo 24).
Este marco de actuación debe complementarse con la autonomía pedagógica que se reconoce a los centros educativos de titularidad privada, lo que supone la libre elección por éstos en su proyecto educativo del modelo pedagógico que mejor se adecúe a los objetivos de formación, conforme a su propio ideario, siempre que no vulnere ningún derecho fundamental de los miembros de la comunidad educativa.
La elección de un modelo de educación especial o de un modelo de inclusión en el aula no supone la vulneración del derecho a la inclusión social que goza toda persona con discapacidad, si va acompañada de las medidas oportunas para hacer esta inclusión viable y real: la integración social puede lograrse por otras vías, no sólo en el aula.
En Change se ha habilitado una iniciativa para pedir al PSOE que recapacite.
